O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

     Tendo sanccionado, pelo decreto n. 5.647, de 8 de Janeiro de 1929, a resolução do Congresso Nacional que approvou a Convenção de direito internacional privado, adoptada pela Sexta Conferencia internacional americana, reunida em Havana, e assignada a 20 de Fevereiro de 1928; e havendo-se effectuado o deposito do instrumento brasileiro de ratificação da dita Convenção, na Secretaria da União Panamericana, em Washington, a 3 de Agosto corrente;

      Decreta que a mesma Convenção, appensa, por cópia, ao presente decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nella se contém.

Rio de Janeiro, 13 de Agosto de 1929, 108º da Independencia e 41º da Republica.

WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA
Octavio Mangabeira

 

WASHINGTON LUIS PEREIRA DE SOUSA
    PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

     Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que, na Sexta Conferencia Internacional Americana, reunida na cidade de Havana, foi approvada e assignada pelos Plenipotenciarios dos Estados Unidos do Brasil, aos vinte dias do mez de Fevereiro de mil novecentos e vinte e oito, uma Convenção de direito internacional privado, do teor seguinte:

CONVENCION

(DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO)

    LOS PRESIDENTES DE LAS REPÚBLICAS DE PERÚ, DE URUGUAY, DE PANAMÁ, DE ECUADOR, DE MÉXICO, DE EL SALVADOR, DE GUATEMALA, DE NICARAGUA, DE BOLIVIA, DE VENEZUELA: DE COLOMBIA, DE HONDURAS, DE COSTA RICA, DE CHILE, DE BRASIL, DE ARGENTINA, DE PARAGUAY, DE HAITI, DE REPÚBLICA DOMINICANA, DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y DE CUBA,

    Deseando que sus países respectivos estuvieran representados en la Sexta Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenios y tratados que juzgaren útiles a los intereses de América, los siguientes señores Delegados:

    PERÚ:

     Jesús Melquiades Salazar, Víctor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

    URUGUAY:

     Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leonel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

    PANAMÁ:

     Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

    ECUADOR:

     Gonzalo Zaldumbide, Víctor Zevallos, Colón Eloy Alfaro.

    MÉXICO:

     Julio Garcia, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

    EL SALVADOR:

     Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

    GUATEMALA:

     Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranena, José Azurdia.

    NICARAGUA:

     Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

    BOLIVIA:

     José Antezana, Adolpho Costa du Rels.

    VENEZUELA:

     Santiago Key Ayala, Francisco Gerardo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

    COLOMBIA:

     Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiérres Lee.

    HONDURAS:

     Fausto Dávila, Mariano Vázquez.

    COSTA RICA:

     Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco.

    CHILE:

     Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vildósola, Manuel Bianchi.

    BRASIL:

     Raúl Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Correa, Eduardo Espínola.

    ARGENTINA:

     Honorio Pueyrredón, Laureutino Olascoaga, Felipe A. Espil.

    PARAGUAY:

     Lisandro Díaz León.

    HAITI:

     Fernando Dennis, Charles Riboul.

    REPÚBLICA DOMINICANA:

     Francisco J. Peypado, Gustavo A. Díaz, Elías Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

    ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

     Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Heury P. Fletcher, Oscar W. Underwood, Dwight W.

Morrow, Morgan J. O'Brien, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

    CUBA:

     Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Arístides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús María Barraqué.

    Los cuates, después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:

    Artículo Primero. Las Repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado anexo al presente Convenio.

    Artículo Segundo. Las disposiciones de este Código no serán aplicables sino entre las Repúblicas contratantes y entre los demás Estados que se adhieran a él en la forma que más adelante se consigna.

    Artículo Tercero. Cada una de las Repúblicas contratantes, al ratificar el presente Convenio, podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del Código anexo y no la obligaráu las disposiciones a que la reserva se refiera.

    Artículo Cuarto. El Código entrará en vigor para las Repúblicas que lo ratifiquen, a los treinta días del depósito de la respectiva ratifìcación y siempre que por lo menos lo hayan ratificado dos.

    Artículo Quinto. Las ratificaciones se depositarán en la Oficina de la Unión Panamericana, que trasmitirá copia de ellas a cada una de las Repúblicas contratantes.

    Artículo Sexto. Los Estados o personas jurídicas internacionales no contratantes que deseen adherirse a este Convenio y en todo o en parte al Código anexo, lo notificarán a la Oficina de la Unión Panamericana, que a su vez lo comunicará a todos los Estados hasta entonces contratantes o adheridos. Transcurridos seis meses desde esa comunicación, el Estado o persona jurídica internacional interesados podrá depositar en la Oficina de la Unión Panamericana el instrumento de adhesión y quedará ligado por este Convenio, con carácter recíproco, treinta días después de la adhesión, respecto de todos los regidos por el mismo que no hayan hecho en esos plazos reserva alguna en cuanto a la adhesión solicitada.

    Artículo Séptimo. Cualquiera República Americana ligada por este Convenio que desee modificar en todo o en parte el Código anexo, presentará la proposición correspondente a la Conferencia Internacional Americana para la resolución que proceda.

    Artículo Octavo. Si alguma de las personas jurídicas internacionales contratantes o adheridas quisiera denunciar el presente Convenio, notificará la denuncia por escrito a la Unión Panamericana, la cual trasmitirá inmediatamente copia literal certificada de la notifìcación a las demás, dándoles a conocer la fecha en que la ha recibido. La denuncia no surtirá efecto sino respecto del contratante que la haya notificado y al año de recibida, en la Oficina de la Unión Panamericana.

    Artículo Noveno. La Oficina de la Unión Panamericana llevará un registro de las fechas de recibo de ratificaciones y recibo de adhesiones y denuncias, y expedirá copias certificadas de dicho Registro a todo contratante que lo solicite.

    En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman el presente Convenio y ponen en él el sello de la Sexta Conferencia Internacional Americana.

    Hecho en la ciudad de la Habana, República de Cuba, el día veinte de febrero de mil novecientos veintiocho, en cuatro ejemplares escritos respectivamente en castellano, inglês, francés y portugués que se depositarán en la Oficina de la Unión Panamericana a fin de que envie una copia certificada de todos a cada una de las Repúblicas signatarias.

    CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

    TITULO PRELIMINAR

    Reglas generales

    Artículo 1. Los extranjeros que pertenezean a cualquiera de los Estados contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales.

    Cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás y cualquiera de esos Estados puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero.

    Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquira de los Estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezean la Constitución y las leyes.

    Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al derecho de sufragio y a otros derechos políticos.

    Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes:

    I. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aúnque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno.

    II. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional.

    III. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado.

    Artículo 4. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional.

    Artículo 5. Todas las reglas de protección individual y colectiva, establecidas por el Derecho político y el administrativo son también de orden público internacional, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo contrario.

    Artículo 6. En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo 3.

    Artículo 7. Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior.

    Artículo 8. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional.

    LIBRO PRIMERO

Derecho civil internacional

    TITULO PRIMERO

De las personas

CAPITULO I

NACIONALIDAD Y NATURALIZACIÓN

    Artículo 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado. En los demás casos, regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo.

    Artículo 10. A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté interesado el Estado en que se debaten, se aplicará la ley de aquella de las nacionalidades discutidas en que tenga su domicilio la persona de que se trate.

    Artículo 11. A falta de ese domicilio se aplicarán al caso previsto en el artículo anterior los principios aceptados por la ley del juzgador.

    Artículo 12. Las cuestiones sobre adquisición individual de una nueva nacionalidad se resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida.

    Artículo 13. A las naturalizaciones colectivas en el caso de independencia de un Estado se aplicará la ley del Estado nuevo, si ha sido reconocido por el Estado juzgador, y en su defecto la del antiguo, todo sin prejuicio de las estipulaciones contractuales entre los dos Estados interesadoss, que serán siempre preferentes.

    Artículo 14. A la pérdida de la nacionalidad debe aplicarse la ley de la nacionalidad perdida.

    Artículo 15. La recuperación de la nacionalidad se somete a la ley de la nacionalidad que se recobra.

    Artículo 16. La nacionalidad de origen de las Corporaciones y de las Fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice o apruebe.

    Artículo 17. La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en que se constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si exigiere ese requisito la legislación local.

    Artículo 18. Las sociedades civiles, mercantiles o industriales que no sean anónimas, tendrán la nacionalidad que establezca el. contrato social y, en su caso, la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o dirección principal.

    Artículo 19. Para las sociedades anónimas se determinará la nacinalidad por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reuna normalmente la junta general de accionistas y, en su defecto, por la del lugar en que radique su principal Junta o Consejo directivo o administrativo.

    Artículo 20. El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanía territorial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por la nueva.

    Si cambiare la soberanía territorial, en el caso de independencia, se aplicará la regla establecida en el artículo trece para las naturalizaciones colectivas.

    Artículo 21. Las disposiciones del artículo 9 en cuanto se refieran a personas jurídicas y las de los artículos 16 a 20, no serán aplicadas en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas.

CAPITULO II

DOMICILIO

    Artículo 22. El concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de Ias personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial.

    Artículo 23. El domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su Gobierno o para estudios científicos o artísticos, será el último que hayan tenido en su territorio nacional.

    Artículo 24. El domicilio legal del jefe de la familia se extiende a la mujer y los hijos no emancipados, y el del tutor o curador o los menores o incapacitados bajo su guarda, si no dispone lo contrario la legislación personal de aquellos a quienes se atribuye el domicilio de otro.

    Artículo 25. Las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o jurídicas se resolverán de acuerdo con la ley del Tribunal si fuere el de uno de los Estados interesados, y en su defecto por la del lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio.

