O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

     Tendo sanccionado, pelo decreto n. 5.647, de 8 de Janeiro de 1929, a resolução do Congresso Nacional que approvou as seguintes convenções de direito internacional publico, adoptadas pela Sexta Conferencia internacional americana, reunida em Havana, e assignadas a 20 de Fevereiro de 1928: 1) Convenção sobre condição dos estrangeiros; 2) Convenção sobre tratados; 3) Convenção sobre funccionarios diplomaticos; 4) Convenção sobre agentes consulares; 5) Convenção sobre asylo; 6) Convenção sobre deveres e direitos dos Estados, nos casos de luctas civis; - e havendo-se effectuado o deposito do instrumento brasileiro de ratificação das ditas convenções, na Secretaria da União Panamericana, em Washington, a 29 de Agosto ultimo;

    Decreta que as mesmas convenções, appensas por cópia ao presente decreto, sejam executadas e cumpridas tão inteiramente como nellas se contém.

Rio de Janeiro, 22 de Outubro de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA.    
Octavio Mangabeira.

WASHINGTON LUIS PEREIRA DE SOUZA

PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

    Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que, na Sexta Conferencia Internacional Americana, reunida na cidade de Havana, foram approvadas e assignadas pelos Plenipotenciarios dos Estados Unidos do Brasil, aos vinte dias do mez de Fevereiro de mil novecentos e vinte e oito, as seis convenções de direito internacional publico, do teor seguinte:

CONVENCION

(CONDICIONES DE LOS EXTRANJEROS)

    Los Gobiernos de las Repúblicas representadas en la VI Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de la Habana, República de Cuba, el año de 1928:

    Han resuelto celebrar una Convención, con el fin de determinar la condición de los extranjeros en sus respectives territorios, y a ese efecto han nombrado como Plenipotenciarios a los señores seguintes:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Victor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

ECUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Victor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MÉXICO:

    Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

EL SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vázquez.

COSTA RICA:

    Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raúl Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espínola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunció posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITI:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPÚBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandou Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. do Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Quienes, después de haber depositado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones:

ARTICULO 1º.

    Los Estados tienen el derecho de establecer por medio de leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios.

ARTICULO 2º.

    Los extranjeros están sujetos, tanto como los nacionales, a la jurisdicción y leyes locales, observando las limitaciones estipuladas en las convenciones y tratados.

ARTICULO 3º.

    Los extranjeros no pueden ser obligados al servicio militar; pero los domiciliados, a menos que prefieran salir del país, podrán ser compelidos, en las mismas condiciones que los nacionales, al servicio de policía, bomberos o milicia para la protección de la localidad de sus domicilios contra catástrofes naturales o peligros que no provengan de guerra.

ARTICULO 4º.

    Los extranjeros están obligados a las contribuciones ordinarias o extraordinarias, así como a los empréstitos forzosos, siempre que tales medidas alcancen a la generalidad de la población.

ARTICULO 5º.

    Los Estados deben reconocer a los extranjeros domiciliados o transeuntes en su territorio todas las garantías individuales que reconocen a favor de sus propios nacionales y el goce de los derechos civiles esenciales, sin perjuicio, en cuanto concierne a los extranjeros, de las prescripciones legales relativas a la extención y modalidades del ejercicio de dichos derechos y garantías.

ARTICULO 6º.

    Los Estados pueden, por motivo de orden o de seguridad pública, expulsar al extranjero domiciliado, residente o simplemente de paso por su territorio.

    Los Estados están obligados a recibir a los nacionales que, expulsados del extranjero, se dirijan a su territorio.

ARTICULO 7º.

    El extranjero no debe inmiscuirse en las actividades políticas privativas de los ciudadanos del país en que se encuentre; si lo hiciere, quedará sujeto a las sanciones previstas en la legislación local.

ARTICULO 8º.

    La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.

ARTICULO 9º.

    La presente Convención, después de fìrmada, será sometida a las ratificaciones de los Estados signatarios. El gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los gobiernos para el referido fin de la ratificación. El instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la Unión Panamericana en Washington, quien notificará ese depósito a los gobiernos signatarios; tal ratificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados signatarios.

    En fe de lo cual los Plenipotenciarios expresados firman la presente Convención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de la Habana, el día 20 de febrero de 1928.

RESERVA DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

    La Delegación de los Estados Unidos de América firma la presente Convención haciendo expresa reserva al artículo Tercero de la misma, que se refiere al servicio militar de los extranjeros en caso de guerra.

    CONVENCION

    (TRATADOS)

    Deseando los Gobiernos de los Estados de América fìjar con claridad las reglas que deben regir los tratados que suscriban entre ellos, han acordado establecerlas en una Convención, y al efecto ban nombrado como Plenipotenciarios a los señores siguientes:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Victor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

ECUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Victor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MÉXICO:

    Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

EL SALVADOR:

     Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Boltranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Garlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

     José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

     Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vázquez.

COSTA RICA:

    Ricardo Castro Breeche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raúl Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espínola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunció posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITI:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPÚBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Péres Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Quienes, habiéndose cambiado sus respectivos Plenos Poderes y habiéndolos hallado en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1º

    Los Tratados serán celebrados por los Poderes competentes de los Estados o por sus representantes, según su derecho interno respectivo.

ARTICULO 2º

    Es condición esencial en los Tratados la forma escrita. La confirmación, prórroga, renovación o reconducción, serán igualmente hechas por cscrito, salvo si otra cosa se hubiera estipulado.

ARTICULO 3º

    La interpretación auténtica de los Tratados, cuando las partes contratantes la juzguen necesaria, será también formulada por escrito.

ARTICULO 4º

    Los Tratados serán publicados inmediatamente después del canje de las ratificaciones.

    La omisión en el cumplimento de esta obligación internacional no afectará la vigencia de los Tratados, ni la exigibilidad de las obligaciones contenidas en ellos.

ARTICULO 5º

    Los Tratados no son obligatorios simo después de ratificados por los Estados contratantes, aunque esta cláusula no conste en los plenos poderes de los negociadores ni figure en el mismo Tratado.

ARTICULO 6º

    La ratificación debe ser otorgada sin condiciones y comprender todo el Tratado. Será hecha por escrito, de conformidad con la legislación del Estado.

    Si el Estado que ratifica hace reservas al Tratado, éste entrará en vigor desde que, informada de estas reservas, la otra parte contratante las aceptare expresamente o, no habiéndolas rechazado formalmente, ejecutare actos que impliquen su aceptación.

    En los Tratados internacionales celebrados entre diversos Estados, la reserva hecha por uno de ellos en el acto de la ratificación, solo afecta a la aplicación de la cláusula respectiva, en las relaciones de los demás Estados contratantes con el Estado que hace la reserva.

ARTICULO 7º

    La falta de ratificación o la reserva, son actos inherentes a la soberanía nacional, y como tales, constituyen el ejercicio de un derecho que no viola ninguna disposición o buena forma internacional. En caso de negativa, ésta será comunicada a los otros contratantes.

ARTICULO 8º

    Los Tratados regirán desde el canje o depósito de las ratificaciones, excepto si se hubiere convenido otra fecha por cláusula expresa.

ARTICULO 9º

    La aceptación, o no aceptación, de las cláusulas de un Tratado a favor de un tercer Estado que no fué parte contratante, depende exclusivamente de la decisión de éste.

ARTICULO 10º

    Ningún Estado puede eximirse de las obligaciones del Tratado o modificar sus estipulaciones, sino con el acuerdo, pacíficamente obtenido, de los otros contratantes.

ARTICULO 11º

    Los Tratados continuarán surtiendo sus efectos aún cuando llegue a modificarse la constitución interna de los Estados contratantes. Si la organización del Estado cambiara de manera que la ejecución fuera imposible, por división de territorio o por otros motivos análagos, los Tratados serán adaptados a las nuevas condiciones.

ARTICULO 12º

    Cuando el Tratado se hace inejecutable, por culpa de la parte que se obligó, o por circunstancias que en el momento de la celebración dependían de esta parte y eran ignoradas por la otra pare, aquella responde a los perjuicios resultantes de su inejecución.

ARTICULO 13º

    La ejecución del Tratado puede, por cláusula expresa o en virtud de convenio especial, ser puesta, en todo o en parte, bajo la garantía de uno o más Estados.

    El Estado garante no podrá intervenir en la ejecución del Tratado, sino en virtud de requerimento de una de las partes interesadas y cuando se realicen las condiciones bajo las cuales fué estipulada la intervención, y al hacerlo, solo le será lícito emplear medios autorizados por el derecho internacional y sin otras exigencias de mayor alcance que las del mismo Estado garantido.

ARTICULO 14º

    Los Tratados cesan de regir:

    A) Cumplida la obligación estipulada;

    B) Transcurrido el plazo por el cual fué celebrado;

    C) Cumplida la condición resolutoria;

    D) Por acuerdo entre las partes;

    E) Con la renuncia de la parte a quien aprovecha el Tratado de un modo exclusivo;

    F) Por la denuncia, total o parcial, cuando proceda;

    G) Cuando se torna inejecutable.

ARTICULO 15º

    Podrá igualmente declararse la caducidad de un Tratado cuando éste sea permanente y de aplicación no continua, siempre que las causas que le dieron origen hayan desaparecido y pudiera lógicamente deducirse que no se presentarán en lo futuro.

    La parte contratante que alegare esta caducidad, al no obtener el asentimiento de la otra o de las otras, podrá acudir al arbitraje, sin cuyo fallo favorable, y mientras éste no se dicte, continuarán en vigor las obligaciones contraídas.

ARTICULO 16º

    Las obligaciones contraídas en los Tratados serán sancionadas en los casos ds incumplimiento, y después de agotar sin éxito las negociaciones diplomáticas, por decisión de una Corte de Justicia o un Tribunal Arbitral, dentro de los límites y con los trámites que estuvieren vigentes al tiempo en que la infracción se alegare.

ARTICULO 17º

    Los Tratados, cuya denuncia haya sido convenida y los que establecen reglas de Derecho Internacional, no pueden ser denunciados, sino de acuerdo con lo establecido por ellos.

