Diputados piden controles públicos y sociales más rígidos y espacio para la producción independiente

La Comisión de Ciencia y Tecnología, Comunicación e Informática aprobó el último día 17 el envío de sugestiones al Poder Ejecutivo para la renovación de las otorgas de emisoras de radio y TV. En la indicación enviada al Ministerio de Comunicaciones, la diputada Luiza Erundina (PSB-SP) sugirió la adicción de nuevas cláusulas al anexo del Decreto 88.066/83, que regula las concesiones.

Las nuevas cláusulas exigen:

- Mecanismos que establezcan controles más rígidos del cumplimiento de las limitaciones de propiedad y de obligaciones contractuales de las emisoras de radiodifusión;
- Cumplimiento de los dispositivos constitucionales referente a la Comunicación Social y de los preceptos de la clasificación indicativa;
- Control de propiedad cruzada;
- Establecimiento de cuotas mínimas de programación educativa, periodística, producida de forma independiente y/o producida regionalmente;
- Establecimiento de consejos de telespectadores y oyentes, que irán divulgar, periódicamente, análisis críticas sobre la programación de las emisoras de radio y de televisión; y
- Mantenimiento de regularidad fiscal durante todo el curso de la otorga.

Las nuevas reglas deben ser incluidas en los contratos de las emisoras cuyas otorgas están siendo renovadas.

Subcomisión
Según la diputada, todas las sugestiones están presentes en el informe final de la Subcomisión Especial de Otorgas y Concesiones de Radio difusión, presidida por ella propia. La comisión funcionó entre 2007 y 2008 y encerró sus trabajos hace pocas semanas, en diciembre.

El informe de la diputada Maria do Carmo Lara (PT-MG), aprobado la última reunión del colegiado, propuso una serie de alteraciones en la legislación del sector de comunicación, tornando más transparente el proceso de otorga para la abertura de nuevos canales de radio y TV.

Entre las sugestiones, están dos propuestas de enmienda a la Constitución que cambian las reglas de las concesiones de radio y TV. La primera prohíbe cualquier detentador de cargo electivo de poseer emisora de radio o TV, y la segunda permite la cancelación o casación de la otorga de las emisoras sin la necesidad de decisión judicial.