    Artículo 26. Para las personas que no tengan domicilio se entenderá como tal el de su residencia, o en donde se encuentre.

CAPITULO III

NACIMIENTO, EXTINCIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA PERSONALIDAD CIVIL

SECCIÓN I

DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES

    Artículo 27. La capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal, salvo las restricciones estabelecidas para su ejercicio por este Código o por el derecho local.

    Artículo 28. Se aplicará la ley personal para decidir si el nacimiento determina la personalidad y si al concebido se le tiene por nacido para todo lo que le sea favorable, así como para la viabilidad y los efectos de la prioridad del nacimiento en el caso de partos dobles o múltiples.

    Artículo 29. Las presunciones de supervivencia o de muerte simultánea en defecto de prueba regulam por la ley personal de cada uno de los fallecidos en cuanto a su respectiva sucesión.

    Artículo 30. Cada Estado aplica su propia legislación para declarar extinguida la personalidad civil por la muerte natural de las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las personas jurídicas, así como para decidir si la menor edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de la personalidade, que permiten derechos y aún ciertas obligaciones.

SECCIÓN II

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

    Artículo 31. Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los demás, sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el derecho local.

    Artículo 32. El concepto y reconocimiento de las personas jurídicas se regirán por la ley territorial.

    Artículo 33. Salvo las restricciones establecidas en los dos artículos anteriores, la capacidad civil de las Corporaciones se rige por la ley que las hubiere creado o reconocido; la de las fundaciones por las reglas de su institución, aprobadas por la autoridad correspondiente si lo exigiere su derecho nacional,

    y la de las asociaciones por sus estatutos, en iguales condiciones.

    Artículo 34. Con iguales restricciones, Ia Capacidad civil de las sociedades civiles, mercantiles o industriales se rige por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

    Artículo 35. La ley local se aplica para atribuir los bienes, de las personas jurídicas que dejan de existir, si el caso no está previsto de otro modo en sus estatutos, cláusulas fundacionales o en el derecho vigente respecto de Ias sociedades.

CAPITULO IV

DEL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO

SECCIÓN I

CONDICIONES JURÍDICAS QUE HAN DE PRECEDER A LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

    Artículo 36. Los contrayentes estarán sujetes a su ley personal en todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa.

    Artículo 37. Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime suficientes la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de apreciación.

    Artículo 38. La legislación local es aplicable a los extranjeros en cuanto a los impedimentos que por su parte establezca y que no sean dispensables, a la forma del consentimiento a la fuerza obligatoria o no de los esponsales, a la oposición al matrimonio, a la obligación de denunciar los impedimentos y las consecuencias civiles de la denuncia falsa, a la forma de las diligencias preliminares y a la autoridad competente para celebrarlo.

    Artículo 39. Se rige por la ley personal común de las partes y, en su defecto, por el derecho local, la obligación o no de indemnización por la promesa de matrimonio incumplida o por Ia publicación de proclamas en igual caso.

    Artículo 40. Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por extranjeros, que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto de los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya disuelto el matrimonio de uno de ellos y a la misma prohibición respecto al responcable de atentado a Ia vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente, o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable.

SECCIÓN II

DE LA FORMA DEL MATRIMONIO

    Artículo 41. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, el matrimonio celebrado en la que establezean como eficaz las leyes del país en que se efectúe. Sin embargo, los Estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa, podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma.

    Artículo 42. En los países en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes, se ajustarán a su ley personal sin perjuicio de que les sean aplicables las disposiciones del artículo cuarenta.

SECCIÓN III

EFECTOS DEL MATRIMONIO EN CUANTO A LAS PERSONAS DE LOS CÓNYUGES

    Artículo 43. Se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y, si fuera diverso, el del marido, en lo que toque a los deberes respectivos de protección y obediencia, a la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando cambie de residencia, a la disposición y administración de los bienes comunes y a los demás efectos especiales del matrimonio.

    Artículo 44. La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y su comparecencia em juicio.

    Artículo 45. Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrese mutuamente.

    Artículo 46. También se aplica imperativamente el derecho local que prive de efectos civiles al matrimonio del bígamo.

SECCIÓN IV

NULIDAD DEL MATRIMONIO Y SUS EFECTOS

    Artículo 47. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive.

    Artículo 48. La coacción, el miedo y el rapto como causas de nulidad del matrimonio se rigen por la ley del lugar de la celebración.

    Artículo 49. Se aplicará la ley personal de ambos cónyuges, si fuere común; en su defecto la del cónyuge que haya obrado de buena fe, y, a falta de ambas, la del varón, a las reglas sobre el cuidado de los hijos de matrimonios nulos, en los casos en que no puedan o no quieran estipular nada sobre esto los padres.

    Artículo 50. La propia ley personal debe aplicarse a los demás efectos civiles del matrimonio nulo, excepto los que ha de producir respecto de los bienes de los cónyuges, que seguirán la ley del régimen económico matrimonial.

    Artículo 51. Son de orden público internacional las reglas que señalan los efectos judiciales de la demanda de nulidad.

SECCIÓN V

SEPARACIÓN DE CUERPOS Y DIVORCIO

    Artículo 52. El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no domicilio si no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges.

    Artículo 53. Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero, en casos, con efectos o por causas que no admita su derecho personal.

    Artículo 54. Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que em él estén domiciliados los cónyuges.

    Artículo 55. La ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto de los cónyuges y de los hijos.

    Artículo 56. La separación de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los artículos que preceden, surten efectos civiles de acuerdo con la legislación del Tribunal que los otorga, en los demás Estados contratantes, salvo lo dispuesto en el artículo cinquenta y tres.

CAPITULO V

PATERNIDAD Y FILIACIÓN

    Artículo 57. Son reglas de orden público interno, debiendo aplicarse la ley personal de hijo si fuere distinta a la del padre, las relativas a presunción de legitimidad y sus condiciones, las que confieren el derecho al apellido y las que determinan las pruebas de la filiación y regulan la sucesión del hijo.

    Artículo 58. Tienen el mismo carácter, pero se aplica la ley personal del padre, las que otorguen a los hijos legitimados derechos sucesorios.

    Artículo 59. Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos.

    Artículo 60. La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre y la capacidad para ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas.

    Artículo 61. La prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales es de orden público internacional.

    Artículo 62. Las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnarla se someten a la ley personal del hijo.

    Artículo 63. La investigación de la paternidad y de la maternidad y su prohibición se regulan por el derecho territorial.

    Artículo 64. Dependen de la ley personal del hijo las reglas que señalan condiciones al reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos casos, establecen las acciones a ese efecto, conceden o niegan el apellido y señalan causas de nulidad.

    Artículo 65. Se subordinan a la ley personal del padre los derechos sucesorios de los hijos ilegítimos y a la personal del hijo los de los padres ilegítimos.

    Artículo 66. La forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos ilegítimos se subordinan al derecho territorial.

CAPITULO VI

ALIMENTOS ENTRE PARIENTES

    Artículo 67. Se sujetarán a la ley personal del alimentado el concepto legal de los alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de ese derecho.

    Artículo 68. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en que se deben y la forma de su pago, así como las que prohiben renunciar y ceder ese derecho.

CAPITULO VII

PATRIA POTESTAD

    Artículo 69. Están sometidas a la ley personal del hijo la existencia y el alcance general de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, así como las causas de su extinción y recobro y la limitación por las nuevas nupcias del derecho de castigar.

    Artículo 70. La existencia del derecho de usufructo y las demás reglas aplicables a las diferentes clases de peculio se somenten también a la ley personal del hijo, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren.

    Artículo 71. Lo dispuesto en el artículo anterior ha de entenderse en territorio extranjero sin perjuicio de los derechos de tercero que la ley local otorgue y de las disposiciones locales sobre publicidad y especialidad de garantías hipotecarias.

    Artículo 72. Son de orden público internacional las disposiciones que determinen la naturaleza y límites de la facultad del padre para corregir y castigar y su recurso a las autoridades, así como las que lo priven de la potestad por neapacidad, ausencia o sentencia.

CAPITULO VIII

ADOPCIÓN

    Artículo 73. La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados.

    Artículo 74. Se regulan por la ley personal del adoptante sus efectos en cuanto a la sucesión do éste y por la del adoptado lo que se refiere al apellido y a los derechos y deberes que conserve respecto de su familia natural, así como a su sucesión respecto del sdopitande.

    Artículo 75. Cada uno de los interesados podrá impugnar la adopción de acuerdo con las prescripciones de su ley personal.

    Artículo 76. Son de orden público internacional las disposiciones que en esta materia regulan el derecho a alimentos y las que establecen para la adopción formas solemnes.

    Artículo 77. Las disposiciones de los cuatro artículos precedentes no se aplicarán a los Estados cuyas legislaciones no reconozcan la adopción.

CAPITULO IX

DE LA AUSENCIA

    Artículo 78. Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional.

    Artículo 79. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se designará la representación del presunto ausente de acuerdo con su ley personal.

    Artículo 80. La ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir esa declaratoria y establece el orden y condiciones de los administradores.

    Artículo 81. El derecho local debe aplicarse para decidir cuándo se hace y surte efecto la declaración de ausencia y cuándo y cómo debe cesar la administración de los bienes del ausente, así como a la obligación y forma de rendir cuentas.

    Artículo 82. Todo lo que se refiera a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos eventuales, se regula por su ley personal.

    Artículo 83. La declaración de ausencia o de su presunción así como su ecsación y la de presunción de muerte del ausente, tienen eficacia extraterritorial, incluso en cuanto al nombramiento y facultades de les administradores.

CAPITULO X

TUTELA

    Artículo 84. Se aplicará la ley personal del menor o incapacitado para lo que toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especies.

    Artículo 85. La propia ley debe observarse en cuanto a la institución del protutor.

