El Parlamento de Mercosur (Parlasur) estudia la creación de una comisión permanente para acompañar la situación de los emigrantes nacidos en países del bloque.

Casos recientes, como el asesinato de 72 personas en México, supuestamente migrantes ilegales rumbo a Estados Unidos, y el hallazgo de una red de exploración sexual de hombres en España, llamaron la atención de las autoridades para los problemas enfrentados por quien decida vivir y trabajar ilegalmente en otros países.

Miembros de la Representación Brasileña en el Parlasur creen que la gravedad de los hechos noticiados pueda estimular acciones en las esferas legislativa y diplomática. Entre las medidas que serán propuestas está la interlocución directa con otros parlamentos, como el de la Unión Europea y de países como EEUU, a fin de articular acuerdos para minimizar las consecuencias de la inmigración ilegal.

"Necesitamos pensar la cuestión de la emigración de manera más amplia, y eso significa envolver la ONU en la creación de reglamentación para los flujos migratorios", defiende el diputado Geraldo Thadeu, que hace parte de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur.

Según él, en EEUU existe una incoherencia entre el hecho de la ley de inmigración hacerse más rígida y la necesidad de mano de obra dispuesta a ejecutar trabajos a los cuales los norteamericanos no quieren someterse. "Esa demanda implícita por mano de obra barata abre espacio para la acción de los que agencian y atraviesan, que desarrollan un tipo de comercio a la cuesta del sueño de aquéllos que piensan en construir una vida en el exterior", afirma el diputado.

En informe presentado en 2006, la CPMI de la Emigración apunta el tráfico de personas como uno de los principales problemas consecuentes de la emigración ilegal, con casos envolviendo exploración sexual, trabajo forzado y tráfico de drogas, entre otros.

Punición para los que agencian
Actualmente, la legislación brasileña no prevé punición para los que agencian o coyotes. El Código Penal establece cuita de 1 a 3 años apenas para quien, mediante fraude, reclutar trabajadores a fin de llevarlos para el exterior. Esa realidad, de acuerdo con comisarios federales y procuradores de la República, dificulta las prisiones, ya que restringe la conducta criminosa a los casos en los que los que agencian actúen comprobadamente por medio de fraude, sea vendiendo falsas promesas o prometiendo seguridades.
"El que agencia se pone inmune porque qué él hace no es calificado como crimen. Vende un sueño y para eso toma casa, coche, propiedad, lo que acaba generando una deuda que lleva más de dos años para ser paga", relata Geraldo Thadeu, recordando casos ocurridos en ciudades como Poços de Caldas y Governador Valadares, ambas en Minas Gerais.

Con origen en la CPMI de la Emigración, el Proyecto de Ley 6916/06, del Senado, pretende cambiar esa situación, al clasificar como tráfico internacional de personas cualquiera acción que promueva la entrada ilegal de brasileños en otros países. La propuesta, que está lista para votación en la Cámara, cambia el Código Penal y define cuita de dos a seis años de reclusión y es la más severa entre las cuitas privativas de libertad. Se destina a crímenes dolosos (con intención). En la práctica, no existe hoy diferencia esencial entre reclusión y detención. La ley, sin embargo, usa ésos términos como índices o criterios para la determinación de los regímenes de cumplimiento de cuita. Si la condena es de reclusión, la cuita es cumplida en régimen cerrado, semi-abierto o abierto. En la detención, se cumple en régimen semi-abierto o abierto, salvo la hipótesis de transferencia excepcional para el régimen cerrado. Hay aún prisión simple, prevista para las contravenciones penales y puede ser cumplida en los regímenes semi-abierto o abierto, además de multa, para quien promover, intermediar, facilitar o financiar la entrada irregular de personas en territorio extranjero, con el objetivo de obtener dinero.

Favorable al cambio, el jefe de la División de Catastro y Registro de Extranjeros de la Policía Federal, comisario Eustáquio da Conceição, afirma que el principal problema de la inmigración ilegal es el hecho de ella estar asociada a la exploración y al tráfico de personas. "Normalmente los que agencian ofrecen vacantes de barman o de camarera, pero la primera cosa que hacen es recoger el pasaporte de los emigrantes y ponerlos para trabajar en actividades completamente diferentes de las inicialmente negociadas", explica el comisario, que defiende punición para cualquier forma de atracción visando a la entrada ilegal de brasileños en el exterior.

Conforme la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 2 millones de víctimas del tráfico internacional de personas son sometidas a trabajo forzado.

Traducción - Grupo Solucion-SP Language/Paulo de Holanda Morais