La decisión envolvería cuestiones ambientales y, sobre todo, la seguridad jurídica de las licitaciones

Las explicaciones de técnicos del gobierno sobre el cambio de local de construcción de la represa de la hidroeléctrica de Jirau, en el Río Madeira, en Rondônia, no convencieron a todos los parlamentares que participaron, el miércoles (10), de audiencia pública sobre el tema promovida por la Comisión de Fiscalización Financiera y Control.
Tras vencer la subasta para construir la usina, el consorcio liderado por el grupo Suez (multinacional del sector de energía) resolvió construir la represa 9,2 quilómetros abajo del local previsto en el proyecto, para economizar en los costos de excavación. El consorcio afirma que se trata apenas de un cambio de eje, y que todos los requisitos contractuales y de impacto continúan siendo atendidos.

Representantes de la Agencia Nacional de Aguas (ANA), del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama) y de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) afirmaron que la nueva localización de la represa no muda las exigencias hechas para el consorcio.

Segundo ellos, la construcción deberá obedecer las reglas determinadas en el documento de licitación, como la posibilidad de navegación por el río Madeira y el mantenimiento de las tarifas de energía a ser generada. El representante de la Aneel, Humberto Cunha, resaltó en el documento de licitación que el potencial hidráulico de un río, no un local exacto para construcción de la usina.

Sin impedimentos
En la evaluación del diputado Moreira Mendes (PPS-RO), no hay impedimento legal para cambio de lugar de la usina, pero las empresas que perdieron la licitación no se conforman. Segundo el, la disputa económica entre los consorcios que fueron candidatos a realizar la obra perjudica el País y Rondônia, que precisan de la energía a ser generada.

"Soy de Amazonia, de Rondônia. Conozco aquel río como la palma de mi mano y puedo afirmar que no hay diferencia entre construir la represa donde fue sugerido - y no impuesto – por la Aneel en el documento de licitación y donde la están construyendo. Además, el local que están proponiendo es mucho más económico y viable del punto de vista ambiental", declaró.

Seguridad jurídica
El autor de la propuesta de Fiscalización y Control sobre la usina de Jirau (PFC-47/08), diputado Bruno Araújo (PSDB-PE), afirmó que es preciso discutir los principios de la legalidad y de la seguridad jurídica, pues el cambio fue autorizado después del fin del proceso de concesión.

Bruno Araújo manifestó una preocupación ambiental. "Con ese desplazamiento de nueve quilómetros, tenemos una repercusión que nunca fue estudiada. Existen informaciones de que habrá un aumento enorme del lago represado, con una invasión mucho mayor de aguas en la floresta amazónica. Por eso, tenemos que discutir la cuestión ambiental y, sobre todo, la seguridad jurídica de las licitaciones en este País", alertó.

El presidente de Ibama, Roberto Messias Franco, informó que, segundo los estudios realizados por el órgano, el impacto de los diferentes proyectos para la usina es equivalente, o sea, no tiene diferencia el local de su construcción.

El diputado Carlos Willian (PTC-MG) dice que no se convenció con las explicaciones de los representantes de Ibama y de las agencias reguladoras. Segundo el, la notificación define claramente el local de la usina, objeto de la licitación.

Reportaje - Cristiane Bernardes
Edición - Renata Tôrres
Traducción - Positive Idiomas Ltda