    Artículo 86. A las incapacidades y escusas para la tutela, curatela y protutela deben aplicarse simultáneamente las leyes personales del tutor, curador o protutor y del menor o incapacitado.

    Artículo 87. El afianzamiento de la tutela o curatela y las reglas para su ejercicio se someten a la ley personal del menor o incapacitado. Si la fianza fuere hipotecaria o pignoraticia deberá constituirse en la forma prevenida por la ley local.

    Artículo 88. Se rigen también por la ley personal del menor o incapacitado las obligaciones relativas a las cuentas, salvo las responsabilidades de orden penal, que son territoriales.

    Artículo 89. En cuanto al registro de tutelas se aplicarán simultáneamente la ley local y las personales del tutor o curador y del menor o incapacitado.

    Artículo 90. Son de orden público internacional los preceptos que obligan al Ministerio público o a cualquer funcionario local, a solicitar la declaración de incapacidad de dementes y sordomudos y los que fijen los trámites de esa declaración.

    Artículo 91. Son también de ordem público internacional las reglas que establecen las consecuencias de la interdicción.

    Artículo 92. La declaratoria de incapacidad y la interdicción civil surten efectos extraterritoriales.

    Artículo 93. Se aplicará la ley local a la obligación del tutor o curador de alimentar al menor o incapacitado y a la facultad de corregirlos sólo moderadamente.

    Artículo 94. La capacidad para ser miembro de un Consejo de familia se regula por la ley personal del interesado.

    Artículo 95. Las incapacidades especiales y la organización, funcionamiente, derechos y deberes del Consejo de familia, se someten a la ley personal del sujeto a tutela.

    Artículo 96. En todo caso, las actas y acuerdos del Consejo de familia deberán ajustarse a las formas y solemnidades prescritas por la ley del lugar en que se reúna.

    Artículo 97. Los estados contratantes que tengan por ley personal la del domicilio podrán exigir, cuando cambie el de los incapaces de un país para otro, que se rafifique o se discierna de nuevo la tutela o curatela.

CAPITULO XI

DE LA PRODIGALIDAD

    Artículo 98. La declaración de prodigalidad y sus efectos se sujetan a la ley personal del pródigo.

    Artículo 99. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se aplicará la ley del domicilio a la declaración de prodigalidad de las personas cuyo derecho personal desconozca esta institución.

    Artículo 100. La declaración de prodigalidade, hecha en uno de les Estados contratantes, tiene eficacia extraterritorial respecto de los demás, en cuanto el derecho local lo permita

CAPITULO XII

EMANCIPACIÓN Y MAYOR EDAD

    Artículo 101. Las reglas aplicables a la emancipación y la mayor edad son las establecidas por la legislación personal del intersado.

    Artículo 102. Sin embargo, la legislación local puede declararse aplicable a la mayor edad como requisito para optar por la nacionalidad de dicha legislación.

CAPITULO XIII

DEL REGISTRO CIVIL

    Artículo 103. Las disposiciones relativas al Registro Civil son territoriales, salvo en lo que toca al que lleven los agentes consulares o funcionarios diplomáticos.

    Lo prescrito en este artículo no afecta los derechos de otro Estado en relaciones jurídicas sometidas al derecho internacional público.

    Artículo 104. De toda inscripción relativa a un nacional de cualqueiera de los Estados contratantes, que se haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse gratuítamente y por la vía diplomática, certificación literal y oficial al país del interesado.

    TITULO SEGUNDO

De los bienes

CAPITULO I

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES

    Artículo 105. Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situaciçón.

    Artículo 106. Para los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta, respecto de los bienes muebles corporales y para los títulos representativos de créditos de cualquier clase, el lugar de su situación ordinaria o normal.

    Artículo 107. La situación de los créditos se determina por el lugar en que deben hacerse efectivos, y, si no estuviere precisado, por el domicilio del deudor.

    Artículo 108. La propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza económica que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se consideran situados donde se hayan registrado oficialmente.

    Artículo 109. Las concesiones se reputan situadas donde se hayan obtenido legalmente.

    Artículo 110. A falta de toda otra regla y además para os casos no previstos en este Código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario, o, en su defecto, en el del tenedor.

    Artículo 111. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las cosas dadas en prenda, que se consideran situadas en el domicilio de la persona en cuya posesión se hayan puesto.

    Artículo 112. Se aplicará siempre la ley territorial para distinguir entre los bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos adquididos por teceros.

    Artículo 113. A la propia ley territorial se sujetan las demás clasificaciones y calificaciones jurídicas de los bienes.

CAPITULO II

DE LA PROPIEDAD

    Artículo 114. La propiedad de familia inalienable y exenta de gravámenes y embargos, se regula por la ley de la situación.

    Sin embargo, los nacionales de un Estado contratante en que no se adminta o regule esa clase de propiedad, no podrán tenerla u organizarla en otro, sino en cuanto no perjudique a sus herederos forzosos.

    Artículo 115. La propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden.

    A falta de ellos, su obtención, registro y disfrute quedarán sometidos al derecho local que las otorgue.

    Artículo 116. Cada Estado contratante tiene la facultad de someter a reglas especiales respecto de los extranjeros la propiedad minera, la de buques de pesca y cabotaje, las industrias en el mar territorial y en la zona marítima y la obtención y disfrute de concesiones y obras de utilidad pública y de servicio público.

    Artículo 117. Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquidirla o enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las que rigen las aguas de dominio público y privado y sus aprovechamientos, son de orden público internacional.

CAPITULO III

DE LA COMUNIDAD DE BIENES

    Artículo 118. La comunidad de bienes se rige en general por el acuerdo o voluntad de las partes y en su defecto por la ley del lugar. Este último se tendrá como domicilio de la comunidad a falta de pacto en contrario.

    Artículo 119. Se aplicará siempre la ley local, con carácter exclusivo, al derecho de pedir la división de la cosa común y a las formas y condiciones de su ejercicio.

    Artículo 120. Son de orden público internacional las disposiciones sobre deslimde y amojonamiento y derecho a cerrar las fincas rústicas y las relativas a edificios ruinosos y árboles que amenacen caerse.

CAPITULO IV

DE LA POSESIÓN

    Artículo 121. La posesión y sus efectos se rigen por la ley local.

    Artículo 122. Los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a cada uno de ellos según su naturaleza.

    Artículo 123. Se determinan por la ley del tribunal los medios y trámites utilizables para que se mantenga en posesión al posecedor inquietado, perturbado o despojado a virtud de medidas o acuerdos judiciales o por consecuencia de ellos.

CAPITULO V

DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACIÓN

    Artículo 124. Cuando el usufructo se constituva por mandato de la ley de un Estado contratante, dicha ley lo regirá obligatoriamente.

    Artículo 125. Si se ha constituído por la voluntad de los particulares manitestada en actos entre vivos o mortis causa, se aplicarán respectivamente la ley del acto lo la de la sucesión.

    Artículo 126. Si surge por prescripción, se sujetará a la ley local que la establezca.

    Artículo 127. Depende de la ley personal del hijo el precepto que releva o no de fianza al padre usufructuario.

    Artículo 128. Se subordina a la ley de la sucesión la necesidad de que prestte fianza el cónyuge superviviente por el usufructo hereditario y la obligación del usufructuario de pagar ciertos legados o deudas hereditarias.

    Artículo 129. Son de orden público internacional las reglas que definen el usufructo y las formas de su constitución, las que fijan las causas legales por las que se extingue y la que lo limita a cierto número de años para los pueblos, corporaciones o sociedades.

    Artículo 130. El uso y la habitación se rigen por la voluntad de la parte o partes que los establezean.

CAPITULO VI

DE LAS SERVIDUMBRES

    Artículo 131. Se aplicará el derecho local al concepto y clasificación de las servidumbres, a los modos no convencionales de adquirirlas y de extinguirse y a los derechos y obligaciones en este caso de los propietarios de los predios dominante y sirviente.

    Artículo 132. Las servidumbres de origen contractual o voluntário se someten a la ley del acto o relación jurídica que las origina.

    Artículo 133. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior la comunidade de pastos en terreno públicos y la redención del aprovechamiento de leñas y demás productos de los montes de propiedad particular, que están sujetas a la ley territorial.

    Artículo 134. Son de orden privado las reglas aplicables a las servidumdres legales que se imponen en interés o por utilidad particular.

    Artículo 135. Debe aplicarse el derecho territorial al concepto y enumeración de las servidumbres legales y a la regulación no convencional de las de aguas, paso, medianeríaluces y vistas, desagüe de edificios, y distancias y obras intermedias para construcciones y plantaciones.

CAPITULO VII

DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD

    Artículo 136. Son de orden público internacional las disposiciones que estatblecen y regulan los registros de la propiedad, e imponen su necesidad respecto de terecros.

    Artículo 137. Se inscribirán en los registros de la propiedad de cada uno de los Estados contratantes los documentos o títulos inscribibles otorgados en otro, que tengan fuerza en el primero con arreglo a este Código, y las ejecutorias a bue de acuerdo con el mismo se dé cumplimiento en el Estado a que el registro corresponde, o tengan en él fuerza de cosa juzgada.

    Artículo 138. Las disposiciones sobre hipoteca legal a favor del Estado, de las provincias o de los pueblos, son de orden público internacional.

    Artículo 139. La hipoteca legal que algunas leyes acuerdan en beneficio de ciertas personas individuales, sólo será exigible cuando la ley personal concuerde con la ley del lugar en que se hallen situados los bienes afectados por ella.

    TITULO TERCERO

De varios modos de adquirir

CAPITULO I

REGLA GENERAL

    Artículo 140. Se aplica el derecho local a los modos de adquirir respecto de los cuales no haya en este Código disposiciones en contrario.

