Multiplicación de acciones laborales amenaza el funcionamiento de los órganos de gestión de mano de obra

Representantes del gobierno, de los trabajadores y empresarios admitieron el martes (2/12) la necesidad de perfeccionamiento de la legislación que regula los puertos en el País. Esa también fue la posición de la diputada Iriny Lopes (PT-ES) tras la audiencia pública en la Comisión de Trabajo, de Administración y Servicio Público para discutir la multiplicación de acciones laborales que amenazan el funcionamiento de los órganos de gestión de mano de obra de los trabajadores sueltos.

Lopes sugirió el debate tras la publicación de noticias de que las indemnizaciones en ejecución en la Justicia del Trabajo in viabilizarían el pago de los trabajadores en el puerto de Santos.

Origen de las distorsiones
La Ley de Modernización de los Puertos (Ley 8.630/93) transfirió la gestión de la mano de obra suelta de los sindicatos para un órgano administrado por los operadores de los puertos. Esa es, en la opinión del presidente de la Federación Nacional de los Conferenciantes y Conservadores de Carga y Descarga, Vigilantes Portuarios, Trabajadores de Bloques, Arregladores y Amarraderos de Navíos en las Actividades Portuarias (Fenccovib), Mário Teixeira, el origen de las distorsiones enfrentadas hoy por el sistema.

Segundo el, el Órgano Gestor de Mano de Obra (OGMO) es al mismo tiempo responsable por el catastro, fiscalización y pago de mano de obra. "Quien crea el OGMO son los empresarios que están sufriendo actuaciones en la Justicia del Trabajo justamente por descumplir cuestiones unidas a su actividad fin. El órgano debería observar las normas del contrato o convención colectiva, pero en la práctica contraría las convenciones y obedece las empresas", acusa Teixeira.

El defiende un cambio en la ley para garantir una composición tripartita en la gestión de la mano de obra, con la presencia paritaria de representantes del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores.

Asedio procesal
Para el presidente de la Federación Nacional de los Operadores Portuarios (Fenop), Mauro Salgado, el problema de los OGMOs no es decurrente de gestión y de incumplimiento de normas laborales. El acredita que el problema central, especialmente el enfrentado por el puerto de Santos, es que los OGMOs sufren asedio procesal por reclamaciones laborales, en general improcedentes.

De acuerdo con el, el pasivo potencial es de R$ 1,4 mil millones, reclamados por una minoría (cerca de 500 trabajadores) estimulados por media docena de escritorios de abogacía. "Los números muestran que efectivamente el problema de Santos es un problema puntual, una distorsión jurídica", defendió Salgado.

Los empresarios reconocen que las demandas en la Justicia del Trabajo transcurren de cuestiones de interpretación de aplicación de normas vigentes, que pueden ser perfeccionadas. Reconocen inclusive algún problema de gestión, mas defienden el modelo adoptado que, segundo ellos, es tripartita, si, con la presencia paritaria de representantes e los operadores de los puertos, de los empresarios que mueven las cargas y de los portuarios.

Comisión paritaria no funciona
Para el procurador regional del Trabajo y vice coordinador nacional del Trabajo Portuario y Acuaviario (Conatpa), Ronaldo Curado Fleury, la comisión paritaria no funciona. De acuerdo con el, la regla es que los trabajadores tuviesen participación, pero en la práctica los consejos de supervisión, que son paritarios, no funcionan. Para el representante del Ministerio Público del Trabajo, no es preciso cambiar la composición del OGMO, pero aplicar lo que establece la ley.

"Si la ley es buena o no, no nos compite decir. Lo que puedo afirmar es que el OGMO nunca efectivamente funcionó, por un motivo simple: es una entidad desprovista de voluntad propia, administrada por el operador y que sigue normas discutidas entre las partes", resaltó Fleury.

El criticó también la falta de una política de entrenamiento y acusó entidades de los empresarios y el gobierno de no aplicar las contribuciones recogidas para capacitación. El procurador atacó también los trabajadores sueltos por resistirse a ser contratados por tiempo indeterminado. Al ser registrados en las empresas, los trabajadores tendrían la protección de la legislación, destacó.

Fleury reconoció que la Justicia del Trabajo no hace nada contra el abuso en el derecho de acción por los empleados, pero prefiere esa situación que cualquier propuesta de cercear ese derecho.

Reportaje - Cid Queiroz
Edición - Marcos Rossi
 

Traducción: Positive