Ley deve diferenciar perseguido político de criminoso

El juzgamiento por el Supremo Tribunal Federal (STF) del pedido de extradición del italiano Cesare Battisti, todavía sin fecha definida, podrá provocar mudanzas en la Ley 9.474/97, que trata de la concesión de refugio político por el Brasil. Lo que está en juego en el juzgamiento del STF es si el Ministerio de Justicia tiene poder para definir si los supuestos crímenes practicados por Battisti son comunes o políticos.

Incluso antes del juzgamiento, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional de la Cámara, deputado Marcondes Gadelha (PSB-PB), anunció que va a proponer mudanzas en la legislación, para evitar que otras polémicas semejantes surjan en el futuro.

El último lunes (26), el Procurador General de la República, Antonio Fernando de Souza, recomendó al STF que archivase el pedido de extradición de Battisti.

Comité
La concesión de asilo político está prevista por la Constitución y reglamentada por la Ley 9.474/97, que implementa la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951. Por la ley, cabe al Ministerio de Justicia la decisión sobre pedidos de refugio, por medio del Comité Nacional para los Refugiados (Conare).

En el caso de Battisti, el ministro de Justicia, Tarso Genro, autorizó hace dos semanas el reconocimiento de la condición de refugiado político al italiano, incluso después de que el Conare diese parecer contrario. Ahora, el asunto está con el STF, que analiza desde mayo del año pasado el pedido de extradición encaminado por el gobierno italiano.

Si el Supremo tomase decisión contraria a la del ministro, la ley tendría que ser mudada, ya que ésta prevé que la decisión del ministro de Justicia no será pasible de recurso. La ley, por otro lado, excluye el beneficio para aquellos que hayan participado de actos terroristas o cometido crímenes hediondos (aquellos que se caracterizan por su crueldad al ser cometidos). Italia acusa a Battisti de participación en actos terroristas y en cuatro asesinatos entre 1977 y 1979. El Brasil tiene tratado bilateral de extradición con Italia desde 1989.

Laguna en la ley
Para el diputado Marcondes Gadelha, la situación difícil en torno del caso ocurre por causa de una laguna en la ley. "La decisión del ministro fatalmente daría margen a controversias, porque la ley no es explícita, no detalla quién hace justicia al status de refugiado o quién es considerado pura y simplemente como terrorista", argumenta. "La separación entre la paja y el trigo, el discernimiento preciso de quién es refugiado o perseguido político o simplemente criminoso es lo que pretendemos hacer de inmediato", añade Gadelha.

Para el consultor legislativo José de Ribamar Barreiro Soares, a pesar de que la Ley de los Refugiados no explicite la definición de actos terroristas, la ley sobre crímenes hediondos (8.072/90) puede ser un importante indicador. Son considerados hediondos, entre otros, el genocidio y el homicidio cualificado (como el cometido por emboscada y motivo fútil o en caso de secuestro seguido de asesinato).

Derecho de defensa
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías, diputado Pompeo de Mattos (PDT-SP), envió la semana pasada un oficio al presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestando apoyo a la decisión del ministro de Justicia de conceder refugio al italiano. Él concuerda con la evaluación de Tarso Genro de que Battisti no tuvo derecho de defensa en su juzgamiento.

"Juzgado y condenado por subversión y no por terrorismo u homicidio, Battisti sólo fue acusado de esos crímenes posteriormente, en un proceso con un único y nunca comprobado testimonio, obtenido por medio de delación premiada. Pasadas tres décadas del contexto bipolar de la Guerra Fría, en que Cesare Battisti fue sentenciado, el esfuerzo de políticos italianos conservadores para imponer al refugiado la prisión perpetua sólo puede ser interpretado como un anacrónico rancio ideológico", afirma Pompeo de Mattos, en la nota enviada a Lula.

Battisti está preso en Brasilia desde marzo del año pasado, por causa de un mandato de prisión preventiva para fines de extradición expedido por el Supremo. En caso de que el STF ratifique la decisión del gobierno, él será libertado y podrá vivir y trabajar en el Brasil.

Reportaje - Cid Queiroz
Edición - Pierre Triboli
Traducción - Positive Idiomas Ltda