CAPITULO II

DE LAS DONACIONES

    Artículo 141. Cuando fueren de origen contractual, las donaciones quedarán sometidas, para su perfección y efectos entre vivos, a las replas generales de los contratos.

    Artículo 142. Se sujetará a la ley personal respectiva del donante y del donatario la capacidad de cada uno de ellos.

    Artículo 143. Las donaciones que hayan de producir efecto por muerte del donante participarán de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas internacionales establecidas en este Código para la sucesión testamentaria.

CAPITULO III

DE LAS SUCESIONES EN GENERAL

    Artículo 144. Las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren.

    Artículo 145. Es de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte.

CAPITULO IV

DE LOS TESTAMENTOS

    Artículo 146. La capacidade para disponer por testamento se regula por la ley personal del testador.

    Artículo 147. Se aplicará la ley territorial a las reglas estableciclas por cada Estado para comprobar que el testador demente está en un intervalo lúcido.

    Artículo 148. Son de orden público internacional las disposicions que no admiten el testamento mancomunado, el ológrafo y el verbal, y las que lo declaran acto personalísimo.

    Artículo 149. También son de orden público internacional as reglas sobre forma de papeles privados relativos al testamento y sobre nulidad del otorgado con violencia, dolo o fraude.

    Artículo 150. Los preceptos sobre forma de los testamentos son de orden público internacional, con excepción de los relativos al testamento otorgado en el extranjero, y al militar y marítimo en los casos en que se otorgue fuera del país.

    Artículo 151. Se sujetan a la ley personal del testador la procedencia, condiciones y efectos de la revocación de un testamento, pero la presunción de haberlo revocado se determina por la ley local.

CAPITULO V

DE LA HERENCIA

    Artículo 152. La capacidad para suceder por testamento o sin él se regula por la ley personal del heredero o legatario.

    Artículo 153. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, son de orden público internacional las incapacidades para suceder que los Estados contratantes consideren como tales.

    Artículo 154. La institución do herederos y la sustitución se ajustarán a La ley personal del testador.

    Artículo 155. Se aplicará, no obstante, el derecho local a la prohibición de sustituciones fideicomisarias que pasen del segundo grado o que se hagan a favor de personas que no vivan al fallecimiento del testador y de las que envuelvan prohibición perpetua de enajenar.

    Artículo 156. El nombramiento y las facultades de los albaceas o ejecutores testamentarios dependen de la ley personal del difunto y deben ser reconocidos en cada uno de los Estados contratantes de acuerdo con esa ley.

    Artículo 157. En la sucesión intestada, cuando la ley llame al Estado como heredero, en defecto de otros, se aplicará la ley personal del causante; pero si lo llama como ocupante de cosas nullius se aplica el derecho local.

    Artículo 158. Las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda quede en cinta, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación del lugar en que se encuentre.

    Artículo 159. Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a beneficia de inventario o para hacer uso del derecho de deliberar, se ajustarán a la ley del lugar en que la sucesión se abra, bastando eso para sus efectos extraterritoriales.

    Artículo 160. Es de orden público internacional el precepto que se refiera a la proindivisión ilimitada de la herencia o establezca la partición provisinonal.

    Artículo 161. La capacidad para solicitar y llevar a cabo la disisión se sujeta a la ley personal del heredero.

    Artículo 162. El nombramiento y las facultades del contador o perito partidor dependen de la ley personal del causante.

    Artículo 163. A la misma ley se subordina el pago de las deudas hereditarias. Sin embargo, los acreedores que tuvieren garantía de carácter real, podrán hacerla efectiva de acuerdo con la ley que rija esa garantía.

    TITULO CUARTO

De las obligaciones y contratos

CAPITULO I

DE LAS OBLICACIONES EN GENERAL

    Artículo 164. El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial.

    Artículo 165. Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido.

    Artículo 166. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en este Código.

    Artículo 167. Las originadas por delitos o faltas se sujetan al mismo derecho que el delito o falta de que procedan.

    Artículo 168. Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine.

    Artículo 169. La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, así como su extinción, se rigen por la ley de la obligación de que se trata.

    Artículo 170. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la ley local regula las condiciones del pago y la moneda en que debe hacerse.

    Artículo 171. También se somete a la ley del lugar la determinación de quién debe satisfacer los gastos judiciales que origine el pago, así como su regulación.

    Artículo 172. La prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su admisión y eficacia, a la ley que rija la obligación misma.

    Artículo 173 La impugnación de la certeza del lugar del otorgamiento de un documento privado, si influye eu su eficacia, podrá hacerse siempre por el tercero a quien perjudique, y la prueba estará a cargo de quien la aduzca.

    Artículo 174. La presunción de cosa juzgada por sentencia extranjera será admisible, siempre que la sentencia reúna las condiciones necesarias para su ejecución en el territorio, conforme al presente Código.

CAPITULO II

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL

    Artículo 175. Son reglas de orden público internacional las que impiden establecer pactos, cláusulas y condiciones contrarias a las leyes, la moral y el orden público y la que prohibe el juramento y lo tiene por no puesto.

    Artículo 176. Dependen de la ley personal de cada contratante las reglas que determinen la capacidad o incapacidad para prestar el consentimiento.

    Artículo 177. Se aplicará la ley territorial al error, la violencia, la intimidación y el dolo, en relación con el consentimiento.

    Artículo 178. Es también territorial toda regla que prohibe que sean objeto de los contratos, servicios contrarios a las leyes y a las buenas costumbres y cosas que estén fuera del comercio.

    Artículo 179. Son de orden público internacional las disposiciones que se refieren a causa ilícita en los contratos.

    Artículo 180. Se aplicarán simultáneamente la ley del lugar del contrato y la de su ejecución, a la necesidad de otorgar escritura o documento público para la eficacia de determinados convenios y a la de hacerlos constar por escrito.

    Artículo 181. La rescisión do los contratos por incapacidad o ausencia se determina por la ley personal del ausente o incapacitado.

    Artículo 182. Las demás causas de rescisión y su forma y efectos se subordinan a la ley territorial.

    Artículo 183. Las disposiciones sobre nulidad de los contratos se sujetarán a la ley de que la causa de la nulidad dependa.

    Artículo 184. La interpretación de los contratos debe efectuarse, como regla general, de acuerdo con la ley que los rija.

    Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tácita de las partes, se aplicará presuntamente la legislación que para ese caso se determina en los artículos 185 y 186, aunque eso lleve a aplicar al contrato una ley distinta como resultado de la interpretación de voluntad.

    Artículo 185. Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante se consignen para casos especiales, en los contratos de adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara.

    Artículo 186. En los demás contratos y para el caso previsto en el artículo anterior, se aplicará en primer término la ley personal común a los contratantes y en su defecto la del lugar de la celebración.

CAPITULO III

DEL CONTRATO SOBRE BIENES CON OCASIÓN DE MATRIMONIO

    Artículo 187. Este contrato se rige por la ley personal común de los contrayentes y en su defecto por la del primer domicilio matrimonial.

    Las propias leyes determinan, por ese orden, el régimen legal supletorio a falta de estipulación.

    Artículo 188. Es de orden público internacional el precepto que veda celebrar capitulaciones durante el matrimonio, o modificarlas, o que se altere el régimen de bienes por cambios de nacionalidad o de domicilio posteriores al mismo.

    Artículo 189. Tienen igual carácter los preceptos que se refieren al mantenimiento de las leyes y las buenas costumbres, a los efectos de las capitulaciones respecto de terceros y a su forma solemne.

    Artículo 190. La voluntad de las partes regula el derecho aplicable a las donaciones por razón de matrimonio, excepto en lo referente a, su capacidad, a la salvaguardia de derechos legitimarios y a la nulidad mientras el matrimonio subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que lo rige, y siempre que no afecte el orden público internacional.

    Artículo 191. Las disposiciones sobre dote y parafernales dependen de la ley personal de la mujer.

    Artículo 192. Es de orden público internacional la regla que repudia la inalienabilidad de la dote.

    Artículo 193. Es de orden público internacional la prohibición de renunciar a la sociedad de gananciales durante el matrimonio.

CAPITULO IV

COMPRA-VENTA, CESIÓN DE CREDITO Y PERMUTA

    Artículo 194. Son de orden público internacional las disposiciones relativas a enajenación forzosa por utilidad pública.

    Artículo 195. Lo mismo sucede con las que fijan los efectos de la posesión y de la inscripción entre varios adquirentes, y las referentes al retracto legal.

CAPITULO V

ARRENDAMIENTO

    Artículo 196. En el arrendamiento de cosas, debe aplicarse la ley territorial a las medidas para dejar a salvo el interés de terceros y a los derechos y deberes del comprador de finca arrendada.

    Artículo 197. Es de orden público internacional, en el arrendamiento de servicios, la regla que impide concertarlos para toda la vida o por más de cierto tiempo.

    Artículo 198. También es territorial la legislación sobre accidentes del trabajo y protección social del trabajador.

    Artículo 199. Son territoriales, en los transportes por agua, tierra y aire, las leyes y reglamentos locales especiales.

CAPITULO VI

censos

    Artículo 200. Se applica la ley territorial a la determinación del concepto y clases de los censos, a su carácter redimible, a su prescripción, y a la acción real que de ellos se deriva.

    Artículo 201. Para el censo enfitéutico son asimismo territoriales las disposiciones que fijan sus condiciones y formalidades, que imponen un reconocimiento cada cierto número de años y que prohiben la subenfiteusis.

    Artículo 202. En el censo consignativo, es de orden público internacional la regla que prohibe que el pago en frutos pueda consistir en una parte alícuota de los que produzca la finca acensuada.