    A falta de estipulación, el Tratado puede, ser denunciado por cualquier Estado contratante, quien notificará a los otros de esta decisión, siempre que haya cumplido todas las obligaciones convenidas en el mismo.

    En este caso el Tratado quedará sin efecto en relación al denunciante un año después, de la última notificación, y continuará subsistente para los demás signatarios, si los hubiere.

ARTICULO 18º

    Dos o más Estados pueden convenir en que sus relaciones se rijan por otras reglas que no sean las establecidas en Convenciones generales celebradas por ellos mismos con otros Estados.

    Este precepto es aplicable no solamente a los Tratados futuros, sino a los que estén en vigor al tiempo de esta Convención.

ARTICULO 19º

    Un Estado que no haya tomado parte en la concertación del Tratado, podrá adherirse al mismo si no se opusiera alguna de las partes contratantes, a todas las cuales debe ser comunicado. La adhesión será considerada, a menos que sea hecha con reserva expresa de ratificación.

ARTICULO 20º

    La presente Cronvención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las Partes Contratantes, en virtud de acuerdos internacionales.

ARTICULO 21º

    La presente Convención, después de fìrmada, será sometida a las ratificaciones de los Estados signatarios. El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin de la ratificación. El instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la Unión, Panamericana en Washington, quien notificará ese depósito a los Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta Convenición quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios.

    En fe de lo cual los Plenipotenciarios expresados firman la presente Convención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de la Habana, el día 20 de febrero de 1928.

RESERVA DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO

    La Delegación Mexicana, sin tener en cuenta los votos que quiere emitir en contra de varios artículos, firmará las diversas Convenciones de Derecho Internacional Público aprobadas, haciendo como única reserva la relativa al Artículo Trece, que no acepta, de la Convención sobre Tratados.

RESERVA DE LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR

    La Delegación de El Salvador no sólo opone su voto negativo al Artículo Trece, sino que vota negativamente la Convención, y no la suscribe.

RESERVAS DE LA DELEGACIÓN DE BOLIVIA

    En el concepto de la Delegación de Bolivia, la inejecutabilidad a que se refiere el inciso "G" del artículo 14, se produce, entre otros, en los siguientes casos:

    I. Cuando los hechos y circunstancias que le dieron origen o le sirvieron de base, se han modificado fundamentalmente;

    II. Cuando su ejecución se torna contraria as la naturaleza de las cosas;

    III. Cuando se torna incompatible con la existencia de un Estado, con su independencia o dignidad;

    IV. Cuando se torna ruinoso para su riqueza o su comercio.

    La reserva de Bolivia sobre el artículo 15 se refiere a que son susceptibles de caducidad no sólo los Tratados de aplicacíon discontinua, como lo establece dicho artículo, sino todo género de Tratados, cualquiera que sea su carácter o denominación, aún los llamados definitivos, que, como toda convención humana, son susceptibles de error, ya que nada hay inmutable y eterno.

    CONVENCION

    (FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS)

    Los gobiernos de las Repúblicas representadas en la Sexta Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de la Habana, República de Cuba, el año de 1928, teniendo en cuenta que una de las materias de mayor importancia en las relaciones internacionales es la que se refiere a los derechos y deberes de los funcionarios diplomáticos y que debe regularse de acuerdo con las condiciones de la vida económica, política e internacional de las naciones;

    Comprendiendo que si bien es de desear que esa regulación se efectúe de acuerdo con las nuevas tendencias.

    Especificando que los funcionarios diplomáticos no representan en ningún caso la persona del Jefe del Estado, y sí su Gobierno, debiendo estar acreditados ante un Gobierno reconocido, y

    Reconociendo que, como los funcionarios diplomáticos representan sus respectivos Estados, no deben reclamar inmunidades que no sean esenciales al desempeño de sus deberes oficiales y que sería de desear que bien el propio funcionario o el Estado representado por él renuncien la inmunidad diplomática cuando se refiera a acciones civiles que no tengan nada que ver con el desempeño de su misión,

    No es posible, sin embargo, concertar desde ahora estipulaciones generales que si bien constituyen una tendencia definida en las relaciones internacionales, tropiezan en algunos casos con la arraigada práctica de varios Estados en sentido contrario,

    Por lo cual y mientras pueda formularse una regulación más completa de los derechos y deberes de los funcionarios diplomáticos,

    Han resuelto celebrar una Convención que comprenda los principios generalmente admitidos por todas las Naciones y han nombrado como sus plenipotenciarios a los señores siguientes:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Víctor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

ECUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Victor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MÉXICO:

    Julio Garcia, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

EL SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Geraldo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto dávila, Mariano Vázquez.

COSTA RICA:

    Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Orcamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

     Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

     Raúl Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espínola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunció posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITI:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPÚBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Días, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Unclerwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Quienes, después de haber depositado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones:

ARTICULO 1º

Disposición general

    Los Estados tienen el derecho de hacerse representar unos ante otros por medio de funcionarios diplomáticos.

SECCIÓN I

DE LOS JEFES DE MISIÓN

ARTICULO 2º

    Los funcionarios diplomáticos se dividen en ordinarios y extraordinarios.

    Son ordinarios los que representan de maneira permanente al gobierno de un Estado ante el otro.

    Son extraordinarios los encargados de misión especial, o los que se acreditan para representar al Gobierno en conferencias, congresos u otros organismos internacianales.

ARTICULO 3º

    Los funcionarios diplomáticos tienen los mismos derechos, prerrogativas e inmunidades, cualquiera que sea su categoría, salvo en lo tocante a precedencia y etiqueta.

    La etiqueta depende de los usos diplomáticos en general, así como do las leyes y reglamentos del país ante el cual está acreditado el diplomático.

ARTICULO 4º

    Ademas de las funciones señaladas en sus credenciales, los funcionarios ordinarios tienen atribuciones que pueden conferirles las leyes o decretos de los respectivos países. Deberán ejercer sus atribuciones sin entrar en conflicto con las leys del país donde estuvieren acreditados.

ARTICULO 5º

    Todo Estado puede hacerse representar por un solo funcionario ante uno o más gobiernos.

    Varios Estados pueden hacerse representar ante otro por un solo funcionario diplomático.

ARTICULO 6º

    Los funcionarios diplomáticos autorizados el efecto por sus gobiernos, pueden, con el consentimiento del gobierno local y a solicitud de un Estado no representado ante éste por funcionario ordinario, asumir ante el mismo gobierno la defensa temporal o accidental de los interesed de dicho Estado.

ARTICULO 7º

    Los Estados son libres en la elección de sus funcionarios diplomáticos; pero no podrán investir con estas funciones a nacionales del Estado en que la misión debe actuar, sin el consentimiento de éste.

ARTICULO 8º

    Ningún Estado podrá acreditar sus funcionarios diplomáticos ante los demás Estados, sin previo arreglo con éstos.

    Los Estados pueden negarse a admitir un funcionario diplomático de los otros, o, habiéndolos admitido ya, pedir su retiro, siu estar obligados a expresar los motivos de su resolución.

ARTICULO 9º

    Los funcionarios diplomáticos extraordinarios gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los ordinarios.

SECCIÓN II

DEL PERSONAL DE LAS MISIONES

ARTICULO 10º

    Cada misión tendrá el personal determinado por su gobierno.

ARTICULO 11º

    Cundo los funcionarios diplomáticos se ausenten del lugar donde ejercen sus funciones o se encuentren en la imposibilidad de desempeñarla, los sustituirá interinamente la persona designada para ese efecto por su gobierno.

SECCIÓN III

DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS

ARTICULO 12º

    Los funcionarios diplomáticos extranjeros no podrán inmiscuirse en la política interna o externa del Estado en que ejercen sus funciones.

ARTICULO 13º

    Los funicionarios diplomáticos deberán dirigirse en sus comunicaciones oficiales al Ministro de Relaciones Esteriores o Secretario de Estado del país ante el cual estén acreditados. Las comunicacioes a las demás autoridades se harán también por medio de dicho Ministro o Secretario.

SECCIÓN IV

DES LAS INMUNIDADES Y PRERROGATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS

ARTICULO 14º

    Los funcionarios diplomáticos serán inviolables en sus persona, residencia particular u oficial y bienes. Esta inviolabilidad se extiende:

    a) a todas las clases de funcionarios diplomáticos;

    b) a todo el personal oficial de la misión diplomática;

    c) a los miembros de la respectiva familia que viven bajo el mismo techo;

    d) a los papeles, archivos y correspondencia de la misión.

ARTICULO 15º

    Los Estados deborán otorgar a los funcionarios diplomáticos toda clase de facilidades para el ejercicio de sus funciones, y, especialmente, para que puedan comunicarse libremente con sus gobiernos.

ARTICULO 16º

    Ningún funcionario o agente judicial o administrativo del Estado donde el funcionario diplomático está acreditado podrá entrar en el domicilio de éste o en el local de la misión, sin su consentimiento.

ARTICULO 17º

    Los funcionarios diplomáticos están obligados a entregar a la autoridad local competente que lo requiera el acusado o condenado por delito común, refugiado en la Misión.

ARTICULO 18º

    Los funcionarios diplomáticos estarán exentos en el Estado donde estuvieren acreditados:

    1. - De todos los impuestos personales, sean nacionales o locales;

    2. - De todos los impuestos territoriales sobre el edificio de la Mición, cuando pertenezea al gobierno respectivo;

    3. - De los derechos de aduana sobre los objeots destinados a uso oficial de la Misión, o al uso personal del funcionario diplomático o de su familia.

ARTICULO 19º

    Los funcionarios diplomáticos están exentos de toda jurisdicción civil o criminal del Estado ante el cual se encuentran acreditados, no pudiendo, salvo el caso en que debidamente autorizados, por su gobierno, renuncien a la inmunidad, ser procesados y juzgados sino por los tribunais de su Estado.

