La Cámara analiza la Medida Provisoria (MP) 454/09, que viabiliza la transferencia de tierras de propiedad de la Unión a Roraima y flexibiliza las restricciones a que está sujeto el estado en el uso de esas áreas.

La Ley 10.304/01 ya había autorizado la transferencia de propiedades, pero la transacción no pudo ser concluida porque faltaba el detalle de las áreas que permanecerían con la Unión. El ministro de Desarrollo Agrario, Guilherme Cassel, afirma que, con la edición de la MP, Roraima tendrá "mayor ordenamiento y control de la ocupación territorial y mayor capacidad de promoción de su propio progreso".

El diputado de Roraima Márcio Junqueira (DEM) afirma que la MP es un "comienzo del avance", pero no atiende totalmente al estado. Él evalúa que por lo menos tres puntos necesitan ser revistos: la abertura para creación de unidades de conservación en labrados; la abertura para creación de nuevas reservas ambientales en el estado; y el exceso del enfoque ambiental en las condiciones establecidas para la transferencia de las áreas.

Para Junqueira, el texto de la MP revela que el gobierno federal desconoce Roraima. El parlamentar considera que la legislación debería discriminar los diversos biomas que componen las áreas del estado, con menos rigor para concesión de licencias ambientales donde no haya cobertura de mata cerrada.

"Soy totalmente contra la derribada de un árbol siquiera, pero soy terminantemente contra el empobrecimiento de la población, que precisa tener libertad para labrar sus tierras y producir sus alimentos", afirmó.

Compensación tardía
La MP 454, en la visión de la diputada Maria Helena (PSB), viene para "compensar las pérdidas que el estado tuvo con el exceso de demarcación de áreas indígenas".

Maria Helena, que también es de Roraima, considera, sin embargo, que la MP es insuficiente para neutralizar los perjuicios experimentados por el ex-territorio. Segundo ella, esa providencia debería haber sido adoptada ya en la creación del estado, en 1990.

La diputada dice que la indefinición de la titularidad de las tierras impidió la legalización de los inmuebles y, por consecuencia, la aprobación de financiamientos para los productores locales.

Para Márcio Junqueira, sin embargo, aunque solucionando los problemas de titularidad de las tierras, las trabas al desenvolvimiento económico van a persistir, en razón de la ortodoxia de la legislación ambiental.

Tierras indígenas
La ocupación de las tierras en Roraima ha sido motivo de polémica. El estado juzgó acciones en el Supremo Tribunal Federal (STF) contra la demarcación de la reserva Raposa Serra do Sol en su territorio, entre otros, con el argumento de que casi la mitad de su territorio se encuentra en poder de los indios.

El STF está juzgando la constitucionalidad de la reserva Raposa Serra do Sol, demarcado en 1.743.089 hectáreas continuas del territorio de Roraima. Hasta ahora, 8 de los 11 ministros votaron a favor de la reserva, pero la decisión final aún no tiene fecha marcada. La MP mantiene la prohibición de la Unión transferir áreas indígenas para el estado de Roraima.

La medida provisoria prevé, mientras tanto, que el uso de las tierras transferidas de la Unión para Roraima sea preferencial para abrigar asentamientos y proyectos de conservación ambiental, de desenvolvimiento sustentable, de colonización y de regularización agraria. En la redacción original de la Ley 10.304/01, ese uso era obligatorio.

Reportaje - Edvaldo Fernandes
Edición - Pierre Triboli
Traducción – Positive Idiomas Ltda