Pompeo de Mattos: preocupación con la preservación del anonimato, de la integridad y de la intimidad de las personas investigadas

Entidades favorables a la despenalización del aborto entregaron el martes (16) al secretario especial de Derechos Humanos, ministro Paulo Vanucchi, un informe que apunta violaciones sufridas por 10 mil mujeres investigadas por la práctica de aborto en el estado de Mato Grosso do Sul.

La entrega del documento aconteció en Brasilia, durante la 11ª Conferencia Nacional de Derechos Humanos. Las representantes de las ONGs Ipas Brasil, Centro Femenino de Estudios y Asesoría (Cfemea) y Católicas por el Derecho de Decidir criticaron el proceso judicial contra las mujeres acusadas de haber practicado abortos en una clínica clandestina de la ciudad de Campo Grande.

De acuerdo con el informe, el proceso tendría violado los derechos a la privacidad, a la salud, a la libertad y al debido proceso legal, previstos en la Constitución.

Anonimato
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías, diputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), concordó con el tenor del documento. "Estuve en Campo Grande y quedé preocupado con la preservación de la integridad, de la intimidad de las personas supuestamente envueltas. El anonimato de las mujeres debe ser preservado; ellas no pueden tener sus nombres largados al viento y ser execradas, absolutamente sin ninguna prueba, por causa de una acusación unilateral", resaltó.

Segundo él, la sospecha de práctica de 10 mil abortos en una sola clínica muestra que la cuestión no es judicial o policial, y sí política y de salud pública.

Irregularidades en el proceso
Beatriz Galli, del Ipas Brasil – entidad que trabaja por la reducción de la mortalidad materna decurrente del aborto inseguro, afirmó que el documento entregue al ministro denuncia las irregularidades del proceso judicial: "El objetivo es sensibilizar las autoridades para que tomen medidas urgentes e inmediatas para sanar esas violaciones, inclusive extinguiendo los procesos criminales y paralizando las investigaciones."

De acuerdo con ella, alrededor de 1,5 mil a 2 mil personas podrán ser sentenciadas si el proceso continuar. Ella afirma que las pruebas fueron obtenidas de forma ilegal, por medio de la aprensión de prontuarios que pertenecían a las mujeres.

Reportaje - Paulo Roberto Miranda/Rádio Câmara
Edición - João Pitella Junior
Traducción – Positive Idiomas Ltda