ARTICULO 20º

    La inmunidad de jurisdicción sobrevive a los funcionarios diplomáticos en cuanto a las acciones que con ella se relacionan. En relación a las otras, sin embargo, no puede ser invocada, sino mientras duren sus funciones.

ARTICULO 21º

    Las personas que gocen de inmunidad de jurisdicción pueden rehusar comparecer como testigos ante los tribunales territoriales.

ARTICULO 22º

    Los funcionarios diplomáticos entran en el goce de sus inmunidades desde el momento que pasan la frontera del Estado donde van a servir y dan a conocer su categoría.

    Las inmunidades se conservan durante el tiempo que la misión está en suspenso y aún después que termina, por el tiempo que sea nacesario para que el fucionamiento diplomático pueda retirarse con la misión.

ARTICULO 23º

    Las personas que forman la misión gozarán también de las mismas inmunidades y prerrogativas en los Estados que cruzaren para llegar a su puesto o regresar a su patria, o en el que accidentalmente se encuentren durante el ejercicio de sus funciones, y a cuyo gobierno hayan dado a conocer su categoría.

ARTICULO 24º

    En caso de fallecimiento del funcionario diplomático, su familia continuará en el goce de las inmunidades poe un plazo razonable, hasta que abandone el estado donde se encuentra.

SECCIÓN V

DEL FIN DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA

ARTICULO 25º

    Los funcionarios diplomáticos cesan en su misión:

    1. - Por la notificación oficial del gobierno del funcionario al otro gobierno de que el diplomático ha cesado sus funciones.

    2. - Por la expiración del plazo fijado para el cumplimiento de la misión.

    3. - Por la solución del asunto si la misión hubiése sido creada por una cuestión determinada.

    4. - Por la entrega de los pasaportes al funcionario hecha por el gobierno ante el cual estuviese acreditado.

    5. - Por la petición de sus pasaportes hecha a éste por el funcionario.

    En los casos arriba mencionados se concederá un plazo razonable al funcionario diplomático, al personal oficial de la misión y a las respectivas familias para abandonas el territorio del Estado, siendo deber del gobierno ante el cual estuvo el funcionario acreditado, cuidar durante ese tiempo porque ninguno de ellos sea molestado ni perjudicado en su persona o bienes.

    El fallecimiento o la renuncia del Jefe del Estado, así como el cambio de gobierno o de régimen político en cualquiera de los dos países, no pondrá fin a la misión de los funcionarios diplomáticos.

ARTICULO 26º

    La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las partes contratantes en virtude de acuerdo internacional.

ARTICULO 27º

    La presente Convención, después do firmada, será sometida a las ratificaciones de los Estados signatarios. El gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los gobiernos para el referido fin de la ratificación. El instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la Unión Panamericana, en Washington, quien notificará ese depósito a los gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios.

    En fe de lo cual los plenipotenciarios expresados firman la presente Convención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de la Habana, el día 20 de febrero de 1928.

CONVENCION

(AGENTES CONSULARES)

    Los Gobiernos de las Repúblicas representadas en la Sexta Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de la Habana, República de Cuba, el año de mil novecientos veintiocho, descosos de definir los deberes, derechos, prerrogativas e inmunidades de los Agentes Consulares, do acuerdo con las prácticas y Convenios sobre la materia,

    Han resuelto celebrar una Convención a ese efecto, y han nombrado, como plenipotenciarios, a los señores siguientes:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Víctor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

ECUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MÉXICO:

    Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

EL SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gomez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vázquez.

COSTA RICA:

    Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Orcamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raúl Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espínola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón ( renució posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Dínz León.

HAITI:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPÚBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, HenrY P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Quienes, después de haber depositado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones:

SECCIÓN I

DEL NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIONES

ARTICULO 1º

    Los Estados pueden nombrar en el territorio de los otros, con el consentimiento expreso o tácito de éstos, Cónsules que representen y defiendan allí sus intereses comerciales e industriales, y presten a sus nacionales la asistencia y protección de que carezcan.

ARTICULO 2º

    La forma y requisito para nombarlos y las clases y la categoría de los Cónsules serán regulados por el derecho interno del respectivo Estado.

ARTICULO 3º

    Sin el consentimiento del Estado donde ha de servir no puede ser reconocido como Cónsul uno de sus nacionales, La concesión del exquátur suple la autorización.

ARTICULO 4º

    Nombrado el Cónsul, el Estado le remitirá al otro por la vía diplomática, la respectiva Patente, que contendrá el nombre, categoria y atribuciones del nombrado.

    Tratándose de un Vicecónsul, o Agente Comercial nombrado por el respectivo Cónsul en los casos autorizados por su ley, la Patente será expedida y comunicada a éste.

ARTICULO 5º

    Los Estado pueden rechazar los Cónsules nombrados para su territorio, o subordinar el ejercicio de Ias funciones consulares a ciertas obligaciones especiales.

ARTICULO 6º

    El Cónsul no puede ser reconocido como tal, sino después de haber presentado su Patente y obtenido el exequátur del Estado en cuyo territorio va a servir.

    Un reconocimiento provisional podrá ser concedido a petición de la Legación del Cónsul, hasta que el exequátur sea otorgado en debida forma.

    Están igualmente sujetos a esta formalidade los funcionarios nombrados en los términos del artículo 4º, y compete en tal caso al respectivo Cónsul solicitar el exequátur.

ARTICULO 7º

    Obtenido el exequátur, éste será presentado a las autoridades del distrito consular, que protejerám al Cónsul en el ejercicio de sus funciones y le garantizarán las immunidades a que tuviere derecho.

ARTICULO 8º

    El Gobierno territorial, puede en cualquier momento retirar el exequátur al Cónsul; pero, salvo el caso de urgencia, no recurrirá a este medio sin antes intentar obtener del gobierno del Cónsul su revocación.

ARTICULO 9º

    En caso de muerte, incapaciadad o ausencia de los Agentes Consulares, cualquiera de los empleados auxiliares cuyo carácter oficial se haya becho conocer previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores o Secretaría de Estado, podrá desempeñar provisionalmente las funciones consulares y mientras así lo haga disfrutará de todos los derechos y prerrogativas correspondientes al propietario.

ARTICULO 10º

    Los Cónsules ejercerán las atribuciones que les contiera la ley de su Estado, sin perjuicio de la legislación del Estado donde desempeñen su cargo.

ARTICULO 11º

    Los Cónsules se entenderán oficialmente con las autoridades de su distrito en el ejercicio de sus atribuciones. Si sus gestiones no fueren atendidas, podrá, por medio del funcionario diplomático de su nación, continuar sus gestiones ante el Gobierno del Estado, no debiendo comunicarse directamente com éste sino en ausencia o falta del funcionario diplomático.

ARTICULO 12º

    A falta de funcionario diplomático del Estado del Cónsul, este podrá realizar los actos diplomáticos que, en tales casos, permite el Gobierno en que esté situado el Consulado.

ARTICULO 13º

    Una misma persona podrá, en el caso que se le acredite debitamente para ese efecto, reunir la representación diplomática y la función consular, siempre que el Estado ante el cual se acredite, lo consienta.

SECCÍON II

DE LAS PRERROGATIVAS DE LOS CÓNSULES

ARTICULO 14º

    A falta de Convenio especial entre dos nacionales, los Agentes Consulares nacionales del Estado que los nombra no podrán ser detenidos ni procesados sino en los casos que se les acuse de la comisión de un hecho calificado por la legislación local de delito.

ARTICULO 15º

    En las causas criminales podrá pedirse por la acusación o la defensa la asistencia a juicio, como testigos, de los Agentes Consulares. Esta petición se hará con toda la consideración posible a la dignidad consular y a los debates del cargo, y será cumplida por parte del funcionario consular.

    En los asuntos civiles los Agentes Consulares estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales, con la limitación, eso no obstante, de que cuando el Cónsul sea nacional de su Estado y no esté dedicado a negocio privado alguno con fines de lucro, su declaratión le será tomada verbalmente o por escrito en su residencia u oficina y con la debida consideración.

    El Cónsul, sin embargo, podrá voluntariamente declarar como testigo cuando no le ocasione serios trastornos en el desempeño de sus deberes oficiales.

ARTICULO 16º

    Los Cónsules no están sujetos a la jurisdicción local por los actos ejecutados con carácter oficial en los límites de su competencia. En el caso de que un particular se considere perjudicado por la acción del Cónsul, presentará su reclamación ante el gobierno, el cual, si lo considera procedente, la hará valer por la vía diplomática.

ARTICULO 17º

    En cuanto a los actos no oficiales, los Cónsules están sujetos, tanto en materia civil como en materia criminal, a la jurisdicción del Estado en que ejercen sus funciones.

ARTICULO 18º

    La residencia oficial de los Cónsules y los lugares ocupados por las oficinas y archivos consulares, son inviolables, y en ningún caso podrán las autoridades locales entrar en ellas sin permiso de los Agentes Consulares, ni examinar ni apoderarse, bajo pretexto alguno, de los documentos u objectos que se encuentren en una oficina consular. Tampoco se requerirá a ningún funcionario consular para que presente los archivos oficiales ante los tribunales o que declare respecto de su contenido.

    Cuando los Agentes Consulares estén dedicados a algún negocio en el territorio del Estado donde ejercen sus funciones, el archivo del consulado y los documentos relativos al mismo, se conservarán en un local completamente separado de aquel en que guarde sus papeles privados o de negocios.

ARTICULO 19º

    Los Cónsules están obligados a entregar, a simple requerimiento de las autoridades locales, los acusados o condenados por delito que se fugien en el consulado.

ARTICULO 20º

    Tanto los Agentes Consulares como los empleados de un consulado, nacionales del Estado que los nombre, que no se dediquen a negocios con fines de lucro en el Estado en que desempeñan su función, estarán exentos de toda tributación nacional , del Estado, la provincia o el municipio, impuesta a su persona o bienes, excepto la que grave la posesión o propiedad de bienes inmucbles situados en el Estado en que ejerza sus funciones o los productos de los mismos. Los Agentes Consulares y empleados nacionales del Estado que representan están exentos de impuestos sobre los sueldos, honorarios o jornales recibidos por ellos en retribución de sus servicios consulares.