    Artículo 203. Tiene el mismo carácter en el censo reservativo la exigencia de que se valorice la finca acensuada.

CAPITULO VII

SOCIEDAD

    Artículo 204. Son leyes territoriales las que exigen un objeto lícito, formas solemnes, e inventarios cuando hay inmuebles.

CAPITULO VIII

PRÉSTAMO

    Artículo 205. Se aplica la ley local a la necesidad del pacto expreso de interreses y a su tasa.

CAPITULO IX

DEPÓSITO

    Artículo 206. Son territoriales las disposiciones referentes al depósito necesario y al secuestro.

CAPITULO X

CONTRATOS ALEATORIOS

    Artículo 207. Los efectos de la capacidad en acciones nacidas del contrato de juego, se determinan por la ley personal del interesado.

    Artículo 208. La ley local defìne los contratos de suerte y determina el juego y la apuesta permitidos o prohibidos.

    Artículo 209. Es territorial la disposición que declara nula la renta vitalicia sobre la vida de una percona, muerta a la fecha del otorgamieto, o dentro de um plazo si se halla padeciendo de enfermedad incurable.

CAPITULO XI

TRANSACCIONES Y COMPROMISOS

    Artículo 210. Son territoriales las disposiciones que prohiben transigir o sujetar a compromiso determinadas materias.

    Artículo 211. La extensión y efectos del compromiso y la autoridad de cosa juzgada de la transacción, dependen también de la ley territorial.

CAPITULO XII

DE LA FIANZA

    Artículo 212. Es de orden público internacional la regla que prohibe al fiador obligarse a más que el deudor principal.

    Artículo 213. Corresponden a la misma clase las disposiciones relativas a la fianza legal o judicial.

CAPITULO XIII

PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS

    Artículo 214. Es territorial la disposición que prohibe al acreedor apropiarse las cosas recibidas en prenda o hipoteca.

    Artículo 215. Lo son también los preceptos que señalan los requisitos esenciales del contrato de prenda, y con ellos debe cumplirse cuando la cosa pignorada se traslade a uno lugar donde sean distintos de los exigidos al constituirlo.

    Artículo 216. Igualmente son territoriales las prescripciones en cuya virtud la prenda deba quedar en poder del acreedor o de un tercero, la que requiere para prejudicar a extraños que conste por instrumento público la certeza de la fecha y la que fija el procedimiento para su enajenación.

    Artículo 217. Los reglamentos especiales de los Montes de piedad y establecimientos públicos análogos, son obligatorios territorialmente para todas las operaciones que con elles se realicen.

    Artículo 218. Son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, condiciones, requisitos, alcance e inscripción del contrato de hipoteca.

    Artículo 219. Lo es asimismo la prohibición de que el acreedor adquiera la propiedad del inmueble en la anticresis, por falta de pago de la deuda.

CAPITULO XIV

CUAS I- CONTRATOS

    Artículo 220. La gestión de negocios ajenos se regula por la ley del lugar en que se efectúa.

    Artículo 221. El cobre de lo indebido se somete a la ley personal común de las partes y, en su defecto, a la del lugar en que se hizo el pago.

    Artículo 222. Los demás cuasi-contratos se sujetan a la ley que regule la institución jurídica que los origine.

CAPITULO XV

CONCURRENCIA Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS

    Artículo 228. Si las obligaciones concurrentes no tienen carácter real y están sometidas a una ley común, dicha ley regulará también su prelación.

    Artículo 224. Para las garantidas con acción real, se aplicará la ley de la situación de la garantía.

    Artículo 225. Fuera de los casos previstos en los artículos anteriores, debe aplicarse a la prelación de créditos la ley del tribunal que haya de decidirla.

    Artículo 226. Si la cuestión se planteare simultáneamente en tribunales de Estados diversos se resolverá de acuerdo con la ley de aquel que tenga realmente bajo su jurisdicción los bienes o numerario en que haya de hacerse efectiva la prelación.

CAPITULO XVI

PRESCRIPCIÓN

    Artículo 227. La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se rige por la ley del lugar en que estén situados.

    Artículo 228. Si las cosas muebles cambiasen de situación estando en camino de prescribir, se regirá la prescripción por la ley del lugar en que se encuentren al completarse el tiempo que requiera.

    Artículo 229. La prescripción extintiva de acciones personales se rige por la ley a que esté sujeta la obligación que va a extinguirse.

    Artículo 230. La prescripción extintiva de acciones reales se rige por la ley del lugar en que esté situada la cosa a que se refiera.

    Artículo 231. Si en el caso previsto en el artículo anterior se tratase de cosas muebles y hubieren cambiado de lugar durante el plazo de prescripción, se aplicará la ley del lugar en que se encuentren al cumplirse allí el término señalado para prescribir.

    LIBRO SEGUNDO

Derecho mercantil internacional

    TITULO PRIMERO

De los comerciantes y del comercio en general

CAPITULO I

DE LOS COMERCIANTES

    Artículo 232. La capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles, se regula por la ley personal de cada interesado.

    Artículo 233. A la misma ley personal se subordinan las incapacidades y su habilitación.

    Artículo 234. La ley del lugar en que el comercio se ejerza debe aplicarse a las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por medio de sus representantes los incapacitados, o por sí las mujeres casadas.

    Artículo 235. La ley local debe aplicarse a la incompatibilidad para el ejercicio del comercio de los empleados públicos y de los agentes de comercio y corredores.

    Artículo 236. Toda incompatibilidade para el comercio que resulte de leyes o disposiciones especiales en determinado territorio, se regirá por el derecho del mismo.

    Artículo 237. Dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomáticos y agentes consulares, se apreciará por la ley del Estado que los nombra. El país en que residen tiene igualmente el derecho de prohibirles el ejercicio del comercio.

    Artículo 238. El contrato social y en su caso la ley a que esté sujeto se aplica a la prohibición de que los socios colectivos o comanditarios realicen operaciones mercantiles, o cierta clase de ellas, por cuenta propia o de otros.

CAPITULO II

DE LA CUALIDAD DE COMERCIANTE Y DE LOS ACTOS DE COMERCIO

    Artículo 239. Para todos los efectos de carácter público, la cualidad de comerciante se determina por la ley del lugar en que se haya realizado el acto o ejercido la industria de que se trate.

    Artículo 240. La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley territorial.

CAPITULO III

DEL REGISTRO MERCANTIL

    Artículo 241. Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripción en el Registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras.

    Artículo 242. Tienen el mismo carácter las reglas que señalan el efecto de la inscripción en dicho Registro de créditos o derechos de terceros.

CAPITULO IV

LUGARES Y CASAS DE CONTRATACIÓN MERCANTIL Y COTIZACIÓN OFICIAL DE EFECTOS PÚBLICOS Y DOCUMENTOS DE CRÉDITO AL PORTADOR

    Artículo 243. Las disposiciones relativas a los lugares y casas de contratación mercantil y cotización oficial de efectos públicos y documentos de crédito al portador son de orden público internacional.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS CONTRATOS DE COMERCIO

    Artículo 244. Se aplicarán a los contratos de comercio los reglas generales establecidas para los contratos civiles en el capítulo segundo, título cuarto, libro primero de este Código.

    Artículo 245. Los contratos por correspondencia no quedarán perfeccionados sino mediante el cumplimiento de las condiciones que al efecto señale la legislación de todos los contratantes.

    Artículo 246. Son de orden público internacional las disposiciones relativas a contratos ilícitos y a términos de gracia, cortesía u otros análogos.

    TITULO SEGUNDO

De los contratos especiales del comercio

CAPITULO I

DE LAS COMPAÑIAS MERCANTILES

    Artículo 247. El carácter mercantil de una sociedad colectiva o comanditaria se determina por la ley a que esté sometido el contrato social, y en su defecto por la del lugar en que tenga su domicilio comercial.

    Si esas leyes no distinguieran entre sociedades mercantiles y civiles, se aplicará el derecho del país en que la cuestión se someta a juicio.

    Artículo 248. El carácter mercantil de una sociedad anónima depende de la ley del contrato social; en su defecto, de la del lugar en que celebre las juntas generales de accionistas y por su falta de la de aquel en que residan normalmente su Consejo o Junta Directiva.

    Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles, tendrá uno u otro carácter según que esté o no inscripta en el Registro mercantil del país donde la cuestión haya de juzgarse. A falta de Registro mercantil se aplicará el derecho local de este último país.

    Artículo 249. Lo relativo a la constitución y manera de funcionar de las sociedades mercantiles y a la responsabilidad de sus órganos, está sujeto al contrato social y en su caso a la ley que lo rija.

    Artículo 250. La emisión de acciones y obligaciones en un Estado contratante, las formas y garantías de publicidad y la responsabilidad de los gestores de agencias y sucursales respecto de terceros, se someten a la ley territorial.

    Artículo 251. Son también territoriales las leyes que subordinen la sociedad a un régimen especial por razón de sus operaciones.

    Artículo 252. Las sociedades mercantiles debidamente constituídas en un Estado contratante disfrutarán de la misma personalidad jurídica en los demás, salvo las limitaciones del derecho territorial.

    Artículo 253. Son territoriales las disposiciones que se refieran a la creación, funcionamiento y privilegios de los bancos de emisión y descuento, compañias de almacenes generales de depósitos y otras análogas.

CAPITULO II

DE LA COMISIÓN MERCANTIL

    Artículo 254. Son de orden público internacional las prescripciones relativas a la forma de la venta urgente por el comisionista para salvar en lo posible el valor de las cosas en que la comisión consista.

    Artículo 255. Las obligaciones del factor se sujetan a la ley del domicilio mercantil del mandante.

