La reunión del miércoles (12) de la comisión especial de reforma tributaria (PECs 233/08, 31/07 y otras) fue marcada por la entrega de un pedido de aplazamiento de las discusiones por parte de secretarios de Hacienda de 15 estados y del Distrito Federal. Aunque hayan reafirmado la necesidad de un cambio en el sistema tributario, los secretarios tienen dudas en cuanto a diversos puntos de la propuesta actual.

Entre otros puntos, ellos cuestionan la necesidad de un texto tan largo, con 370 ítems, y que constitucionalizar reglas hoy establecidas en leyes comunes. Hay también la previsión de la necesidad de muchas leyes complementares para regular la materia. Para el relator, diputado Sandro Mabel (PR-GO), la constitucionalización de reglas tiene el objetivo de garantir que el texto sea cumplido.

Al entregar el documento de los secretarios, el líder del PSDB, diputado José Aníbal (SP), resaltó que sin el apoyo de los estados difícilmente la reforma será aprobada. Según el, 21 estados apoyan el aplazamiento, pero representantes de apenas 16 estaban en Brasilia para firmar el documento.

Firmaron el documento pidiendo el aplazamiento secretarios de São Paulo, Santa Catarina, Roraima, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Paraná, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, Distrito Federal, Amapá, Alagoas, Tocantins y Sergipe.

Votación
El relator, diputado Sandro Mabel, se dispuso a conversar con los secretarios estaduales de Hacienda para intentar un acuerdo en torno de la propuesta. El afirmó que tentará esclarecer las dudas de los secretarios y se dice dispuesto a cambiar ítems del informe que puedan perjudicar un estado, pero resaltó que la reforma precisa ser votada.

El presidente de la comisión, diputado Antonio Palocci (PT-SP), garantió que los secretarios serán oídos. Palocci reafirmó, que pretende votar la propuesta la próxima semana. El dice que la discusión de la reforma será encerrada el martes (18) y espera que el informe esté pronto para la votación hasta el miércoles.

EL plazo de discusión hasta el martes, dado por Palocci, es el plazo que el relator tiene para hacer esos cambios.

Debate
El jueves (13), en reunión con la comisión, los secretarios estaduales de Hacienda de cuatro estados (São Paulo, Piauí, Espírito Santo y Mato Grosso do Sul) debatieron sus reivindicaciones. Una de las principales reclamaciones es que el nuevo Impuesto sobre Valor Agregado (IVA-F) puede aumentar la base de cobranza de las contribuciones que el visa sustituir (PIS y Cofins).

Los secretarios temen que la redacción actual de la reforma tributaria posibilite el cobro de IVA sobre bienes y servicios que hoy pertenecen a la base de cálculo del ICMS y del ISS, impuesto estadual y municipal.

Mabel argumentó que el IVA no deberá exorbitar su base porque habrá una traba de recaudación. Por el texto, ese impuesto no podrá recaudar más que lo cobrado por las contribuciones que el substituye. "Lo natural es que el diminuya a la medida en que recauda una base mayor, con más contribuyentes entrando para la legalidad", dice.
 

Guerra fiscal
El secretario de Hacienda de São Paulo, Mauro Ricardo Machado Costa, se mostró preocupado con la validad dada por la reforma a la guerra fiscal entre estados. La propuesta en discusión establece que, para cancelar un incentivo de esa naturaleza, será preciso aprobación por la mayoría de los integrantes del Consejo de Administración de Hacienda (Confaz), con voto de representantes de todas las regiones del País.

Para Costa, será fácil que estados de una región cierren protección a los incentivos unos de los otros. "Todas las irregularidades hechas en el pasado serán válidas y van a continuar haciendo eso", concluyó.

Mabel discordó del secretario y afirmó que la propuesta va a acabar con la guerra fiscal. Según el diputado, la reforma va a castigar el estado o municipio que insista en la guerra fiscal. Esos estados van a perder transferencias de la Unión, también las actuales, además de los fondos que están siendo creados.

Sandro Mabel dice que la reforma no valida los incentivos, pero precisa dar garantía a la inversión hecha por las empresas. "Si el estado firmó el beneficio, el puede ser ilegal, pero la empresa se instaló allá e hizo inversiones, confió, y no puede quedar en esa inseguridad", dice.

Reportaje - Marcello Larcher
Edición - João Pitella Junior/ Pierre Triboli/ Rejane Xavier