ARTICULO 21º

    El empleado que sustituya al Agente Consular en su ausencia o por otro motivo, disfrutará, durante su interinatura, de las mismas inmunidades y prerrogativas.

ARTICULO 22º

    Los Cónsules que se dedicasen al comercio o ejerciren otras funciones distintas de las que correspondem a sus deberes consulares, están sujetos a la jurisdición local en todas sus actividades que no se refieran als ervicio consular.

SECCIÓN III

DE LA SUSPENSIÓN Y FIN DE LAS FUNCIONES CONSULARES

ARTICULO 23º

    Los Agentes Consulares suspenden sus funciones por enfermedadno licencia, y cesan:

    a) por su fallecimiento;

    b) por su jubillación, retiro o dimisión; y

    c) por la cancelación del exequatur.

ARTICULO 24º

    La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las Partes Contratantes em virtud de acuerdo internacional.

ARTICULO 25º

    La presente Convención, después de firmada, será sometida a las ratificaciones de los Estados signatarios. El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin de la ratificación. El instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la Unión Panamericana en Washington, quien notificará ese depósito a los Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta Convención quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios.

    En fe de lo cual los plenipotenciarios expresados fìrman la presente Convención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de la Habana, el día 20 de febrero de 1928.

RESERVA DE LA DELEGACIÓN DE VENEZUELA

    En nombre del Gobierno que represento, formulo una reserva respecto a la coincidencia de funciones diplomaticas y consulares en una mesma persena, porque es contraria completamente a nuestra tradición, mantenida desde su establecimiento hasta la fecha en forma que no admite transformación alguna.

CONVENCION

(ASILO)

    Deseosos los Gobiernios de los Estados de América de fijar las reglas que deban observar para la concesión del Asilo en sus relaciones mutuas, han acordado establecerlas en una Convención, y al efecto han nombrado como Plenipotenciarios:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Víctor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAI:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirrre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

ECUADOR:

    Gonzalo Zaldumbire, Victor Zevallos, Cóllon Eloy Alfaro.

MÉXICO:

    Julio García, Fernando González, Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

EL SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

     Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranema, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquin Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Reis.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Geraldo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera , Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbaláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vázquez.

COSTA RICA:

    Ricardo Castro Beche, J. Rafael Orcamuno , Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósol, Manuela Bianchi.

BRASIL:

    Raúl Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espinola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunció posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITI:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPÚBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernádez Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jésus María Barraqué.

    Quienes, después de haberse cambiado sus respectivos Plenos Poderes, que han sido encontrados en buena y debida forma, han convenido lo siguinte:

ARTICULO 1º

    No es lícito a los Estados dar asilo en Legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares, a personas acusadas o condenadas por delitos comunes ni a desertores de tierra y mar.

    Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes, que se refugiaren en alguno de los lugares señalados en el párrafo precdente deberán ser entregadas tan pronto como lo requiera el gobierno local.

    Si dichas personas se refugiaren en territorio extranjero la entrega se efectuará mediante extradición, y sólo en los casos y en la forma que establezean los respectivos Tratados y Convenciones o la Constitución y leyes del país de refugio.

ARTICULO 2º

    El asilo de delincuentes políticos en Legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares, será respetado en la medida en que, como un derecho o por humanitaria tolerancia, lo admitieren el uso, la Convenciones o las leyes del país de refugio y de acuerdo con las disposiciones siguientes:

    Primero: El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra manera en seguridad.

    Segundo: El Agente Diplomático, Jefe de navío de guerra, campamento o aeronave militar, inmediatamente después de conceder el asilo lo comunicará al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado del asilado, o a la autoridad administrativa del lugar si el becho ocurriera fucra de la capital.

    Tercero: El Gobierno del Estado podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo possible; y el Agente Diplomático del país que hubire acordado el asilo, podrá a su vez exigir las garantías necesarias para que el refugiado salga del país respetándose la inviolabilidad de su persona.

    Cuarto: Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del territorio nacional ni en lugar demasiado próximo a él.

    Quinto: Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública.

    Sexto: Los Estados no están obligados a pagar los gastos por aquel que concede el asilo.

ARTICULO 3º

    La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriomente por las Partes Contratantes en virtude de acuerdos internacionales.

ARTICULO 4º

    La presente Convención, después de firmada será sosmetida a las ratificaciones de los Estados signatarios. El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin de la ratificación. El instrumento de ratificación será depositado en los archivos da la Union Panamericana en Washington, quien notificará ese depósito a los Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta Convención quedará, abierta a la adhesión de los Estados no signatarios.

    En fe de lo qual los plenipotenciarios expresados firman la presente Convención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de la Habana, el día 20 de febrero de 1928.

RESERVA DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

    Los Estados Unidos de América, al firmase la presente Convención, hacen expresa reserva, haciendo constar que los Estados Unidos no reconoce y no firman la llamada doctrina del asilo como parte del Derecho Internacional.

CONVENCION

(DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTADOS EN CASO DE LUCHAS CIVILES)

    Los Gobiernos de las Repúblicas representadas en la VI Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad dle la Habana, República de Cuba, el año 1928, deseosos de llegar a un acuerdo en cuanto a los deberes y derechos de los Estados en caso de luchas civiles, han nombrado sus plenipotenciarios:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Víctor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

     Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

ECUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MÉXICO:

    Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

EL SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranema, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquim Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Reis.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vázquez.

COSTA RICA:

    Ricardo Castro Becche, J. Rafael Orcamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raúl Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espínola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunció posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITI:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPÚBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez, Alforseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W, Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott. Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Quienes, después de haberse cambiado sus respectivos Plenos Poderes, qui' han sido encontrados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1º

    Los Estados contratantes se obligan a observar las siguientes reglas respecto de la lucha civil en otro de ellos:

    Primero. Emplear los medios a su alcance para evitar que los habitantes de su territorio, nacionales o extranjeros, tomen parte, reúnam elementos, pasen la frontera o se embarquen en su territorio para iniciar o fomentar una lucha civil.

    Segundo: Desarmar e internar toda fuerza rebelde que traspase sus fronteras, siendo los gastos de internación por cuenta del Estado donde el orden hubiese sido alterado. Las armas encontradas en poder de los rebeldes podrán ser aprehendidas y retiradas por el Gobierno del país de refugio, para devolverlas una vez terminada la contienda al Estado en lucha civil.

    Tercero: Prohibir el tráfico de armas y material de guerra salvo cuando fueren destinadas al gobierno, mientras no esté reconocida la beligerancia de los rebeldes, caso en el cual se aplicarán las reglas de neutralidad.

    Cuarto: Evitar que en su jurisdicción se equipe, arme o adapte a uso bélico cualquiera embarcación destinada a operar en interés de la rebelión.

ARTICULO 2º

    La calificación de piratería, emanada del gobierno de un país, contra buques alzados en armas no obliga a los demás Estados.

    El Estado que sea agraviado por depredaciones provenientes de buques insurrectos tiene derecho para adoptar contra ésto las siguientes medidas punitivas: Si los causantes del hecho lesivo fueren naves de guerra , puede capturarlas para hacer entrega de ellas al Gobierno del Estado a que pertenezcan, el cual los juzgará; si los hechos provinieran de buques mercantes, el Estado afectado puede capturarlos y applicarles las leyes penales del caso.

    El buque insurrecto, sea de guerra o mercante, que enarbole bandera de un Estado extranjero para encubrir sus actos, podrá también ser capturado y juzgado por el Estado de dicha bandera.

ARTICULO 3º

    El buque insurrecto, de guerra o mercante equipado por la rebelión, que llegue a un país extranjero o busque refugio e nél, será entregado por el gobierno de éste al gobierno constituído del país i en lucha civil y los tripulantes serán considerados como refugiados políticos.

ARTICULO 4º

    La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las Partes contratantes en virtud de acuerdos internacionales.

ARTICULO 5º

    La presente Convención, despúes de firmada, será sometida a las ratificaciones de los Estados signatarios. El gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin de la ratificación. El instrumento será depositado en los archivos de la Unión Panamericana en Washington, quien notificara esos depósitos a los Gobiernos signatarios; tal ratificación valdrá como canje de rattificaciones. Esta convención quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios.

    En fe de lo cual los plenipotenciarios expresados firmam la presente Convención en español, inglés, francés y portugués en la ciudad de la Habana, el día veinte de febrero de 1928.

    E, tendo sido as mesma convenções, cujo teor fica acima transcripto, approvados pelo Congresso Nacional, as confirmo, e ratifico e, pela presente, as dou por firmes e valiosas para produzirem os seus devidos effeitos, promettendo que ellas serão cumpridas inviolavelmente.

    Em firmeza do que, madei passar esta Carta, que assigno e é sellada com o sello da armas da Republica e subscripta pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.

    Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos trinta de Julho de mil novecentos e vinte e nove, 108º da Independencia e 41º da Republica.

    (L. S.) Washington Luis P. de Sousa.

    Octavio Mangabeira.

    (TRADUCÇÃO OFFICIAL)

    CONVENÇÃO

    (CONDIÇÃO DOS ESTRANGEIROS)

    Os Governos das republicas representadas na Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada na cidade de Havana, Republica de Cuba, no anno de 1928.

    Resolveram celebrar uma Convenção, com o fim de determinar a condição dos estrangeiros nos seus respectivos territorios; e, para esse effeito, nomearam como plenipotenciarios os seguintes Senhores:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Victor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

EQUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MEXICO:

    Julio García, Fernando Ganzález Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vásquez.

COSTA-RICA:

    Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira Sampaio Corrêa, Eduardo Espinola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunciou posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITÍ:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPUBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Días, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez, Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lynan Wilbur, Leo S. Rowe .

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraquê.

    Os quaes, depois de terem depositado os seus plenos poderes, achados em boa e devida forma, concordaram nas seguintes disposições:

    ARTIGO 1º

    Os Estados têm o direito de estabelecer, por meio de leis, as condições de entrada e residencia dos estrangeiros nos seus territorios.