CAPITULO III

DEL DEPÓSITO Y PRÉSTAMO MERCANTILES

    Artículo 256. Las responsabilidades no civiles del depositario se rigen por la ley del lugar del depósito.

    Artículo 257. La tasa o libertad del interés mercantil son de orden público internacional.

    Artículo 258. Son territoriales las disposiciones referentes al préstamo con garantía de efectos cotizables, hecho en bolsa, con intervención de agente colegiado o funcionario oficial.

CAPITULO IV

DEL TRANSPORTE TERRESTRE

    Artículo 259. En los casos de transporte internacional no hay más que un contrato, regido por la ley que le corresponda según su naturaleza.

    Artículo 260. Los plazos y formalidades para el ejercicio de acciones surgidas de este contrato y no previstos en el mismo se rigen por la ley del lugar eu que se produzcan los hechos que las originen.

CAPITULO V

DE LOS CONTRATOS DE SEGURO

    Artículo 261. El contrato de seguro contra incendios se rige por la ley del lugar donde radique, al efectuario, la cosa asegurada.

    Artículo 262. Los demás contratos de seguro siguen la regla general, regulándose por la ley personal común de las partes o en su defecto por la del lugar de la celebración; pero las formalidades externas para comprobar hechos u omisiones necesarios al ejercicio o a la conservación de acciones o derechos, se sujetan a la ley del lugar en que se produzen el hecho o la omisión que los hace surgir.

CAPITULO VI

DEL CONTRATO Y LETRA DE CAMBIO Y EFECTOS MERCANTILES ANÁLOGOS

    Artículo 263. La forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice.

    Artículo 264. A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas entre el librador y el tomador se rigen por la ley del lugar en que la letra se gira.

    Artículo 265. En igual caso, las obligaciones y derechos entre el aceptante y el portador se regulan por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación.

    Artículo 266. En la misma hipótesis, los efectos jurídicos que el endoso produce entre endosante, y endosatario, dependenu de la ley del lugar en que la letra ha sido endosada.

    Artículo 267. La mayor o menor extensión de las obligaciones de cada endosante, no altera los derechos y deberes originarios del librador y el tomador.

    Artículo 268. El aval, en las propias condiciones, se rige por la ley del lugar en que se presta.

    Artículo 269. Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regulan, a falta de pacto, por la ley del lugar en que el tercero interviene.

    Artículo 270. Los plazos y formalidades para la aceptación, el pago y el protesto, se sometem a la ley local.

    Artículo 271. Las reglas de este capítulo son aplicables a las libranzas, vales, pagarés y mandatos o cheques.

CAPITULO VII

DE LA FALSEDAD, ROBO, HURTO O EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO Y EFECTOS AL PORTADOR

    Artículo 272. Las disposiciones relativas a la falsedad, robo, hurto o extravío de documentos de crédito y efectos al portador son de orden público internacional.

    Artículo 273. La adopción de las medidas que establezca la ley del lugar en que el hecho se produce, no dispensa a los interesados de tomar cualesquiera otra que establezca la ley del lugar en que esos documentos y efectos se coticen y la del lugar de su pago.

    TITULO TERCERO

Del comercio marítimo y aéreo

CAPITULO I

DE LOS BUQUES Y AERONAVES

    Artículo 274. La nacionalidad de las naves se prueba pro la patente de navegación y la certificación del registro, y tiene el pabellón como signo distintivo aparente.

    Artículo 275. La ley del pabellón rige las formas de publicidad requeridas para la transmisión de la propiedad de una nave.

    Artículo 276. A la ley de la situación debe someterse la facultad de embargar y vender judicialmente uma nave, esté o no cargada y despachada.

    Artículo 277. Se regulan por la ley del pabellón los derechos de los acreedores después de la venta de la nave, y la extinción de los mismos.

    Artículo 278. La hipoteca marítima y los privilegios o seguridades de carácter real constituídos de acuerdo con la ley del pabellón, tienen efectos extraterritoriales aún eu aquellos países cuya legislación no conozca o regule esa hipoteca o esos privilegios.

    Artículo 279. Se sujetan también a la ley del pabellón los poderes y obligaciones del capitán y la responsabilidad de los propietarios y navieros por sus actos.

    Artículo 280. El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la policía sanitaria, dependen de la ley territorial.

    Artículo 281. Las obligaciones de los oficiales y gente de mar y el orden interno del buque se sujetan a la ley del pabellón.

    Artículo 282. Las disposiciones precedentes de este capítulo se aplican también a las aeronaves.

    Artículo 283. Son de orden público internacional las reglas sobre nacionalidad de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, así como de los oficiales y la tripulación.

    Artículo 284. También son de orden público internacional las disposiciones sobre nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y de cabotaje o entre determinados lugares del territorio de los Estados contratantes, así como para la pesca y otros aprovechamientos submarinos en el mar territorial.

CAPITULO II

DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO MARÍTIMO Y AÉREO

    Artículo 285. El fletamento, si no fuere un contrato de adhesión, se regirá por la ley del lugar de salida de las mercancías.

    Los actos de ejecución del contrato se ajustarán a la ley del lugar en que se realicen.

    Artículo 286. Las facultades del capitán para el préstamo a la gruesa se determinan por la ley del pabellón.

    Artículo 287. El contrato de préstamo a la gruesa, salvo pacto en contrario, se sujeta a la ley del lugar en que el préstamo se efectúa.

    Artículo 288. Para determinar si la avería es simple o gruesa y la proporción en que contribuyen a soportala la nave y el cargamento, se aplica la ley del pabellón.

    Artículo 289. El abordaje fortuito en aguas territoriales o en el aire nacional, se somete a la ley del pabellón si fuere común.

    Artículo 290. En el propio caso, si los pabellones difieren, se aplica la ley del lugar.

    Artículo 291. La propia ley local se aplica en todo caso al abordaje culpable en aguas territoriales o aire nacional.

    Artículo 292. Al abordaje fortuito o culpable en alta mar o aire libre, se le aplica la ley del pabellón si todos los buques o aeronaves tuvieren el mismo.

    Artículo 293. En su defecto, se reglará por el pabellón del buque o aeronave abordados, si el abordaje fuere culpable.

    Artículo 294. En los casos de abordaje fortuito en alta mar o aire libre, entre naves o aeronaves de diferente pabellón, cada una soportará la mitad de la suma total del daño, repartido según la ley de una de ellas, y la mitad restante repartida según la ley de la otra.

    TITULO CUARTO

De la prescripción

    Artículo 295. La prescripción de las accíones nacidas de los contractos y actos mercantiles se ajustará a las reglas establecidas en este Código respecto de las acciones civiles.

    LIBRO TERCEIRO

Derecho penal internacional

CAPITULO I

DE LAS LEYES PENALES

    Artículo 296. Las leyes penales obligan a todos los que residen en el territorio, sin más excepciones que las establecidas en este capítulo.

    Artículo 297. Están exentos de las leyes penales de cada Estado contratante los Jefes de los otros Estados, que se encuentren en su territorio.

    Artículo 298. Gozan de igual exención los Representantes diplomáticos de los Estados contratantes en cada uno de los demás, así como sus empleados extranjeros, y las personas de la familia de los primeros, que vivan en su compañia.

    Artículo 299. Tampoco son aplicables las leyes penales de un Estado a los delitos cometidos en el perímetro de las operaciones militares, cuando autorice el paso por su territorio de un ejército de otro Estado contratante, salvo que no tengan relación legal con dicho ejército.

    Artículo 300. La misma exención se aplica a los delitos cometidos en aguas territoriales o en el aire nacional, a bordo de naves o aeronaves extranjeras de guerra.

    Artículo 301. Lo proprio sucede con los delitos cometidos en aguas territoriales o aire nacional en naves o aeronaves mercantes extranjeras, si no tienen relación alguna con el país y sus habitantes ni perturban su tranquilidad.

    Artículo 302. Cuando los actos de que se componga un delito se realicen en Estados contratantes diversos, cada Estado puede castigar el acto realizado en su país, si constituye por sí solo un hecho punible.

    De lo contrario, se dará preferencia al derecho de la soberanía local en que el delito se haya consumado.

    Artículo 303. Si se trata de delitos conexos en territorios de más de un Estado contratante, sólo estará sometido a la ley penal de cada uno el cometido en su territorio.

    Artículo 304. Ningún Estado contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás.

CAPITULO II

DELITOS COMETIDOS EN UN ESTADO EXTRANJERO CONTRATANTE

    Artículo 305. Están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada Estado contratante los que cometieren un delito contra la seguridad interna o externa del mismo o contra su crédito público, sea cual fuere la nacionalidad o el domicilio del delincuente.

    Artículo 306. Todo nacional de un Estado contratante o todo extranjero domiciliado en él, que cometa ei el extranjero um delito contra la independencia de ese Estado, queda sujeto a sus leyes penales.

    Artículo 307. También estarán sujetos a las leyes penales del Estado extranjero en que puedan ser aprehendidos y juzgados, los que cometan fuera del territorio un delito, como la trata de blancas, que ese Estado contratante se haya obligado a reprimir por un acuerdo internacional.

CAPITULO III

DELITOS COMETIDOS FUERA DE TODO TERRITORIO NACIONAL

    Artículo 308. La piratería, la trata de negros y el comercio de esclavos, la trata de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole contra el derecho internacional, cometidos en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados aún en Estado, se castigarán por el captor de acuerdo con sus leyes penales.

    Artículo 309. En los casos de abordaje culpable en alta mar o en el aire, entre naves o aeronaves de distinto pabellón, se aplicará la ley penal de la víctima.

