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El presidente de la Frente Parlamentar Ambientalista, diputado Sarney Filho (PV-MA), y el secretario de Extractivismo y Desenvolvimiento Rural Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente, Egon Krakhecke, defendieron el jueves (02), en audiencia pública de la Comisión de Medio Ambiente y Desenvolvimiento Sustentable, la necesidad de zoneamiento (división en zonas) ecológico económico (ZEE) de la región, como precondición para la regularización agraria en Amazonas. El secretario afirmó inclusive que hay posibilidad de conclusión del zoneamiento aún en este año, y que la regularización debería ocurrir paralelamente.

Demanda urgente
El diputado Asdrubal Bentes (PMDB-PA), relator de la Medida Provisoria (MP) 458/09, que trata de la regularización de las tierras en Amazonas, dice que hay una demanda urgente por la regularización, y que no hay como acondicionarla al zoneamiento. La MP autoriza la transferencia, sin licitación, de terrenos de la Unión con hasta 1,5 mil hectáreas, en el Amazona Legal, a quien este en su pose desde antes de diciembre de 2004.

Ablandamiento de las condiciones
Krachecke criticó varios cambios hechos por el relator que tendrían tornado la MP menos restrictiva, como la que permite la venta de terrenos regularizados sin plazo de carencia. Él también condenó el hecho de que el informe exime algunos ocupantes del cumplimiento de la legislación actual sobre recomposición de florestas. "Esa materia ya está bien contemplada en el propio Código Forestal cuando abre la posibilidad de la reducción de 80% hasta 50% de recomposición de la reserva legal en áreas de uso consolidado conforme el zoneamiento ecológico económico disponer", resaltó.

Hipocresía
Asdrubal Bentes afirmó que seria hipocresía prohibir la venta de los terrenos porque eso acontecería de cualquier forma por medio de contratos escondidos. En su evaluación, en vez de prohibir, es posible exigir que el comprador tenga el mismo perfil del vendedor. Para él, el Estado perderá el control sobre los poseedores de títulos si vedar la venta.

Sin embargo, el diputado señaló la posibilidad de rever la fecha de corte para los terrenos que pueden ser regularizados la MP hablaba en diciembre de 2004, y el informe, en febrero de este año, lo que, segundo Krakhecke, es un estímulo a la ocupación ilegal. Bentes dice que se va a reunir con el gobierno para tratar de eso. "Son puntos de vista divergentes y nosotros estamos discutiendo para convergir. Vamos a debatir ahora en reunión de trabajo y ver hasta que punto podemos atender las reivindicaciones", declaró.

El diputado también dice que no hay motivo para dejar los poseeros (aquel que ocupa tierras desocupadas o abandonadas) que son servidores públicos de fuera de la regularización. De acuerdo con él, muchas veces el celador de la escuela tiene una "campo" para complementar su renta y no puede quedar afuera del programa. Bentes pretende restringir apenas la participación de servidores que están envueltos en el proceso, como los funcionarios del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Personas jurídicas
El representante del Ministerio de Medio Ambiente también criticó el hecho de que el relator haber eliminado otras restricciones para la regularización de tierras, como el impedimento para personas jurídicas (empresas, ONGs y asociaciones, por ejemplo).

También según Krakhecke, es un error permitir que una persona que ya tenga tierras en la región reciba títulos de otras que haya ocupado irregularmente. Para él, el relator debería, por lo menos, fijar el límite de 1.500 hectáreas en la suma de los terrenos.

Reportaje - Sílvia Mugnatto/Radio Cámara
Edición - Marcos Rossi/Rejane Xavier
Traducción - Positive Idiomas Ltda