    ARTIGO 2º

    Os estrangeiros estão sujeitos, tanto quanto os nacionaes, à jurisdição e leis locaes, observadas as limitações estipuladas nas convenções e tratados.

    ARTIGO 3º

    Os estrangeiros não podem ser obrigados ao serviço militar; mas, os domiciliados, a não ser que prefiram sair do paiz, poderão ser obrigados, nas mesmas condições que os nacionaes, ao serviço de policia, bombeiros ou milicia para a protecção do local dos respectivos domicilios, contra catastrophes naturaes ou perigos que não sejam provenientes de guerra.

    ARTIGO 4º

    Os estrangeiros estão obrigados ás contribuições ordinárias ou extraordinarias, assim como aos emprestimos forçados, sempre que taes medidas sejam geraes para a população.

    ARTIGO 5º

    Os Estados devem conceder aos estrangeiros domiciliados ou de passagem em seu territorio todas as garantias individuaes que concedem nos seus proprios nacionaes e o gozo dos direitos civis essenciaes, sem prejuízo, no que concerne aos estrangeiros, das prescripções legaes relativas á extensão e modalidades do exercício dos ditos direitos e garantias.

    ARTIGO 6º

    Os Estados podem, por motivo de ordem ou de segurança publica, expulsar o estrangeiro domiciliado, residente ou simplesmente de passagem pelo seu territorio.

    Os Estados são obrigados a receber os seus nacionaes que, expulsos do estrangeiro, se dirijam ao seu territorio.

    ARTIGO 7º

    O estrangeiro não se deve ingerir nas actividades políticas privativas dos cidadãos do paiz no qual se encontre; se tal fizer, ficará sujeito ás sancções previstas na legislação local.

    ARTIGO 8º

    A presente Convenção não attinge os compromissos tomados anteriormente pelas partes contractantes, em virtude de accordos internacionaes

    ARTIGO 9º

    A presente Convenção, depois de assignada, será submettida ás ratificações dos Estados signatarios. O governo de Cuba fica encarregado de enviar cópias devidamente, authenticadas aos governos, para o referido fim da ratificação. O instrumento da ratificação será depositado nos archivos da União Panamericana em Washington, que notificará esse deposito aos governos signatarios; tal ratificação valerá como troca de ratificações. Esta Convenção ficará aberta á adhesão dos Estados não signatarios.

    Em fé do que, os plenipotenciarios mencionados assignam a presente Convenção, em espanhol, inglez, portuguez e francez, na cidade de Havana, no dia 20 de Fevereiro de 1928.

RESERVA DA DELEGAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

    A Delegação dos Estados Unidos da America fìrma a presente Convenção fazendo uma reserva expressa ao art. 3º da mesma, no que se refere ao serviço militar dos estrangeiros, em caso de guerra.

    CONVENÇÃO

    (TRATADOS)

    Desejando os Governos dos Estados da America fixar claramente as regras que devem reger os tratados que subscrevam entre si, accordaram estabelecê-las numa Convenção, e, com esse fim, nomearam como plenipotenciarios os seguintes Senhores:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Victor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

EQUADOR:

    Gonzálo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MEXICO:

    Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Henrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vásquez.

COSTA-RICA:

    Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Orcamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espinola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunciou posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITÍ:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPUBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Osca W. Underwood, Dwight W. Marrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Os quaes, havendo trocado os respectivos plenos poderes, achados em boa e devida forma, convieram no seguinte:

    ARTIGO 1º

    Os Tratados serão celebrados pelos poderes competentes dos Estados ou pelos seus representantes, segundo o seu direito interno respectivo.

    ARTIGO 2º

    É condição essencial nos tratados a forma escripta. A confirmação, prorogação, renovação ou reconducção serão igualmente feitas por escripto, salvo estipulação em contrario.

    ARTIGO 3º

    A interpretação authentica dos tratados, quando as partes contractantes a julguem necessaria, será, tambem, formulada por escripto.

    ARTIGO 4º

    Os tratados serão publicados immediatamente depois da troca das ratificações.

    A omissão, no cumprimento desta obrigação internacional, não prejudicará a vigencia dos tratados, nem a exigibilidade das obrigações nelles contidas.

    ARTIGO 5º

    Os tratados não são obrigatorios senão depois de ratificados pelos Estados contractantes, ainda que esta clausula não conste nos plenos poderes dos negociadores, nem figure no proprio tratado.

    ARTIGO 6º

    A ratificação deve ser dada sem condições e abranger todo o tratado. Será feita por escripto, de conformidade com a legislação do Estado.

    Se o Estado que ratifica faz reservas ao tratado, este entrará em vigor, desde que, informada dessas reservas, a outra parte contractante as acceite expressamente, ou, não as havendo rejeitado formalmente, execute actos que impliquem a sua acceitação.

    Nos tratados internacionaes celebrados entre diversos Estados, a reserva feita por um delles, no acto da ratifìcação, só attinge a applicação da clausula respectiva, nas relações dos demais Estados contractantes com o Estado que faz a reserva.

    ARTIGO 7º

    A falta da ratificação ou a reserva são actos inherentes á soberania nacional, e, como taes, constituem o exercício de um direito, que não viola nenhuma disposição ou norma internacional. Em caso de negativa, esta será communicada aos outros contractantes.

    ARTIGO 8º

    Os tratados vigorarão desde a troca ou deposito das ratificações, salvo se, por clausula expressa, outra data tiver sido convencionada.

    ARTIGO 9º

    A acceitação ou não acceitação das clausulas de um tratado, em favor de um terceiro Estado, que não foi parte contractante, depende exclusivamente da decisão deste.

    ARTIGO 10

    Nenhum Estado se pode eximir das obrigações do tratado ou modificar as suas estipulações, senão com o accôrdo, pacificamente obtido, dos outros contractantes.

    ARTIGO 11

    Os tratados continuarão a produzir os seus effeitos, ainda que se modifique a constituição interna dos Estados contractantes. Se a organização do Estado mudar, de maneira que a execução seja impossivel, por divisão de territorio ou por outros motivos analogos, os tratados serão adaptados ás novas condições.

    ARTIGO 12

    Quando o tratado se torna inexequivel, por culpa da parte que se obrigou, ou por circumstancias que, no momento da celebração, dependiam dessa parte e eram ignoradas pela outra parte, aquella é responsavel pelos prejuizos resultantes da sua inexecução,

    ARTIGO 13

    A execução do tratado pode, por clausula expressa ou em virtude de convenio especial, ser posta, no todo ou em parte, sob, a garantia de um ou mais Estados.

    O Estado garante não poderá intervir na execução do tratado, senão em virtude de requerimento de uma das partes interessadas e quando se realizarem as condições sob as quaes foi estipulada a intervenção, e, ao fazê-lo, só lhe será, licito empregar meios autorizados pelo direito internacional e sem outras exigencias de maior alcance do que as do proprio Estado garantido.

    ARTIGO 14

    Os tratados cessam de vigorar:

    a) cumprida a obrigação estipulada;

    b) decorrido o prazo pelo qual foi celebrado;

    c) verificada a condição resolutiva;

    d) por accôrdo entre as partes;

    e) com a renuncia da parte a quem aproveita o tratado de modo exclusivo;

    f) pela denuncia, total ou parcial, quando proceda;

    g) quando se torna inexequivel.

    ARTIGO 15

    Poderá igualmente declarar-se a caducidade de um tratado, quando este seja permanente e de applicação não continua, sempre que as causas que lhe deram origem hajam desapparecido e se possa logicamente deduzir que se não apresentarão no futuro.

    A parte contractante que allegar essa caducidade, caso não obtenha o assentimento da outra ou das outras, poderá appellar para a arbitragem, sem cuja decisão favorável e emquanto esta não fôr pronunciada, continuarão em vigor as obrigações contrahidas.

    ARTIGO 16

    As obrigações contrahidas nos tratados serão sanccionadas, nos casos de não cumprimento, e depois de esgotadas sem exito as negociações diplomaticas, por decisão de uma côrte de justiça internacional ou de um tribunal arbitral, dentro dos limites e com os tramites que estiverem vigentes no momento em que a infracção se allegar.

    ARTIGO 17

    Os tratados cuja, denuncia haja sido convencionada e os que estabelecem regras de direito internacional não podem ser denunciados, senão de accôrdo com o processo por elles estabelecidos.

    Em falta de estipulação, o tratado pode ser denunciado por qualquer Estado contractante, o qual notificará aos outros essa decisão, uma vez que haja cumprido todas as obrigações estabelecidas no mesmo.

    Neste caso, o tratado ficará sem effeito, em relação ao denunciante, um anno depois da ultima notificação, e continuará subsistente para os demais signatarios, se os houver.

ARTIGO 18

    Dois ou mais Estados podem convir em que as suas relações se rejam por outras regras que não as estabelecidas em convenções geraes celebradas por elles mesmos com outros Estados.

    Este preceito é applicavel não somente aos tratados futuros, senão tambem aos que estejam em vigor ao tempo desta Convenção.

ARTIGO 19

    Um Estado que não haja tomado parte na celebração de um tratado poderá adherir ao mesmo, se a isso se não oppuzer alguma das partes contractantes, a todas as quaes deve o facto ser communicado. A adhesão será considerada como definitiva, a menos que seja feita com reserva expressa de ratificação.

ARTIGO 20

    A presente Convenção não attinge os compromissos tomados anteriormente pelas partes contractantes, em virtude de accôdos internacionaes.

ARTIGO 21

    A presente Convenção, depois de firmada, será submettida ás ratificações dos Estados signatarios. O governo de Cuba fica encarregado de enviar cópias devidamente authenticadas aos governos, para o referido fim da ratificação. O instrumento de ratificação será depositado nos archivos da União Panamericana, em Washington, que notificará esse deposito aos Governos signatarios; tal notificação equivalerá a uma troca de ratificações. Esta Convenção ficará aberta á adhesão dos Estados não signatarios.