CAPITULO IV

CUESTIONES VARIAS

    Artículo 310. Para el concepto legal de la reiteración o de la reincidencia, se tendrá en cuenta la sentencia dictada en un Estado extranjero contratante, salvo los casos en que se opusiere la legislación local.

    Artículo 311. La pena de interdicción civil tendrá efecto en los otros Estados mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de cada uno de ellos.

    Artículo 312. La prescripción del delito se subordina a la ley del Estado a que corresponda su conocimiento.

    Artículo 313. La prescripción de la pena se rige por la ley del Estado que la ha impuesto.

    LIBRO CUARTO

Derecho procesal internacional

    TITULO PRIMERO

    Principios generales

    Artículo 314. La ley de cada Estado contratante determina la competencia de los Tribunales, así como su organización, las formas de enjuiciamiento y de ejecución de las sentencias y los recursos contra sus decisiones.

    Artículo 315. Ningún Estado contratante organizará o mantendrá en su territorio tribunales especiales para los miembros de los demás Estados contratantes.

    Artículo 316. La competencia ratione loci se subordina, en el orden de las relaciones internacionales, a la ley del Estado contratante que la establece.

    Artículo 317. La competencia, ratione materiæ y ratione personæ, en el orden de las relaciones internacionales, no debe basarse por los Estados contratantes en la condición de nacionales o extranjeras de las personas interesadas, en perjuicio de éstas.

    TITULO SEGUNDO

Competencia

CAPITULO I

DE LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL

    Artículo 318. Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los

litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el Juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario.

    La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohibe la ley de su situación.

    Artículo 319. La sumisión sólo podrá hacerse a juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de igual clase de negocios y en el mismo grado.

    Artículo 320. En caso ningún podrán las partes someterse expresa o tácitamente para un recurso a juez o tribunal diferente de aquel a quien esté subordinado, según las leyes locales, el que haya conocido en primera instancia.

    Artículo 321. Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se sometan.

    Artículo 322. Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de praticar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiera en rebeldía.

    Artículo 323. Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar del cumplimiento de la obligación y en su defecto el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia.

    Artículo 324. Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles, será competente el juez de la situación, y si no fuere conocida del demandante, el del domicilio, y en su defecto el de la residencia del demandado.

    Artículo 325. Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmubles y para el de las acciones mixtas, de deslinde y división de la comunidad, será juez competente el de la situación de los bienes.

    Artículo 326. Si en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores bubiere bienes situados en más de un Estado contratante, podrá acudirse a los jueces de cualquiera de ellos, salvo que lo prohiba para los inmuebles la ley de la situación.

    Artículo 327. En los juicios de testamentaría o abintestato será juez competente el del lugar en que tuvo el finado su último domicilio.

    Artículo 328. En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en ese estado, será juez competente el de su domicilio.

    Artículo 329. En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, será juez competente el de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la reclamación que los motiva, prefiriéndose, caso de estar entre ellos, el del domicilio del deudor, si éste o la mayoría de los acreedores lo reclamasen.

    Artículo 330. Para los actos de jurisdicción voluntaria y salvo también el caso de sumisión y el derecho local, será competente el juez del lugar en que tenga o haya tenido su domicilio, o en su defecto, la residencia, la persona que los motive.

    Artículo 331. Respecto de los actos de jurisdicción voluntaria en material de comercio y fuera del caso de sumisión y salvo el derecho local, será competente el juez del lugar en que la obligación deba cumplirse o, en su defecto, el del lugar del hecho que los origine.

    Artículo 332. Dentro de cada Estado contratante, la competencia preferente de los diversos jueces se ajustará a su derecho nacional.

CAPITULO II

EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO CIVIL Y EN LO MERCANTIL

    Artículo 333. Los jueces y tribunales de cada Estado contratante serán incompetentes para conocer de los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demás Estados contratantes o sus Jefes, si se ejercita una acción personal, salvo el caso de sumisión expressa o de demandas reconvencionales.

    Artículo 334. En el mismo caso y con la propia excepción, serán incompetentes cuando se ejerciten acciones reales, si el Estado contratante o su Jefe han actuado en el asunto como tales y en su carácter público, debiendo aplicarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo 318.

    Artículo 335. Si el Estado extranjero contratante o su jefe han actuado como particulares o personas privadas, serán competentes los jueces o tribunales para conocer de los asuntos en que se ejerciten acciones reales o mixtas, si esta competencia les corresponde respecto a individuos extranjeros conforme a este Código.

    Artículo 336. La regla del artículo anterior será aplicable a los juicios universales sea cual fuere el carácter con que en ellos actúen el Estado extranjero contratante o su Jefe.

    Artículo 337. Las disposiciones establecidas en los artículos anteriores se aplicarán a los funcionarios diplomáticos extranjeros y a los comandantes de buques o aeronaves de guerra.

    Artículo 338. Los Cónsules extranjeros no estarán exentos de la competencia de los jueces y tribunales civiles del país en que actúen, sino para sus actos oficiales.

    Artículo 339. En ningún caso podrán adoptar los jueces o tribunales medidas coercitivas o de otra clase que hayan de ser ejecutadas en el interior de las Legaciones o Consulados o sus archivos, ni respecto de la correspondencia diplomática, o consular, sin el consentimiento de los respectivos funcionarios diplomáticos o consulares.

CAPITULO III

REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO PENAL

    Artículo 340. Para conocer de los delitos y faltas y juzgarlos son competentes los jueces y tribunales del Estado contratante en que se hayan cometido.

    Artículo 341. La competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas a que haya de aplicarse la ley penal del Estado conforme a las disposiciones de este Código.

    Artículo 342. Alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el extranjero por funcionarios nacionales que gocen del beneficio de inmunidad.

CAPITULO IV

EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN MATERIA PENAL

    Artículo 343. No están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los Estados contratantes las personas y los delitos y faltas a que no alcanza la ley penal del respectivo Estado.

    TITULO TERCERO

    De la extradición

    Artículo 344. Para hacer efectiva la competencia judicial internacional en materias penales, cada uno de los Estados contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este título, sujeto a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradición.

    Artículo 345. Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo.

    Artículo 346. Cuando, con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado o condenado haya delinquido en el país a que se pide su entrega, puede diferirse esa entrega hasta que se le juzgue y cumpla la pena.

    Artículo 347. Si varios Estados contratantes solicitan la extradición de un delincuente por el mismo delito, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se haya cometido.

    Artículo 348. Caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el Estado contatante en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, según la legislación del Estado requerido.

    Artículo 349. Si todos los hechos imputados tuvieren igual gravedad, será preferido el Estado contratante que presente primero la solicitud de extradición. De ser simultáneas, decidirá el Estado requerido, pero debe conceder la preferencia al Estado de origen o, en su defecto, al del domicilio del delincuente, si fuere uno de los solicitantes.

    Artículo 350. Las anteriores reglas sobre preferencia no serán aplicables si el Estado contratante estuviere obligado con un tercero, a virtud de tratados vigentes anteriores a este Código, a establecerla de un modo distinto.

    Artículo 351. Para conceder la extradición, es necesario que el delito se haya cometido en el territorio del Estado que la pida o que le sean aplicables sus leyes penales de acuerdo con el libro tercero de este Código.

    Artículo 352. La extradición alcanza a los procesados o condenados como autores, cómplices o encubridores de delito.

    Artículo 353. Es necesario que el hecho que motive la extradición tenga carácter de delito en la legislación del Estado requirente y en la del requerido.

    Artículo 354. Asimismo se exigirá que la pena asignada a los hechos imputados, según su calificación provisional o definitiva por el juez o tribunal competente del Estado que solicita la extradición, no sea menor de un año de privación de libertad y que esté autorizada o acordada la prisión o detención preventiva del procesado, si no hubiere aún sentencia firme. Esta debe ser de privación de libertad.

    Artículo 355. Están excluídos de la extradición los delitos políticos y conexos, según la calificación del Estado requerido.

    Artículo 356. Tampoco se acordará, si se probare que la petición de entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de carácter político, según la misma calificación.

    Artículo 357. No será reputado delito político, ni hecho conexo, el de homicidio o asesinato del Jefe de un Estado contratante o de cualquiera persona que en él ejerza autoridad.

    Artículo 358. No será concedida la extradición si la persona reclamada ha sido ya juzgada y puesta en libertad, o ha cumplido la pena, o está pendiente de juicio, en el territorio del Estado requerido, por el mismo delito que motiva la solicitud.

    Artículo 359. Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o la pena conforme a las leyes del Estado requirente o del requerido.

    Artículo 360. La legislación del Estado requerido posterior al delito no podrá impedir la extradición.

    Artículo 361. Los cónsules generales, consules, vicecónsules o agentes consulares, pueden pedir que se arreste y entregue a bordo de un buque o aeronave de su país, a los oficiales, marinos o tripulantes de sus naves o aeronaves de guerra o mercantes, que hubiesen desertado de ellas.

    Artículo 362. Para los efectos del artículo anterior, exhibirán a la autoridad local correspondiente, dejándole además cópia auténtica, los registros del buque o aeronave, rol de la tripulación o cualquier otro documento oficial en que la solicitud se funde.

    Artículo 363. En los países limítrofes podrán pactares reglas especiales para la extradición en las regiones o localidades de la frontera.

    Artículo 364. La solicitud de la extradición debe hacerse por conducto de los funcionarios debidamente autorizados para eso por las leyes del Estado requirente.

    Artículo 365. Con la solicitud definitiva de extradición deben presentarse:

    1. Una sentencia condenatoria o un mandamiento o auto de prisión o un documento de igual fuerza, o que obligue al interesado a comparecer periodicamente ante la jurisdicción repreciva, acompañado de las actuaciones del proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad de la persona de que se trate.

