Panelistas se quejáran de que el servicio de banda ancha de Brasil es caro, de baja calidad y está concentrado en las regiones geográficas más ricas.

Entidades de defensa del consumidor defienden la universalización del servicio de internet banda ancha por medio de régimen público. El tema fue debatido, el miércoles (24), en audiencia pública de la Comisión de Defensa del Consumidor.

Idec, Pro Teste y Coletivo Intervozes de Comunicación Social evalúan que el servicio de banda ancha de Brasil se consolidó apenas por la lógica de mercado, volviéndose caro, de baja calidad y concentrándose en las capas de la población y en las regiones geográficas más ricas.

De acuerdo con el Comité Gestor del Internet, apenas 18% de los domicilios brasileños poseen acceso a internet de banda ancha, y casi la mitad de ellos está concentrada en las regiones Sur y Sudeste.

En el momento en el que el gobierno elabora el Programa Nacional de Banda Ancha, el representante del Intervozes, Jonas Valente, afirma que ese servicio debe ser público y ganar estatus de derecho fundamental de la población. "Necesitamos de un conjunto de acciones que no deje la banda ancha apenas en las manos del mercado. Necesitamos que el Estado tenga el papel regulador, garantizando que ella sea prestada en régimen público y, por tanto, somete a obligaciones de continuidad, de universalización, de velocidad y de calidad. Y consideramos fundamental que el Estado entre como el proveedor directo del servicio, sea vendiendo capacidad de tráfico, sea garantizando que se disponga de manera gratuita o a precios muy bajos".

Autor de la petición de audiencia pública, el diputado Ivan Valente (PSOL-SP) garantizó que la medida es de fácil implementación, pero depende de voluntad política. "Si el gobierno tiene voluntad política, consigue hacer eso recriando a Telebrás y usando el sistema de briznas ópticos, llegando a todos los brasileños, donde el mercado no tiene interés".

El presidente de la Asociación Brasileña de los Proveedores de Internet (Abranet), Eduardo Parajo, duda de la eficiencia de un régimen público para el servicio de banda ancha. "No sé si el régimen público resolverá el problema. En la telefonía fija, por ejemplo, no resolvió". Defendió incentivos para una mayor competencia en el sector. La Abranet engloba 1700 proveedores que actúan en Brasil.

Críticas a Anatel
Anatel también fue objetivo de muchas críticas durante la audiencia pública. De acuerdo con la fundadora de la Pró Teste, Flávia Guimarães, la agencia fallo en sus acciones reguladora y fiscalizadora del servicio de banda ancha. Flávia llegó a defender la creación de una CPI para investigar la actuación de Anatel. "Anatel impide que las redes sean utilizadas de una forma más democrática. Hoy, quien opere esas redes en régimen de exclusividad son las concesionarias: Telefónica, Oi, que hoy tiene Brasil Telecom, y Embratel. Y los otros operadores que podrían prestar servicios más baratos y los pequeños proveedores se quedan en la mano de las concesionarias porque Anatel no establece las reglas y porque el gobierno no incluye el servicio en el régimen público".

Crimen
El Instituto de Defensa del Consumidor ya movió una acción civil pública contra las empresas que, en la práctica, ofrecen velocidad de conexión a internet muy inferior a la establecida en publicidad o en el contrato de prestación de servicio.

El diputado Celso Russomanno (PP-SP) quiere ir además y presentará propuesta de fiscalización y control para que la Cámara apure las irregularidades del sector. Para Russomanno, ya existen elementos para punir los responsables por las empresas de banda ancha por propaganda engañosa y estelionato. "Si usted promete un algo en la publicidad y no cumple, la disposición penal es detención de tres meses a un año. Ya que las acciones civiles públicas no mueven las empresas de telecomunicaciones, tenemos que actuar ahora en la esfera criminal, o sea, indiciar los directores y presidentes de esas empresas por crimen contra el Código de Defensa del Consumidor y por estelionato".

El gerente de reglamentación de Anatel, Bruno Ramos, informó que la agencia ya encaminó un oficio a las empresas exigiendo el pleno cumplimiento de las cláusulas contractuales relativas a las velocidades de conexión e ya inició la fiscalización específica de ese ítem.

La Comisión de Defensa del Consumidor debe realizar otra audiencia pública, en los próximos días, para debatir el tema con representantes del gobierno y de las empresas de banda ancha.

Reportaje - José Carlos Oliveira/Radio Cámara
Edición - Patricia Roedel
Traducción - Grupo Solucion-SP Language/Paulo de Holanda Morais