    Em fé do que, os plenipotenciarios mencionados assignam a presente Convenção, em espanhol, inglez, francez e portuguez, na cidade de Havana, no dia 20 de Fevereiro de 1928.

RESERVA DA DELEGAÇÃO DO MEXICO

    A Delegação mexicana, sem levar em conta os votos que deseja emittir contra varios artigos, firmará as diversas convenções de Direito internacional publico approvadas, fazendo como unica reserva a relativa ao artigo treze, que não acceita, da Convenção sobre tratados.

RESERVA DA DELEGAÇÃO DO SALVADOR

    A Delegação do Salvador não só oppõe o seu voto negativo ao artigo treze, mas tambem vota negativamente a Convenção, e não a subscreve.

RESERVA DA DELEGAÇÃO DA BOLIVIA

    No conceito da Delegação da Bolivia, a inexecução a que se refere a alinea g), do artigo 14, occorre, entre outros, nos seguintes casos:

    I. Quando os factos e circumstancias que lhe deram origem ou lhe serviram de base, se modificaram fundamentalmente;

    II. Quando sua execução se torna contrária á natureza das cousas;

    III. Quando se torna incompativel com a existencia dum Estado, com sua independencia ou dignidade;

    IV. Quando se torna ruinoso para a sua riqueza ou o seu commercio.

    A reserva da Bolivia, sobre o art. 15, tem em vista que sejam susceptiveis de caducidade não só os tratados de applicação não continua, como estabelece, o dito artigo, mas tambem toda especie de tratados, qualquer que seja o seu caracter ou denominação, inclusive os chamados definitivos, que como toda convenção humana, são susceptiveis de êrro, já que nada ha que seja immutavel e eterno.

CONVENÇÃO

(FUNCCIONARIOS DIPLOMATICOS)

    Os Governos das Republicas representadas na Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada na cidade de Havana, Republica de Cuba, no anno de 1928, considerando que uma das materias de maior importancia nas relações internacionaes é a que se refere aos direitos e deveres dos funccionarios diplomaticos, a qual se deve regular de accôrdo com as condições da vida economica, politica e internacional das nações;

    Comprehendendo que, embora seja desejavel que essa regulamentação se effectue de accôrdo com as novas tendencias,

    Especificando-se que os funccionarios diplomaticos não representam em caso algum a pessoa do Chefe de Estado, e sim o seu Governo, e devem estar acreditados junto a um Governo reconhecido, e

    Reconhecendo-se que, como os funccionarios diplomaticos representam os seus respectivos Estados, não devem elles reclamar immunidades que não sejam essenciaes ao desempenho dos seus deveres officiaes e que seria desejavel que ou o proprio funccionario ou o Estado, por elle representado, renuncie á immunidade diplomatica, quando se trate de acções civeis que nada tenham que ver com o desempenho da sua missão, -

    Não é possivel, todavia, ajustar, por emquanto, estipulações geraes que, se bem constituam tendencia definida nas relações internacionaes, tropeçam, nalguns casos, com a prática arraigada de varios Estados, em sentido contrario;

    Por isto, e até que se possa formular uma regulamentação mais completa dos direitos e deveres dos funccionarios diplomaticos,

    Resolveram celebrar uma Convenção, que comprehenda os principios geralmente admittidos por todas as nações; e nomearam como seus plenipotenciarios os seguintes Senhores:

PERÚ:

    Jesús Melquiados Salazar, Victor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

EQUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MEXICO:

    Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorday.

SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Reis.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vásquez.

COSTA RICA:

    Ricardo Castro Becche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espinola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunciou posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITÍ:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPUBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José; Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Jesús Maria Barraqué;

    Os quaes, depois de haverem depositado os seus plenos poderes, achados em boa e devida forma, accordaram nas seguintes disposições;

ARTIGO 1º

Disposição geral

    Os Estados têm o direito de se fazer representar, uns perante os outros, por meio de funccionarios diplomaticos.

SECÇÃO I

DOS CHEFES DE MISSÃO

ARTIGO 2º

    Os funccionarios diplomaticos dividem-se em ordinarios e extraordinarios.

    São considerados ordinarios os que representam de maneira permanente o Governo de um Estado perante o outro.

    São extraordinarios os encarregados de missão especial, ou os que se acreditam para, representar o Governo em conferencias, congressos ou outros organismos internacionaes.

ARTIGO 3º

    Os funccionarios diplomaticos têm os mesmos direitos, prerogativas e immunidades, qualquer que seja a sua categoria, excepto no que se refere á precedencia e etiqueta.

    A etiqueta depende dos usos diplomaticos em geral, assim como das leis e regulamentos do paiz ante o qual está acreditado o diplomata.

ARTIGO 4º

    Além das funcções designadas nas suas credenciaes, os funccionarios ordinarios têm attribuições que lhes podem conferir as leis ou decretos dos respectivos paizes. Elles deverão exercer as suas attribuições sem entrar em conflicto com as leis do paiz onde estiverem acreditados.

ARTIGO 5º

    Todo Estado pode confiar a sua representação perante um ou mais Governos a um só funccionario diplomatico.

    Varios Estados podem confiar a um só funccionario diplomatico a sua representação noutro Estado.

ARTIGO 6º

    Os funccionarios diplomaticos autorizados para este fim, pelos seus Governos, podem, com o consentimento do Governo local, e a pedido de um Estado não representado junto a este por um funccionario ordinario, assumir perante o mesmo Governo a defesa temporaria ou accidental dos interesses do dito Estado.

ARTIGO 7º

    Os Estados são livres na escolha dos seus funccionarios diplomaticos; mas, não poderão investir nessas funcções nacionaes do Estado em que a missão deve actuar, sem o consentimento deste.

ARTIGO 8º

    Nenhum Estado poderá acreditar os seus funccionarios diplomaticos ante os outros Estados, sem prévio accôrdo com estes.

    Os Estados podem negar-se a admittir um funccionario diplomatico de outros, ou, já tendo admittido, pedir a sua retirada, sem ficarem obrigados a explicar os motivos da sua resolução.

ARTIGO 9º

    Os funccionarios diplomaticos extraordinarios gozam das mesmas prerogativas e immunidades que os ordinários.

SECÇÃO II

DO PESSOAL DAS MISSÕES

ARTIGO 10

    Cada missão terá o pessoal determinado pelo seu Governo.

ARTIGO 11

    Os funccionarios diplomaticos, quando se ausentem do lugar em que exercem as suas funcções ou se encontrem na impossibilidade de as desempenhar, serão substituidos interinamente pela pessoa designada para esse effeito pelo seu Governo.

SECÇÃO III

DOS DEVERES DOS FUNCCIONARIOS DIPLOMATICOS

ARTIGO 12

    Os funccionarios diplomaticos estrangeiros não poderão intervir na politica interna ou externa do Estado em que exerçam as suas funcções.

ARTIGO 13

    Os funccionarios diplomaticos deverão dirigir-se, nas suas communicações officiaes, ao Ministro das Relações Exteriores ou Secretario de Estado do paiz onde estiverem acreditados. As communicações ás demais autoridades deverão tambem fazer-se por meio do dito Ministro ou Secretario.

SECÇÃO IV

DAS IMUNIDADES E PREROGATIVAS DOS FUNCCIONARIOS DIPLOMATICOS

ARTIGO 14

    Os funccionarios diplomaticos serão inviolaveis, na sua pessoa, residencia particular ou official e bens. Essa inviolabilidade se estende:

    a) a todas as classes de funccionarios diplomaticos;

    b) a todo o pessoal official da missão diplomatica;

    c) aos membros da respectiva família, que vivam sob o mesmo tecto;

    d) aos papeis, archivos e correspondencia da missão.

ARTIGO 15

    Os Estados deverão conceder aos funccionarios diplomaticos toda sorte de facilidades, para o desempenho das suas funcções, e, especialmente, para que se possam communicar livremente com os seus Governos.

ARTIGO 16

    Nenhum funccionario ou agente judicial ou administrativo do Estado no qual o funccionario diplomatico está acreditado poderá entrar no domicilio deste ou no local da missão, sem o seu consentimento.

ARTIGO 17

    Os funccionarios diplomaticos são obrigados a entregar á autoridade local competente, que o requeira, o accusado ou condemnado por delicto commum, refugiado na missão.

ARTIGO 18

    Os funccionarios diplomaticos serão isentos, no Estado onde se acharem acreditados:

    1. De todos os impostos pessoaes, sejam nacionaes ou locaes;

    2. De todos os impostos territoriaes sobre o edificio da missão, quando este pertencer ao Governo respectivo;

    3. Dos direitos aduaneiros sobre os objectos destinados ao uso official da missão, ou ao uso pessoal do funccionario diplomatico ou de sua familia.

ARTIGO 19

    Os funccionarios diplomaticos estão isentos de toda jurisdicção civil ou criminal do Estado ante o qual se acham acreditados, não podendo, salvo no caso em que, devidamente autorizados pelo seu Governo, renunciem á immunidade, ser processados e julgados senão pelos tribunaes do seu Estado

ARTIGO 20

    A immunidade da jurisdicção sobrevive aos funccionarios diplomaticos, no que se refere ás acções que com a mesma se relacionam. Não pode, comtudo, ser invocada em relação ás outras, senão emquanto durem as suas funcções.

ARTIGO 21

    As pessoas que gozem de immunidade de jurisdicção podem recusar-se a comparecer, como testemunhas, perante os tribunaes territoriaes.

ARTIGO 22

    Os funccionarios diplomaticos entram no gozo de suas immunidades, desde o momento em que passam a fronteira do Estado onde vão servir e dão a conhecer a sua categoria.

    As immunidades conservam-se durante o tempo em que a missão esteja suspensa e ainda depois de terminada, pelo tempo que seja necessario para que o funccionario diplomatico se possa retirar com a missão.

ARTIGO 23

    As pessoas que façam parte da missão gozarão tambem das mesmas immunidades e prerogativas nos Estados que atravessarem para chegar ao seu posto ou regressar á sua patria, ou naquelle em que, accidentalmente, se encontrem, durante o exercicio das suas funcções, e a cujo Governo tenham dado a conhecer a sua categoria.

