Integrantes de la bancada femenina de la Cámara y de movimientos sociales pidieron, el jueves (11), que no sea instalada la comisión parlamentar de investigación sobre el aborto clandestino en Brasil, autorizada por el presidente Arlindo Chinaglia el martes (9).

El pedido de abertura de la CPI, que contó con 210 firmas – 39 más que el mínimo necesario – fue encabezado por los diputados Luiz Bassuma (PT-BA), Miguel Martini (PHS-MG) y Pastor Manoel Ferreira (PTB-RJ).

Conforme requerimiento presentado a la Mesa, la CPI deberá investigar el comercio clandestino de substancias abortivas y práctica del aborto. En el requerimiento, Bassuma afirma que el comercio clandestino de substancias abortivas constituye violación del Código Penal, que tipifica el aborto como crimen (artículos 124 a 127).

Caso de salud, no de CPI
Para la diputada Maria do Rosário (PT-RS), incriminar las mujeres que necesitan recurrir al aborto no va a resolver el problema. "Ese tema no debe ser tratado como un caso de CPI, y sí de salud. Ninguna actitud policial contra las mujeres resuelve esa cuestión, especialmente en el caso de aquellas que están perdiendo la vida y que, en el desespero, encuentran una circunstancia para su vida. Basta de juzgar y de no extender la mano", argumentó.

Ya uno de los autores del pedido de creación de la CPI, diputado Miguel Martini (PHS-MG), rebate el argumento de que la investigación va a perjudicar las mujeres. "Es lo contrario. Estamos protegiendo las mujeres. Cualquier aborto, aunque sea con el mayor cuidado, provoca un trauma irreversible, en los aspectos físico y psíquico. Por lo tanto, quien lo practica tiene que ser castigado. La vida es un bien supremo que sólo Dios da y puede retirar", argumentó.

Inculpación y detención
Segundo la directora del Centro Femenino de Estudios y Asesoría, Guacira de Oliveira, la CPI va a exponer mujeres que necesitaron recurrir al aborto. Ella afirmó que eso ya viene ocurriendo en el estado de Mato Grosso do Sul, donde millares de mujeres registradas en una clínica de aborto clandestino podrán ser condenadas a prisión.

"Diez mil mujeres fueron indiciadas; 1,2 mil sufren procesos judiciales, acusadas de aborto, sin siquiera derecho a habeas corpus y a ser oídas. Criminalizando las mujeres no vamos a avanzar en el respeto a los derechos humanos", dice.

Estrategia
De acuerdo con la diputada Rita Camata (PMDB-ES), el Parlamento debe contribuir para la cuestión buscando medidas que amplíen el acceso a las políticas de planeamiento familiar. "No podemos legislar dentro de una visión religiosa, moralista, pero si pensando en inclusión social", resaltó.

Segundo ella, la bancada femenina tendrá una estrategia para impedir la CPI en febrero, cuando recomienzan los trabajos de la Cámara.

Preocupación
Arlindo Chinaglia dice que, como parlamentar, se preocupa con los resultados, en la vida de mujeres, del trabajo de la CPI: "Es evidente que una CPI tiene un carácter de investigación que puede llegar a cuestiones personales, de forma rigurosamente indebida."

Pero el recordó que, como presidente, necesita cumplir el Regimiento Interno de la Cámara. "Por parte de la Mesa Directora, es nuestro deber cumplir las reglas. Los requisitos para la instalación de una CPI son el número de firmas necesarias y un hecho determinado. Eso es analizado por la asesoría técnica de la Casa", observó.

Reportaje - Alexandre Pôrto/Rádio Câmara
Edición - João Pitella Junior/Rejane Xavier
Traducción – Positive Idiomas Ltda