La Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ) aprobó el miércoles (15) el Proyecto de Ley 2108/03, del diputado Walter Pinheiro (PT-BA), que prohíbe entidades o empresas brasileñas o ubicadas en territorio nacional de establecer contratos con empresas que exploren trabajo degradante en otros países. La propuesta ahora sigue para evaluación del Senado Federal.

Por el proyecto, son considerados degradantes la esclavitud, el trabajo forzado, el trabajo infantil y el trabajo en jornadas ilimitadas, así como todos los demás tipos mencionados en acuerdos, tratados o actos internacionales ratificados por Brasil.

Avance
Según el relator en la comisión, diputado Luiz Couto (PT-PB), Brasil no puede más pactar con empresas que se utilizan de ese tipo de mano de obra, aún cuando en otros países.

"Ese proyecto es una señal de que estamos avanzando. Tenemos mucha cosa a hacer aún, pero ya es un paso importante porque la Organización Internacional del Trabajo exige de Brasil una acción mayor para que acabemos de vez con el trabajo esclavo en nuestro País."

La fiscalización de las empresas va a quedarse a cargo del Ministerio Público, del Ministerio del Trabajo y de la sociedad civil, por medio de los movimientos de defensa de los derechos humanos.

La responsabilidad de evaluar la situación de la empresa con sede en el exterior, de acuerdo con el proyecto, es de las empresas nacionales. En el caso de incumplimiento de la ley, la entidad o empresa brasileña queda prohibida de firmar contratos con órganos públicos, de participar de licitaciones o beneficiarse de recursos públicos por un período de cinco años.

Reportaje - Karla Alessandra/Radio Cámara/SR
Traducción – Grupo Solucion/Paulo de Holanda Morais