Responsabilidad por contenidos ofensivos en internet genera polémica
Los participantes de la audiencia pública que debatió el martes (27) el anteproyecto de ley sobre el hito civil regulatorio de internet en Brasil discreparon a respeto de la retirada del aire de contenidos ofensivos a los derechos fundamentales. Propuesta por la diputada Luiza Erundina (PSB-SP), la audiencia fue realizada por la Comisión de Ciencia y Tecnología, Comunicación e Informática, con el objetivo de anticipar la discusión sobre el anteproyecto, que deberá ser enviado a la Cámara hasta junio. El texto se encuentra en fase de consulta pública en el Foro de Cultura Digital, coordinado por el Ministerio de la Justicia.
Derechos constitucionales
El secretario-substituto de asuntos legislativos del Ministerio de la Justicia, Felipe de Paula, afirmó que el objetivo del ministerio al proponer el hito regulatorio civil para internet es llevar para la red derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución, como la protección a la libertad de expresión y a la intimidad. La propuesta también deberá establecer las responsabilidades de los proveedores de internet y el papel del Estado en la reglamentación de la red.
Felipe de Paula considera "revolucionario" el modelo de construcción del hito civil de internet, debido a la intensa participación de la sociedad civil. La primera fase de la consulta pública, que tuvo inicio en octubre de 2009, recibió más de 800 colaboraciones. Desde el último día 8 de abril, está abierta la segunda fase de la consulta pública en el Foro de la Cultura Digital. En esa etapa, el texto del anteproyecto ya recibió más de 20 mil consultas y 500 comentarios.
Contenidos ofensivos
El secretario afirmó que el ministerio propone un mecanismo de retirada de contenidos ofensivos del aire, momento en que el proveedor es notificado por el eventual perjudicado y, enseguida, retira el contenido. De esa forma, según él, no habría envolvimiento del Poder Judiciario. "Caso el responsable por el texto no considere el texto retirado ofensivo, podrá recurrir a la Justicia", explicó. Además, según la propuesta, el proveedor podrá ser responsabilizado por daños consecuentes de contenido generado por terceros, desde que sea notificado por el perjudicado y no dicte providencias.
Ya el consejero del Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) y director-presidente del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (NIC.br), Demi Getschko, cree que el proveedor no deba retirar de inmediato el contenido acusado de inapropiado después de la notificación. "La función del proveedor es poner la persona que hizo disponible el contenido y quien acusa el contenido de inapropiado en contacto. Eso evita trámites jurídicos innecesarios", argumentó.
Google y la Asociación Brasileña de Internet (Abranet) creen que el proveedor apenas puede retirar contenido de su sitio por orden judicial. El presidente de la Abranet, Eduardo Parajo, cree que no es papel del proveedor monitorizar los contenidos publicados en la red. "Es una responsabilidad para los proveedores que no hace sentido, quedarse haciendo papel de juez. En nuestro entendimiento, tiene que efectivamente haber un orden judicial de una persona de fuera, que no sea de ese mercado, que analice fríamente, como es el papel de la Justicia hoy, y que diga 'realmente la persona publicó un contenido ofensivo que debe ser sacado del aire'”, destacó, añadiendo que los proveedores también no pueden interferir en la libertad de expresión de las personas.
Decisiones judiciales contradictorias
Según el maestro de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) Ronaldo Lemos, la falta de un hito regulatorio para internet en Brasil ha generado decisiones contradictorias del Poder Judiciario sobre la responsabilidad de proveedores por contenidos publicados por terceros. El maestro citó decisiones judiciales en que proveedores de internet y usuarios de blogs fueron responsabilizados por contenidos publicados en sus sitios por terceros. Mencionó también decisiones en las que el Google tuvo de contestar por contenidos puesto en comunidades del sitio de relaciones Orkut.
El director de políticas públicas y relaciones gubernamentales del Google Brasil, Ivo da Motta Corrêa, defiende que los proveedores no deben tener responsabilidad por contenidos generados por personas que no hacen parte de sus cuadros de empleados. "Es inviable que Google monitorice las cerca de 30 horas de vídeos puestos en el YouTube por minuto y las decenas de millares de fotos puestas por usuarios en el Orkut todos los días", argumentó.
Guarda de registros
El anteproyecto del Ministerio de la Justicia establece plazo de seis meses para la guarda de logs (registros de conexión, como fecha de inicio y fin de la conexión) por los proveedores de internet. El objetivo de la guarda de eses registros sería, principalmente, la eventual averiguación, en el caso de crímenes cometidos con uso del internet.
Para el procurador de la República en São Paulo Luiz Fernando Gaspar Costa, los proveedores deberían mantener los registros de conexión de los usuarios por un mínimo de un año. “El plazo es necesario en razón del tiempo que se lleva para el crimen llegar al conocimiento de las autoridades", afirmó.
Ya para el magistrado del Tribunal de Justicia de Minas Gerais Fernando Botelho, ese plazo no debe ser establecido por el hito. "No existe objetivo civil para la guarda de los logs, apenas objetivo de averiguación penal", argumentó. Para el magistrado, la materia debe ser disciplinada por el Proyecto de Ley 84/99, que caracteriza los crímenes cometidos con uso de la red.
El representante del Ministerio de la Justicia, Felipe de Paula, considera esencial que la reglamentación civil ocurra antes de ser establecido el hito penal para internet. "La discusión de la reglamentación de internet no puede comenzar por la puerta de la cadena, por la restricción a los derechos", afirmó. Según él, es preciso antes establecer los derechos de los usuarios. Para Felipe de Paula, ese hito debe garantizar seguridad jurídica y evitar decisiones contradictorias del Poder Judiciario.
Seminario
La diputada Luiza Erundina sugirió seminario para dar continuidad al debate sobre el hito regulatorio civil de internet, pero de esta vez articulado con debate sobre el proyecto de ley que caracteriza crímenes en la red.
La sugerencia fue apoyada por el diputado Julio Semeghini (PSDB-SP), relator del PL 84/99 en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Comunicación e Informática. Semeghini reconoció que la propuesta tiene puntos polémicos, y negocia opciones para sanar los problemas apuntados por la sociedad civil.
Reportaje - Lara Haje
Edición - Marcos Rossi
Traducción - Grupo Solucion-SP Language/Paulo de Holanda Morais