En seminario en la Cámara en el miércoles (26/11), el asesor jefe del Instituto de Tierras de Pará (Iterpa) el profesor de la Universidad Federal el mismo estado, Girolano Tracanni, sustentó que "analizar la cuestión de la reforma agraria en la Constitución significa analizar su espacio más retrógrado y conservador".

El debate sobre cuestiones agrarias ocurrió durante el seminario 20 años de la Constitución: desafíos para garantir la aplicación del derecho humano a la tierra y al territorio, propuesto por el diputado Adão Preto (PT-RS), presidente de la Comisión de Legislación Participativa.

Movilización
Tracanni recordó que, a pesar de los movimientos sociales haber conseguido el mayor número de firmas a una enmienda popular en la Constituyente, 1,2 millones, el dispositivo que preveía el límite a la propiedad territorial rural fue rechazado.

El especialista paranaense acentuó también que, a pesar de la Constitución asociar la pose de la tierra a la función social, los ruralismos consiguieron incluir en el texto la restricción de que "propiedades productivas" no pueden ser desapropiadas para reforma agraria. "La cuestión agraria, a pesar de toda le movimiento popular, fue a parar en agujero negro", sustenta.

Retroceso
Para el diputado Adão Preto, sin embargo, si la Carta fuese elaborada por el Parlamento actual, "saldría mucho peor". "En aquella época, la lucha campesina estaba en su auge. Hoy tenemos el disenso de los movimientos sociales y la bancada rural fortalecida. Estamos asustados con lo que percibimos de nuestros congresistas", resaltó.

La sub-procuradora general de la Unión Déborah Duprat resaltó que ese "retroceso" no ocurre apenas en el Parlamento, pero en toda la sociedad. Ella usó como ejemplo el Ministerio Público de Rio Grande do Sul, que recientemente impetró una acción para prohibir la existencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST). "El MP, que en el pos-88 tuvo actuación en pro de niños y adolescentes y en la violencia contra la mujer, ahora propone una acción de estas", afirma.

En la opinión de Duprat, la explicación para ese cambio social "es de generación". En su concepción, pasados 20 años de la promulgación de la Carta constitucional, "los conservadores tuvieron tiempo de reorganizarse, al percibir lo que las nuevas concepciones previstas en el texto significaban".

El profesor de Sociología de la Universidad de Brasilia y representante de la ONG Terra de Direitos, Sérgio Sauer, tiene una hipótesis parecida. Para el, "en la sociedad brasileña, marcada por profundas diferencias sociales y exclusión política, cuando ocurren avances legales, la reacción es violenta". El citó como ejemplo, la creación de la Unión Democrática Rural, en 88, y el aumento del número de asesinatos en el campo en 2003, tras la elección de Luís Inácio Lula da Silva.

Avances
Aunque con esas restricciones, los especialistas reconocen que la Constitución de 1988 trajo avances. El propio Tracanni resalta aspectos como la consolidación de la agricultura familiar y la creación de unidades de conservación y de uso sustentable como ejemplo. Ya Déborah Duprat resalta el cambio de concepto de tierra y de territorio inscriptos en el texto.

Según ella, a pesar de tratarse de una Constitución centrada en principio de dignidad humana y, por lo tanto, en el individuo, la nueva carta considera ese individuo en la relación con la colectividad. "Individuo, grupo y territorio son indisociables", agrega. Con eso, según ella cambia el papel del Estado en la concesión de tierras a poblaciones tradicionales para promoción de la reforma agraria.

Sérgio Sauer acrecentó que, con ese cambio conceptual, la lucha por la tierra dejó de ser apenas por la propiedad. "Cuando se habla de función social y de territorio, la lucha por la reforma agraria pasa a ser lucha por derecho, que se une a la identidad. Tratase de derecho al trabajo, a una dirección, a ser", afirmó.

País desconoce pose de más de la mitad de su territorio

Girolano Tracanni, resaltó, aún, ser imposible hacer política agraria si el Gobierno Federal desconoce la situación catastral de más de la mitad de las tierras del País. El recordó que, en 2003, el Diagnóstico Agrario Brasileño mostraba que el poder público desconocía los propietarios de 51% del territorio nacional, que no eran catastrados. El documento fue producido por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Registros superan el área existente
Tracanni también llamó la atención para otro aspecto de la situación agraria del País: según el, hay casos en que las tierras con registro en registro de títulos superan en más de 15 veces el área territorial del municipio.

Como ejemplo, citó el municipio de Moju, en el estado de Pará, cuya área es inferior a 1 millón de hectáreas, pero cuenta con 14,5 millones de hectáreas con registros de propiedad. En São Félix do Xingu, otro municipio de Pará, las áreas registradas en registro de títulos son tres veces y media mayores que el área municipal, conforme el especialista. "No somos aún como el (estado de) Mato Grosso, que tiene 16 pisos, pero estamos casi", ironizó. [em inglês, colocar os números na forma: 1,000,000 etc]

Cancelación administrativa de títulos
La mejor forma de solucionar esa situación, para Tracanni, sería la aprobación del Proyecto de Ley 5632/01, que permite la cancelación administrativa de títulos de pose. "La otra opción sería la presentación de millares de acciones, abarrotando las comarcas. ¿Cuantas décadas eso irá a durar?", cuestionó.

Reportaje - Maria Neves
Edición - Newton Araújo Jr./Rejane Xavier
Traducción: Positive