La Comisión de Ciencia y Tecnología, Comunicación e Informática rechazó el Proyecto de Ley 2396/07, del diputado Ivan Valente (Psol-SP), que pretendía asegurar a todo ciudadano acceso gratuito a las pesquisas y estudios realizados o costeados por órganos de la administración pública directa e indirecta. Eso incluiría resultados, análisis, interpretaciones y conclusiones de las referidas pesquisas. Incluso los datos brutos de las pesquisas - o sea, todas las informaciones personales o empresariales cedidas a los pesquisidores – estarían franqueados al público en general.

El amplio acceso propuesto por el proyecto afectaría, por ejemplo, los levantamientos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y las pesquisas sobre innovación, productividad y calidad industrial regularmente realizadas por el Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas (IPEA), por la Fundación Getúlio Vargas (FGV) o por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Algunas de las principales pesquisas realizadas por esos institutos colectan datos privados, que personas y empresas fornecen en confianza, mediante la garantía de sigilo de las informaciones.

Perdida de calidad

Brasil es internacionalmente reconocido como un país con indicadores económicos y sociales de alta calidad, que revelan de modo claro los efectos de las decisiones económicas y de las políticas sociales del gobierno. Uno de los elementos cruciales para que esa calidad sea alcanzada es la garantía de protección a los datos personales, pues asegura la confianza del público en el uso adecuado de las informaciones.

Justificando su parecer por el rechazo, el relator, diputado Bilac Pinto (PR-MG) considera que habría "pérdida de calidad en la colecta de indicadores cruciales para nuestras políticas públicas", caso todos los datos fuesen hacerse públicos. El sustenta que "franquear el uso de los datos brutos a terceros iría, probablemente, a resultar en efecto opuesto al pretendido por el noble autor, pues esto llevaría personas y empresas a negarse a fornecer cualquier información relevante, o a falsearlas".

Quiebra de confianza

Liberar el acceso a datos personales significaría exponer las personas no apenas a pesquisidores, como también a una variedad de interesados que podrían incluir desde empresas de marketing directo hasta cuadrillas de estafadores.

Problema de naturaleza similar envuelve los datos de empresas: informaciones de recetas, costos y dominio de tecnología darían a las concurrentes fuertes pistas de la situación financiera y de las estrategias de negocio de las pesquisadas. En el ambiente competitivo en que operan las empresas, la divulgación de esos datos sería extremamente perjudicial.

Más transparencia

Para el autor de la propuesta, Ivan Valente, el acceso público a las pesquisas serviría para incrementar los estudios académicos y dar mayor transparencia a las decisiones basadas en datos levantados por el poder público. "Si el levantamiento es costeado con recursos públicos, nada más natural que franquear el acceso", argumenta Valente. Por el proyecto, sólo habría prohibición al amplio acceso en caso de interés público, debidamente fundamentado por la autoridad responsable.

Según el relator, sin embargo, entidades que realizan pesquisas mantienen rígido control sobre su uso, para garantir el sigilo de esas informaciones. Esto no significa impedimento de otros pesquisidores tener acceso a los datos. Significa, también, que ellos usarán las informaciones mediante convenio, en general dentro de las instalaciones del instituto y bajo supervisión, pudiendo retirar de allí apenas los resultados finales y consolidados que tengan alcanzado.

El rechazo fue en carácter terminativo por la única comisión encargada de examinar el mérito del proyecto, que, así, deberá ser archivado.

Reportaje - Luiz Claudio Pinheiro
Edición - Newton Araújo Jr./Rejane Xavier