La Comisión de Trabajo, de Administración y Servicio Público aprobó el miércoles (3) el Proyecto de Ley 1741/07, del diputado Chico Alencar (Psol-RJ), que exige que las instituciones financieras avisen el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) sobre las operaciones sospechosas realizadas por las llamadas personas políticamente expuestas (Ppes).

La propuesta define las Ppes como los agentes públicos que desempeñan o hayan desempeñado cargos, empleos o funciones públicos relevantes los últimos cinco años, sea en Brasil o en el exterior. Los representantes de esos agentes, sus familiares y colaboradores próximos también estarán sujetos a ese control.

La proposición va más allá de la normalización establecida por la Resolución 16/07 del Coaf, al ampliar la lista de autoridades brasileñas a ser consideradas personas políticamente expuestas. La propuesta incluye los vicegobernadores, los diputados estaduales, los desembargadores de los tribunales de Justicia, los consejeros de tribunales y consejos de cuentas, los alcaldes, los vice-alcaldes y los concejales.

Actualmente, la resolución del Coaf incluye el presidente de la República, ministros de Estado, diputados federales, senadores, integrantes de la Justicia Federal, gobernadores, alcaldes y presidentes de cámaras municipales de las capitales estaduales, entre otros.

La relatora del proyecto, diputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS), recomendó su aprobación. "La edición de ley ampliando el rol de agentes políticamente expuestos contribuirá para cohibir operaciones financieras sospechosas practicadas por agentes públicos", afirmó.

Trámite
El proyecto tramita en carácter conclusivo y aún será analizado por las comisiones de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado; Finanzas y Tributación; de Constitución y Justicia y de Ciudadanía.

Reportaje - Noéli Nobre
Edición - Natalia Doederlein
Traducción - Positive Idiomas Ltda