El plan nacional de residuos previsto en el Proyecto de Ley 203/91 será elaborado bajo la coordinación del Ministerio del Medio Ambiente, con vigencia indeterminada y horizonte de 20 años, con actualización a cada cuatro años. Entre los ítems que deben constar en él, están las metas de reciclado y aprovechamiento energético; metas de eliminación y recuperación de basurales; y normas y condiciones técnicas para el acceso a recursos de la Unión.

Ya los planes estatales tendrán características similares, y después de dos años de la nueva ley, serán requisitos obligatorios para que los gobernadores tengan acceso a financiaciones federales para la gestión de residuos.

Después de ese plazo, también tendrán prioridad aquellos que instituyan microrregiones para integrar la planificación y ejecución de acciones en municipios limítrofes.

Ciudades
Los planes más detallados serán los de los municipios, también obligatorios para el acceso a recursos federales después de dos años de vigencia de la nueva ley.

La preferencia será dada a los consorcios intermunicipales y el diagnóstico deberá incluir el origen, el volumen y las características del residuo. Deberán ser identificadas las áreas favorables para basurales y los indicadores de desempeño operacional y ambiental esperados de los servicios públicos de limpieza y manejo de residuos.

Registro
Las personas jurídicas que operan con residuos peligrosos serán obligadas a integrar un registro nacional del sector y a elaborar un plan de administración de esos materiales.

En el licenciamiento ambiental de emprendimientos o actividades que operen con residuos peligrosos, el órgano competente podrá exigir la contratación de seguro de responsabilidad civil por daños al medio ambiente o a la salud pública.

Incentivos y financiación
Un cambio del reemplazo aprobado en relación al texto del grupo de trabajo es la retirada de los incentivos fiscales para las empresas de reciclado de residuos sólidos y de servicios de vertederos. Uno de los incentivos era la reducción de hasta 50% del IPI en la compra de máquinas y equipos destinados al reciclaje.

Permanece, aún así, la previsión de que los gobiernos podrán crear líneas de financiación específicas para atender, prioritariamente, a las iniciativas de implantación de colecta selectiva y logística inversa; de descontaminación; de investigaciones sobre tecnología limpia, entre otras.

Los consorcios públicos de municipios, destinados a descentralizar la prestación de servicios públicos que involucren residuos sólidos tendrán prioridad en la obtención de incentivos del gobierno federal.

Reportaje – Eduardo Piovesan
Edición – João Pitella Junior
Traducción - Grupo Solucion-SP Language/Paulo de Holanda Morais