ARTIGO 24

    No caso de fallecimento do funccionario diplomatico, sua familia continuará no gozo das immunidades, por um prazo razoavel, até que abandone o Estado onde se encontre.

SECÇÃO V

DO FIM DA MISSÃO DIPLOMATICA

ARTIGO 25

    Os funccionarios diplomaticos cessam a sua missão:

    1. Pela notificação official do Governo do funccionario, ao outro Governo, de que cessaram as funcções do dito funccionario;

    2. Por ter expirado o prazo para o cumprimento da missão;

    3. Pela solução do assumpto, se a missão tiver sido criada para uma questão determinada;

    4. Pela entrega dos passaportes ao funccionario, feita pelo Governo perante o qual esteja acreditado;

    5. Pelo pedido dos seus passaportes, feito a este pelo funccionario.

    Nos casos acima mencionados, conceder-se-á um prazo razoavel ao funccionario diplomatico, ao pessoal official da missão e ás respectivas familias, para que abandonem o territorio do Estado, sendo dever do Governo, ante o qual esteve o funccionario acreditado, velar, durante esse tempo, por que nenhum delles seja incommodado, nem prejudicado na sua pessoa ou bens.

    O fallecimento ou a renuncia do Chefe de Estado, assim como a mudança de Governo ou de regimen politico de qualquer dos paizes, não porá fim á missão dos funccionarios diplomaticos.

ARTIGO 26

    A presente Convenção não attinge os compromissos tomados anteriormente pelas partes contractantes, em virtude de accôrdo internacional.

ARTIGO 27

    A presente Convenção, depois de assignada, será submettida ás ratificações dos Estados signatarios. O Governo de Cuba fica encarregado de enviar cópias devidamente authenticadas aos Governos, para os fins da ratificação. O instrumento de ratificação será depositado nos archivos da União Panamericana, em Washington, a qual communicará esse deposito aos outros Governos signatarios; tal notificação equivalerá a uma ratificação. Esta Convenção ficará aberta á adhesão dos Estados não signatarios.

    Em fé do que, os plenipotenciarios mencionados assignam a presente convenção, em espanhol, inglez, francez e portuguez, na cidade de Havana, no dia 2 de Fevereiro de 1928.

    CONVENÇÃO

    (AGENTES CONSULARES)

Os Governos das Republicas representadas na Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada na cidade de Havana, Republica de Cuba, no anno de mil novecentos e vinte e oito, desejosos de definir os deveres, direitos, prerogativas e immunidades dos agentes consulares, de accôrdo com a praxe e os convenios sobre o assumpto,

    Resolveram celebrar uma Convenção para este fim, e nomearam plenipotenciarios os seguintes Senhores:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Victor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

EQUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MEXICO:

    Julio García, Fernando Gonzáles Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vásquez.

COSTA RICA:

    Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espinola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunciou posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITÍ:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPUBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W. Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Aguero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Os quaes, depois de haverem depositado os seus plenos poderes, achados em boa e devida forma, accordaram nas seguintes disposições:

SECÇÃO I

DA NOMEAÇÃO E DAS ATTRIBUÇÕES

ARTIGO 1º

    Os Estados podem nomear no territorio dos outros, com o expresso ou tacito consentimento destes, consules que representem e defendam ali os seus interesses commerciaes e industriaes, e prestem aos seus nacionaes a assistencia e protecção de que necessitem.

ARTIGO 2º

    A forma e requisitos para serem nomeados e as classes e categorias dos consules serão regulados pelo direito interno do respectivo Estado.

ARTIGO 3º

    Sem o consentimento do Estado onde deva servir, não pode ser reconhecido como consul um dos seus nacionaes. A concessão do exequatur suppre a autorização.

ARTIGO 4º

    Nomeado o consul, o Estado remetterá ao outro, pela via diplomatica, a respectiva patente, que conterá o nome, categoria e attribuições do nomeado.

    Tratando-se de um vice-consul ou agente commercial nomeado pelo respectivo consul, nos casos autorizados pela respectiva lei, a patente será expedida e communicada a este.

ARTIGO 5º

    Os Estados podem não acceitar os consules nomeados para o seu territorio, ou subordinar o exercicio das funcções consulares a obrigações especiaes.

ARTIGO 6º

    O consul não pode ser reconhecido como tal, senão depois de ter apresentado a sua patente e obtido o exequatur do Estado em cujo territorio vai servir.

    O reconhecimento provisorio poderá ser concedido a pedido da Legação do paiz do consul, até que seja outorgado o exequatur na devida forma.

    Estão igualmente sujeitos a esta formalidade os funccionarios nomeados nos termos do artigo 4º e compete em tal caso ao respectivo consul solicitar o exequatur.

ARTIGO 7º

    Obtido o exequatur, este será apresentado ás autoridades do districto consular, que protegerão o consul no exercicio das suas funções e lhe garantirão as immunidades a que tiver direito.

ARTIGO 8º

    O Governo territorial pode, em qualquer momento, retirar o exequatur ao consul; mas, salvo caso de urgencia, não recorrerá a este meio sem antes tentar obter do Governo do consul a sua retirada.

ARTIGO 9º

    No caso de morte, incapacidade ou ausencia dos agentes consulares, qualquer dos empregados auxiliares, cujo car cter official se tenha feito conhecer antecipadamente ao Ministerio das Relações Exteriores ou á Secretaria de Estado, poderá desempenhar provisoriamente, as funcções consulares, e, emquanto as desempenhe, gozará de todos os direitos e prerogativas correspondentes ao titular.

ARTIGO 10

    Os consules exercerão as attribuições que lhes conferir a lei do seu Estado, sem detrimento da legislação do Estado onde desempenhem a sua missão.

ARTIGO 11

    Os consules entender-se-ão officialmente com as autoridades do seu districto, no exercicio das suas attribuições. Se as suas solicitações não forem attendidas, elles poderão, por meio do funccionario diplomatico da sua nação, continuar as suas solicitações perante o Governo do Estado, não se devendo communicar directamente com este, a não ser na ausencia do funccionario diplomatico.

ARTIGO 12

    Na falta do funccionario diplomatico do Estado do consul, este poderá realizar os actos diplomaticos que, em taes casos, permitta o Governo do Estado em que esteja situado o consulado.

ARTIGO 13

    Uma mesma pessoa poderá, no caso em que seja acreditada devidamente para esse effeito, accumular a representação diplomatica e a funcção consular, uma vez que o consinta o Estado ante o qual seja acreditada.

SECÇÃO II

DAS PREROGATIVAS DOS CONSULES

ARTIGO 14

    Na falta de convenio especial entre duas nações, os agentes consulares nacionaes do Estado que os nomeia não poderão ser detidos, nem processados, senão nos casos de serem acusados de algum facto qualificado de delicto pela legislação local.

ARTIGO 15

    Nas causas criminaes, poderá pedir-se, pela accusação ou a defesa, a assistencia em juizo, como testemunhas, dos agentes consulares. Esse pedido se fará com toda a consideração possivel á dignidade consular e aos deveres do cargo, e será cumprido por parte do funccionario consular.

    Nos assumptos civeis, os agentes consulares estarão sujeitos á jurisdicção dos tribunaes, com a limitação, todavia, de que, quando o consul fôr nacional do seu Estado e não se dedicar a nenhum negocio privado com fins de lucro, a sua declaração lhe será tomada, verbalmente ou por escripto, na sua residencia ou escriptorio e com a devida consideração.

    O consul poderá, comtudo, voluntariamente, prestar declarações, como testemunha, quando isso lhe não occasione serios transtornos no desempenho dos seus deveres officiaes.

ARTIGO 16

    Os consules não estão sujeitos á jurisdicção local pelos actos executados com caracter official, nos limites da sua competencia. No caso em que um particular se considere prejudicado pela acção do consul, elle apresentará a sua reclamação perante o Governo, o qual, se a considerar procedente, a fará valer pela via diplomatica.

ARTIGO 17

    Quanto aos actos não officiaes, os consules estão sujeitos, tanto em materia civil, quanto em materia criminal, á jurisdicção do Estado onde exercem as suas funcções.

ARTIGO 18

    A residencia offìcial dos consules e os lugares occupados pela chancellaria e archivos consulares são inviolaveis, e em nenhum caso poderão as autoridades locaes entrar nelles sem licença dos agentes consulares, nem examinar os documentos ou objectos que se encontrem em uma chancellaria consular, nem delles se apoderar, sob pretexto algum. Nenhum funccionario consular poderá, tão pouco, ser solicitado para que apresente os archivos officiaes perante os tribunaes ou preste declarações a respeito do seu conteúdo.

    Quando os agente, consulares se dediquem a algum negocio no territorio do Estado onde exerçam as suas funções, o archivo do consulado e os documentos referentes ao mesmo conservar-se-ão em local completamente separado daquelle em que os ditos agentes aguardem os seus papeis particulares ou de negocios.

ARTIGO 19

    Os consules estão obrigados a entregar, á simples requisição das autoridades locaes, os accusados ou condemnados por delicto e que se refugiem no consulado.

ARTIGO 20

    Tanto os agentes consulares, quanto os empregados de um consulado, nacionaes de um Estado que os nomeie, que se não dediquem a negocios, com fins de lucro, no Estado onde desempenhem as suas funcções, estão isentos de toda contribuição nacional do Estado, da provincia ou do municipio, imposta á sua pessoa ou bens, excepto da que recaia sobre a posse ou propriedade de bens immoveis situados no Estado em que exerça as suas funcções ou sobre os productos dos mesmos. Os agentes consulares e empregados nacionaes do Estado que representam estão isentos de impostos sobre os ordenados, honorarios ou diarias recebidos por elles em retribuição dos seus serviços consulares.

ARTIGO 21

    O empregado que substituir o agente consular, na sua ausencia ou por outro motivo, gozará, durante a sua interinidade, das mesmas immunidades e prerogativas.

