La comisión especial que analiza la propuesta de reglamentación de la exploración mineral en reservas indígenas votará el sustitutivo del relator, diputado Eduardo Valverde (PT-RO), en el día 26 de mayo. El sustitutivo al Proyecto de Ley 1610/96, del Senado, determina, entre otros puntos, la realización de licitación para ese tipo de exploración. Hoy, la elección de la empresa explotadora es hecha directamente por el Poder Ejecutivo.
 

El presidente de la comisión especial, diputado Edio Lopes (PMDB-RR), evalúa que las licitaciones son “lo mayor ganado del informe de Valverde”. Según él, la medida permitirá que las comunidades indígenas negocien con las empresas exploradores mayores beneficios para la región.
 

Después de la aprobación por la comisión especial, el texto volverá al Senado, donde serán evaluados los cambios a la propuesta efectuados por la Cámara.
 

Consulta a las comunidades
El informe de Valverde determina también que la palabra final sobre la posibilidad de minería en tierras indígenas será de la comunidad afectada. La autorización para la exploración, sin embargo, se quedará a cargo del Congreso Nacional.
 

El diputado prevé polémica en cuanto al sistema de consulta a las comunidades. “Necesitamos aún definir el carácter de la consulta: si será deliberativo o consultivo, o sea, si el resultado de la consulta a los indios vinculará la decisión del Congreso sobre el tema o no. Estamos discutiendo para saber cuál es la salida más adecuada” afirmó Valverde.
 

Otros puntos del informe:
- realización simultánea de los laudos geológico, ambiental y socio-cultural, que pasará a llamarse de laudo antropológico, y adopción de normas más precisas para cada uno de los documentos;
- reducción del porcentual mínimo de remuneración de las comunidades indígenas del 4% para 3% de la facturación bruta de las explotadoras de minas;
- exclusión de la restricción de uno solo cultivo por tierra indígena;
- inclusión, en las publicaciones de licitación, del valor mínimo para pago por el uso de agua en actividades de minería en tierras indígenas;
- contratación obligatoria, por la explotadora de minas, de auditoría externa para auxiliar las comunidades indígenas en la fiscalización de la exploración mineral en sus tierras;
- permiso para las explotadoras de minas ofrecer proyectos sociales a las comunidades afectadas, como forma de compensación por eventuales perjuicios a las actividades indígenas tradicionales.
 

Reportaje - Karla Alessandra
Edición - Carolina Pompeu
Traducción - Grupo Solucion-SP Language/Paulo de Holanda Morais