Defendida por los municipios, PEC de los Rogatorios es rechazada por la OAB y por la CNI

05/06/2009 05h20

Para OAB, esa PEC “termina por establecer la mayor estafa pública jamás visto en este País”

El vicepresidente del Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Wladimir Rossi Lourenzo, condenó el miércoles (3) la llamada PEC de los Rogatorios (PEC 351/09), ya aprobada en el Senado. El rogatorio es un derecho de crédito que una persona física o jurídica posee tras ganar una acción judicial contra un órgano público y que ya está en la fase de ejecución. La PEC prevé subastas entre los acreedores para bajar los débitos del Poder Público reconocidos en esas acciones judiciales.

La propuesta también cambia la orden de los pagos, que dejaría de ser cronológica y pasaría a ser escalonada en función de los valores. Cálculos de la OAB proyectan que, si prevalecer las reglas del proyecto, los acreedores tendrían que esperar, en algunos casos, más de 150 años para recibir.

"La PEC termina por establecer la mayor estafa pública jamás vista en este País porque, una vez aprobada, efectivamente muchas personas que están en la fila aguardando para recibir sus créditos reconocidos en decisión judicial probablemente nunca recibirán, y tal vez ni sus generaciones futuras recibirán", afirmó Lourenço, tras audiencia pública en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ) para discutir la propuesta.

Ofensa a la dignidad
Para el vicepresidente de la OAB es una ofensa a la dignidad del ciudadano someterlo a optar entre una "fila interminable" y una subasta, en que tendrá más oportunidad de recibir la mayor parte de que desistir.

Eso tras haber recorrido "años de calvario" a lo largo del proceso de conocimiento (en que se discute cual de las partes tiene razón) y obtenido una decisión favorable. "Efectivamente la decisión del Poder Judicial estará siendo violada", advirtió.

Lourenço afirmó que la Orden va a trabajar para cambiar la PEC en la Cámara, pero dice que la institución podrá recurrir a una acción directa de inconstitucionalidad contra la eventual enmienda si el texto actual es mantenido. "Si la PEC es aprobada, el asunto será llevado al Consejo Federal de la OAB, que decidirá que hacer", afirmó.

Posición de los jueces
El presidente de la Asociación de los Magistrados Brasileños, Mozart Valadares, manifestó la posición de los jueces en la audiencia. "No podemos aceptar que el acreedor sea el penalizado por esa enmienda constitucional", afirmó.

El diputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) considera que sería contra producente aprobar una PEC limitando el poder del Judiciario de cumplir sus decisiones. "Los mismos jueces que dieron la sentencia [que originó el rogatorio] van a volverse contra la enmienda", previó. Por eso, llamó los diputados a trabajar en la construcción de un consenso a partir de "un gran encuentro de cuentas" con acreedores y deudores.

CNI también critica
La Confederación Nacional de la Industria (CNI) engroso las críticas al proyecto. "Yo voy a evitar la palabra inmoral, pero digo que esa subasta viola el principio de moralidad administrativa", afirmó el abogado de la entidad, Cássio Borges. Él pidió buen juzgamiento de los diputados. "Los constituyentes no pueden concordar con esa subasta de los desesperados", dice.

Segundo él, la CNI recela que la PEC configure confisco contra los acreedores. "La CNI registra su total discordancia en relación a la propuesta. Ella peca por ser totalmente desproporcionado. Ella promueve el beneficio exclusivo del Poder Público, causando un perjuicio desproporcionado al acreedor", afirmó.

Municipalistas defienden
La asesora jurídica de la Confederación Nacional de los Municipios (CNM), Elena Garrido, admitió que las alcaidías están descumpliendo, pero no voluntariamente.

"La mayor verdad es que los erarios públicos no tienen recursos para cumplir con esas obligaciones", afirmó. Segundo ella, el presupuesto de los municipios es "extremamente enyesado" en razón de las vinculaciones constitucionales aprobadas en la Cámara.

Otro problema, segundo ella, es la regla que obliga el pago de los rogatorios en orden cronológica, que acaban generando problemas. "Hay municipios que no pagan rogatorio hace cinco, seis años porque la fila está trabada por un rogatorio mayor que su presupuesto", reveló.

Para el diputado Luiz Carlos Hauly, la entidad de representación de los municipios tiene razón en parte. "Nosotros amarramos las recetas en nivel de países escandinavos, pero gastos son típicos de países de tercero mundo", afirmó. De acuerdo con el diputado, los altos gastos con mantenimiento de las máquinas públicas son hoy una "armadilla" para el equilibrio fiscal de las alcaidías y estados.

Actualización de débitos
En la opinión de Paulo Maluf (PP-SP), el problema de los rogatorios es causado por la sistemática de actualización de los débitos. Para él, hay dos alternativas solamente. "O se consigue una solución, o se va postergando el problema para los sucesores", dice.

Para el secretario de Finanzas del municipio de São Paulo, Walter Aluisio Morais Rodrigues, la PEC “va a viabilizar el funcionamiento de los municipios”. Él destacó que el proyecto asegura el pago preferencial de los pequeños acreedores y de los más viejos. "Los secuestros [saques forzados de recursos en las cuentas de órganos que no atienden a la orden judicial para pago de los rogatorios] significan la discontinuidad de la prestación de los servicios públicos", agregó.

Posibilidades de cambios
El relator de la propuesta en la CCJ, diputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que sugirió la audiencia, señaló que el proyecto será alterado para pasar en la Cámara. "Los municipios tienen problemas, los estados también. No podemos cerrar los ojos a esta realidad. El texto, sin embargo, precisa de algunos reparos. Si no son hechos aquí (CCJ) serán hechos en la comisión especial. Tres quintos de los votos es quórum muy difícil de obtener si no llegamos a un consenso", afirmó.

El alcalde de São Paulo, Gilberto Kassab, uno de los principales defensores de la PEC, participó de la reunión. Comandando un municipio que debe R$ 11 mil millones en precatorios, no quedó desanimado con la resistencia de los diputados.

"Nuestra propuesta refleja lo que fue aprobado en el Senado. Yo entiendo que, por las manifestaciones aquí, va a haber un perfeccionamiento. Entonces, ella va a volver al Senado para que aquella Casa se posicione definitivamente", dice.

Reportaje - Edvaldo Fernandes
Edición - Newton Araújo
Traducción - Positive Idiomas Ltda