ARTIGO 22

    Os consules que se dediquem ao commercio ou exerçam outras funcções, differentes das que correspondam aos seus deveres consulares, estarão sujeitos á jurisdicção local, em todas as suas actividades que se não refiram ao serviço consular.

SECÇÃO III

DA SUSPENSÃO E FIM DAS FUNCÇÕES CONSULARES

ARTIGO 23

    Os agentes consulares suspendem as suas funcções por enfermidade ou licença, e as terminam:

    a) por morte;

    b) por aposentadoria, retirada ou demissão; e

    c) por annullação do exequatur.

ARTIGO 24

    A presente Convenção não attinge os compromissos anteriores tomados pelas partes contractantes, em virtude de accôrdo internacional.

ARTIGO 25

    A presente Convenção, depois de assignada, será submettida ás ratificações dos Estados signatarios. O Governo de Cuba fica encarregado de enviar cópias, devidamente authenticadas, aos Governos, para os referidos fìns da ratificação. O instrumento de ratificação será depositado nos archivos da União Panamericana, em Washington, a qual notificará esse deposito aos Governos signatarios; tal notificação equivalerá a uma troca de ratificações. Esta Convenção ficará aberta á adhesão dos Estados não signatarios.

    Em fé do que, os plenipoteneiarios mencionados assignam a presente Convenção, em inglez, espanhol, francez e portuguez, na cidade de Havana, no dia 20 de Fevereiro de 1928.

RESERVA DA DELEGAÇÃO DA VENEZUELA

    Em nome do Governo que represento, formulo uma reserva referente á coincidencia de funcções diplomaticas e consulares em uma mesma pessoa, porque é completamente contraria á nossa tradição, mantida, desde o seu estabelecimento até a presente data, em forma que não admitte transformação alguma.

CONVENÇÃO

(ASYLO)

    Desejosos os Governos dos Estados da America de fixar as regras que se devem observar para a concessão de asylo nas suas mutuas relações, concordaram em estabelecê-las numa Convenção, e, para esse fim, nomearam como Plenipotenciarios:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Victor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

EQUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MEXICO:

    Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Bel tranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H, Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vásquez.

COSTA-RICA:

    Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espinola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunciou posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITÍ:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPUBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Perez Alfonseca, Jacintho R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W.

    Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Henrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina,

    Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Os quaes, depois de haverem trocado os seus respectivos poderes, achados em boa e devida forma, convieram no seguinte:

ARTIGO 1º

    Não é licito aos Estados dar asylo em legações, navios de guerra, acampamentos ou aeronaves militares, a pessoas accusadas ou condemnadas por delictos communs, nem a desertores de terra e mar.

    As pessoas accusadas ou condemnadas por delictos communs, que se refugiarem nalgum dos lugares assignalados no paragrapho precedente, deverão ser entregues, logo que o requeira o governo local.

    Se as ditas pessoas se refugiarem em territorio estrangeiro, a entrega effectuar-se-á mediante extradição, e somente nos casos e na forma que estabeleçam os respectivos tratados e convenções ou a Constituição e leis do paiz de refugio.

ARTIGO 2º

    O asylo dos criminosos politicos em legações, navios de guerra, acampamentos ou aeronaves militares, será respeitado na medida em que, como um direito ou por tolerancia humanitaria, o admittirem o uso, as convenções ou as leis do paiz de refugio e de accôrdo com as seguintes disposições:

    1º O asylo não poderá ser concedido senão em casos de urgencia e pelo tempo estrictamente indispensavel para que o asylado se ponha, de qualquer outra maneira, em segurança.

    2º O agente diplomatico, commandante do navio de guerra, acampamento ou aeronave militar, immediatamente depois de ter concedido o asylo o communicará ao Ministro das Relações Exteriores do Estado do asylado, ou á autoridade administrativa do lugar, se o facto occorrer fora da capital.

    3º O Governo do Estado poderá exigir que o asylado seja posto fora do territorio nacional dentro do mais breve prazo; e o agente diplomatico do paiz que tenha concedido o asylo poderá, por sua vez, exigir as garantias necessarias para que o refugiado saia do paiz, respeitando-se a inviolabilidade da sua pessoa.

    4º Os asylados não poderão ser desembarcados em ponto algum do territorio nacional, nem em lugar que lhe esteja muito proximo.

    5º Emquanto o asylo durar, não se permittirá aos asylados pratiquem actos contrarios á tranquillidade publica.

    6º Os Estados não estão obrigados a pagar as despesas effectuadas por aquelle que concede o asylo.

ARTIGO 3º

    A presente Convenção não prejudica os compromissos tomados anteriormente pelas partes contractantes, em virtude de accôrdos internacionaes.

ARTIGO 4º

    A presente Convenção, depois de assignada, será submettida ás ratificações dos Estados signatarios. O governo de Cuba fica encarregado de enviar cópias devidamente authenticadas aos governos, para os fins da ratificação. O instrumento de ratificação será depositado no archivo da União Panamericana, em Washington, a qual notificará esse deposito aos governos signatarios; essa notificação equivalerá á troca de ratificações. Esta Convenção ficará aberta á adhesão dos Estados não signatarios.

    Em fé do que, os mencionados plenipotenciarios assignam a presente Convenção em espanhol, inglez, francez e portuguez, na cidade de Havana, no dia 20 de Fevereiro do 1928.

RESERVA DA DELEGAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

    Os Estados Unidos da America, ao assignarem a presente Convenção, fazem expressa reserva, declarando que os Estados Unidos não reconhecem nem subscrevem a chamada doutrina de asylo, como parte do Direito Internacional.

CONVENÇÃO

(DEVERES E DIREITOS DOS ESTADOS NOS CASOS DE LUCTAS CIVIS)

    Os Governos das Republicas representadas na Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada na cidade de Havana, Republica de Cuba, no anno de 1928, desejosos de chegar a um accôrdo no que concerne aos Deveres e Direitos dos Estados nos casos de luctas civis, nomearam como seus plenipotenciarios:

PERÚ:

    Jesús Melquiades Salazar, Victor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

URUGUAY:

    Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

PANAMÁ:

    Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

EQUADOR:

    Gonzalo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

MEXICO:

    Julio García, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

SALVADOR:

    Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

GUATEMALA:

    Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia.

NICARAGUA:

    Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

BOLIVIA:

    José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

VENEZUELA:

    Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes Rafael Angel Arraiz.

COLOMBIA:

    Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérrez Lee.

HONDURAS:

    Fausto Dávila, Mariano Vásquez.

COSTA-RICA:

    Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco.

CHILE:

    Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

BRASIL:

    Raúl Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espínola.

ARGENTINA:

    Honorio Pueyrredón (renunciou posteriormente), Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

PARAGUAY:

    Lisandro Díaz León.

HAITÍ:

    Fernando Dennis, Charles Riboul.

REPUBLICA DOMINICANA:

    Francisco J. Peynado, Gustavo A. Diaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA:

    Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Fletcher, Oscar Underwood, Dwight W.

    Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

CUBA:

    Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Os quaes, depois de haverem trocado os seus plenos poderes, achados em boa e devida forma, convieram no seguinte:

ARTIGO 1º

    Os Estados contractantes obrigam-se a observar as seguintes regras, em caso de lucta civil em qualquer outro desses Estados:

    1º Empregar os meios ao seu alcance para evitar que os habitantes do seu territorio, nacionaes ou estrangeiros, tomem parte, reunam elementos, passem a fronteira ou se embarquem no seu territorio para iniciar ou fomentar uma lucta civil.

    2º Desarmar ou internar toda força rebelde que transponha as suas fronteiras, sendo os gastos de internamento por conta do Estado onde a ordem tiver sido alterada. As armas encontradas em poder dos rebeldes poderão ser apprehendidas pelo governo do paiz de refugio, para as devolver, uma vez terminada a contenda, ao Estado em lucta civil.

    3º Prohibir o tráfico de armas e material de guerra, excepto quando sejam destinados ao governo, emquanto não estiver reconhecida a belligerancia dos rebeldes, caso em que se applicarão as regras da neutralidade.

    4º Evitar que na sua jurisdicção se equipe, arme ou adapte a uso bellico qualquer embarcação destinada a operar em favor da rebellião.

ARTIGO 2º

    A qualificação de pirataria, emanada de um paiz, contra navios armados em guerra, não obriga aos demais Estados.

    O Estado que fôr offendido por depredações commettidas por navios insurrectos tem o direito de adoptar contra estes as seguintes medidas punitivas: Se os causadores do acto lesivo forem navios de guerra, poderão capturá-los para os entregar ao governo do Estado a que pertençam, o qual os julgará; se os damnos provierem de barcos mercantes, o Estado offendido poderá capturá-los e applicar-lhes as leis penaes que caibam no caso.

    O navio insurrecto, seja de guerra ou mercante, que arvore bandeira de um Estado estrangeiro para encobrir os seus actos, poderá tambem ser capturado e julgado pelo Estado a que pertencer a dita bandeira.

ARTIGO 3º

    O navio insurrecto, de guerra ou mercante, equipado pela rebellião, que chegue a um paiz estrangeiro ou procure refugio nelle, será entregue pelo governo deste ao governo constituido do paiz em lucta civil e os tripulantes serão considerados como refugiados politicos.

ARTIGO 4º

    A presente Convenção não attinge os compromissos tomados anteriormente pelas Partes contractantes em virtude de accordos internacionaes.

ARTIGO 5º

    A presente Convenção, depois de assignada, será submettida á ratificação dos Estados signatarios. O governo de Cuba fica encarregado de enviar cópias devidamente authenticadas aos governos para os fins de ratificação. O instrumento de ratificação será depositado nos archivos da União Panamericana em Washington, a qual notificará esse deposito aos governos signatarios; essa notificação equivalerá a uma troca de ratificações. Esta Convenção ficará aberta á adhesão dos Estados não signatarios.

    Em fé do que, os mencionados plenipotenciarios assignam a presente Convenção, em espanhol, inglez, francez e portuguez, na cidade da Havana, no dia 20 de Fevereiro de 1928.