El abogado Antônio Luís Ferreira, especializado en el área de petróleo, dijo en la comisión especial que analiza el proyecto de ley que crea el sistema de régimen de producción compartida en el área del pré-sal que, si el texto es aprobado de la forma que está, será posible cuestionarlo en el Supremo Tribunal Federal, debido la preferencia proveída a Petrobras en esos contratos.

Por la reglamentación propuesta por el gobierno (PL 5938/09), la empresa puede ser contratada directamente por la Unión. Cuando esto no ocurrir, deberá participar de consorcios privados con por lo menos 30%.

"No es posible regresar a un tiempo en el que Petrobras era la única ejecutora del monopolio de la Unión", afirmó Ferreira. El abogado defendió el principio constitucional de la libre iniciativa. Según él, después de la aprobación de la enmienda constitucional que abrió la competición del sector al mercado privado, en 1995, no sería posible escoger una empresa para hacer la exploración de forma anticipada. O sea, sería necesaria una licitación.

Gobierno defiende
El subjefe para Asuntos Jurídicos de la Casa Civil, Beto Vasconcelos, afirmó, sin embargo, que la Constitución faculta a la Unión la definición sobre quien contratar: empresas estatales o públicas. Explicó que no hay obligatoriedad de competición porque el artículo 177 establece el monopolio de la Unión sobre el sector. "Es una opción política", afirmó.

De acuerdo con el procurador-general federal, Marcelo Freitas, el hecho de Petrobras ser una empresa de capital abierto, o sea, que tiene participación de socios minoritarios privados, no tiene relación con la cuestión de la falta de concurrencia. Freitas explicó que esa situación es así hace mucho tiempo, también cuando la empresa actuaba sola en el País. Según él, no hay problema legal porque el Banco de Brasil también actúa solo en la gerencia del fondo de garantía para exportaciones.

Para el diputado Beto Mansur (PP-SP), la apertura de mercado tanto en el sector de petróleo cuanto en el sector de telecomunicaciones fue benéfica al País y no debía ser alterada. Preocupado con la discusión jurídica del asunto en el porvenir, el diputado Miro Teixeira (PDT-RJ) afirmó que pretende disponer una enmienda constitucional para aclarar la cuestión, intentando evitar los cuestionamientos jurídicos.

Poder de veto
Ferreira también criticó el hecho de la nueva empresa pública que administrará los contratos de régimen de producción compartida, Petrosal, tener poder de veto sobre cualquier situación de la exploración. "No hay óbice legal, pero no se puede atribuir veto total respecto todo. Es necesario definir situaciones de veto", dijo.

Provincias y municipios
El diputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) quiso saber el entendimiento de los abogados sobre la distribución de los royalties para las provincias y municipios productores, asunto que no está siendo modificado en los cuatro proyectos del pré-sal, pero que deberá pasar por una definición futura.

Beto Vasconcelos afirmó que la Constitución asegura esta compensación a los productores, pero no veda la distribución de ventajas a los otros entes federativos. El abogado Antônio Luís Ferreira afirmó, sin embargo, que tiene dudas sobre la cuestión porque la Constitución asegura la participación en la exploración que acontece "en el territorio" de provincias y municipios.

Reportaje - Sílvia Mugnatto /Radio Cámara
Edición - Wilson Silveira
Traducción - Grupo Solucion-SP Language/Paulo de Holanda Morais