    2. La filiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que puedan servir para identificarlo.

    3. Copia auténtica de las disposiciones que establezean la calificación legal del hecho que motiva la solicitud de entrega, definan la participación atribuída en él al inculpado y precisen la pena aplicable.

    Artículo 366. La extradición puede solicitarse telegráficamente y, en ese caso, los documentos mencionados en el artículo anterior se presentarán al país requerido o a su Legación o Consulado general en el país requirente, dentro de los dos meses siguientes a la detención del inculpado. En su defecto será puesto en libertad.

    Artículo 367. Si el Estado requirente no dispone de la persona reclamada dentro de los tres meses siguientes a haber quedado a sus órdenes, será puesta también en libertad.

    Artículo 368. El detenido podrá utilizar, en el Estado a que se haga la solicitud de extradición, todos los medios legales concedidos a los nacionales para recobrar su libertad, fundando su ejercicio en las disposiciones de este Código.

    Artículo 369. También podrá el detenido, a partir de ese hecho, utilizar los recursos legales que procedan en el Estado que pida la extradición, contra las calificaciones y resoluciones en que se funde.

    Artículo 370. La entrega debe hacerse con todos los objetos que se encontraren en poder de la persona reclamada, ya sean producto del delito imputado, ya piezas que puedan servir para la prueba del mismo, en cuanto fuere practicable con arreglo a las leyes del Estado que la efectúa, y respetando debidamente los derechos de tercero.

    Artículo 371. La entrega de los objetos a que se refiere el artículo anterior, podrá hacerse, si la pidiere el Estado solicitante de la extradición, aunque el detenido muera o se evada antes de efectuarla.

    Artículo 372. Los gastos de detención y entrega serán de cuenta del Estado requirente, pero no tendrá que sufragar ninguno por los servicios que prestaren los empleados públicos con sueldo del Gobierno a quien se pida la extradición.

    Artículo 373. El importe de los servicios prestados por empleados públicos u oficiales que sólo perciban derechos o emolumentos, no excederá de los que habitualmente cobraren por esas diligencias o servicios según las leyes del país en que residan.

    Artículo 374. Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la detención provisional, será de cargo del Estado que la solicite.

    Artículo 375. El tránsito de la persona extraditada y de sus custodios por el territorio de un tercer Estado contratante, se permitirá mediante la exhibición del ejemplar original o de una copia auténtica del documento que concede la extradición.

    Artículo 376. El Estado que obtenga la extradición de un acusado que fuere luego absuelto, estará obligado a comunicar al que la concedió una copia auténtica del fallo.

    Artículo 377. La persona entregada no podrá ser detenida en prisión ni juzgada por el Estado contratante a quien se entregue, por un delito distinto del que hubiere motivado la extradición y cometido con anterioridad a la misma, salvo que consienta en ello el Estado requerido, o que permanezea el extraditado libre en el primero tres meses después de juzgado y absuelto por el delito que originó la extradición o de cumplida la pena de privación de libertad impuesta.

    Artículo 378. En ningún caso se impondrá o ejecutará la pena de muerte por el delito que hubiese sido causa de la extradición.

    Artículo 379. Siempre que proceda el abono de la prisión preventiva, se computará como tal el tiempo transcurrido desde la detención del extraditado en el Estado a quien se le haya pedido.

    Artículo 380. El detenido será puesto en libertad, si el Estado requirente no presentase la solicitud de extradición en un plazo razonable, dentro del menor tiempo posible, habida cuenta de la distancia y las facilidades de comunicaciones postales entre los dos países, después del arresto provisional.

    Artículo 381. Negada la extradición do una persona, no se puede volver a solicitar por el mismo delito.

    TITULO CUARTO

    Del derecho de comparecer en juicio y sus modalidades

    Artículo 382. Los nacionales de cada Estado contratante gozarán en cada uno de los otros del beneficio de defensa por pobre, en las mismas condiciones que los naturales.

    Artículo 383. No se hará distinción entre nacionales y extranjeros en los Estados contratantes en cuanto a la prestación de la fianza para comparecer en juicio.

    Artículo 384. Los extranjeros pertenecientes a un Estado contratante podrán ejercitar en los demás la acción pública en materia penal, em iguales condiciones que los nacionales,

    Artículo 385. Tampoco necesitarán esos extranjeros prestar fianza para querellarse por acción privada, en los casos en que no se exija a los nacionales.

    Artículo 386. Ninguno de los Estados contratantes impondrá a los nacionales de otro la caución judicio sisti o el onus probandi, en los casos en que no se exijan a sus propios naturales.

    Artículo 387. No se autorizarán embargos preventivos, ni fianza de cárcel segura, ni otras medidas procesales de índole análoga, respecto de los nacionales de los Estados contratantes, por su sola condición de extranjeros.

    TITULO QUINTO

    Exhortos o comisiones rogatorias

    Artículo 388. Toda diligencia judicial que un Estado contratante necesite practicar en otro se efectuará mediante exhorto o comisión rogatoria cursados por la vía diplomática.

    Sin embargo, los Estados contratantes podrán pactar o aceptar entre sí en materia civil o criminal cualquier otra forma de trasmisión.

    Artículo 389. Al juez exhortante corresponde decidir respecto a su competencia y a la legalidad y oportunidad del acto o prueba, sin perjuicio de la jurisdicción del juez exhortado.

    Artículo 390. El juez exhortado resolverá sobre su propia competencia ratione materix para el acto que se le encarga.

    Artículo 391. El que reciba el exhorto o comisión rogatoria debe ajustarse en cuanto a su objeto a la ley del comitente y en cuanto a la forma de cumplirlo a la suya propia.

    Artículo 392. El exhorto será redactado en la lengua del Estado exhortante y será acompañado de una traducción hecha en la lengua del Estado exhortado, debidamente certificada por intérprete juramentado.

    Artículo 393. Los interesados en la ejecución de los exhortos y cartas rogatorias de naturaleza privada deberán constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos que estos apoderados y las diligencias ocasionen.

    TITULO SEXTO

    Excepciones que tienen carácter internacional

    Artículo 394. La litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratantes podrá alegarse en materia civil cuando la sentencia que se dicte en uno de ellos haya de producir en el otro los efectos de cosa juzgada.

    Artículo 395. En asuntos penales no podrá alegarse la excepción de litis pendencia por causa pendiente en otro Estado contratante.

    Artículo 396. La excepción de cosa juzgada que se funde en sentencia de otro Estado contratante sólo podrá alegarse cuando se haya dictado la sentencia con la comparecencia de las partes o de sus representantes legítimos, sin que se haya suscitado cuestión de competencia del tribunal extranjero basada en disposiciones de este Código.

    Artículo 397. En todos los casos de relaciones jurídicas sometidas a este Código, podrán promoverse cuestiones de competencia por declinatoria fundada en sus preceptos.

    TITULO SEPTIMO

    De la prueba

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA

    Artículo 398. La ley que rija el delito o la relación de derecho objeto del juicio civil o mercantil, determina a quién incumbe la prueba.

    Artículo 399. Para decidir los medios de prueba que pueden utilizarse en cada caso, es competente la ley del lugar en que se ha realizado el acto o hecho que se trate de probar, exceptuándose los no autorizados por la ley del lugar en que se sigue el juicio.

    Artículo 400. La forma en que ha de practicarse toda prueba se regula por la ley vigente en el lugar en que se Ileva a cabo.

    Artículo 401. La apreciación de la prueba depende de la ley del juzgador.

    Artículo 402. Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes: 

    1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país del otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza;

    2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su ley personal;

    3. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos;

    4. Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para sua autenticidad en el lugar donde se emplea.

    Artículo 403. La fuerza ejecutiva de un documento se subordina al derecho local.

    Artículo 404. La capacidad de los testigos y su recusación dependen de la ley a que se semeta la relación de derecho objeto del juicio.

    Artículo 405. La forma del juramento se ajustará a la ley del juez o tribunal ante quien se preste y su eficacia a la que rija el hecho sobre el cual se jura.

    Artículo 406. Las presunciones derivadas de un hecho se sujetan a la ley del lugar en que se realiza el hecho de que nacen.

    Artículo 407. La prueba indiciaria depende de la ley del juez o tribunal.

CAPITULO II

REGLAS ESPECIALES SOBRE LA PRUEBA DE LEYES EXTRANJERAS

    Artículo 408. Los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás, sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere.

    Artículo 409. La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada.

    Artículo 410. A falta de prueba, o si el juez o el tribunal por cualquier razón la estimaren insuficiente, podrán solicitar de oficio, antes de resolver, por la vía diplomática, que el Estado de cuya legislación se trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido del derecho aplicable.

    Artículo 411. Cada Estado contratante se obliga a suministrar a los otros, en el más breve plázo posible, la información a que el artículo anterior se refiere y que deberá proceder de su Tribunal Supremo o de cualquiera de sus Salas o Secciones, o del Ministerio Fiscal, o de la Secretaría o Ministerio de Justicia.

    TITULO OCTAVO

    Del recurso de casación

    Artículo 412. En todo Estado contratante donde exista el recurso de casación o la institución correspondiente, podrá interponerse por infracción, interpretación errónea o aplicación indebida de una ley de otro Estado contratante, en las mismas condiciones y casos que respecto del derecho nacional.

    Artículo 413. Serán aplicables al recurso de casación las reglas establecidas en el capítulo segundo del título anterior aunque el juez o tribunal inferior haya hecho ya uso de ellas

    TITULO NOVENO

    De la quiebra o concurso

CAPITULO I

UNIDAD DE LA QUIEBRA O CONCURSO

Artículo 414. Si el deudor concordatario, concursado o quebrado no tiene más que un domicilio civil o mercantil, no puede haber más que un juicio de procedimientos preventivos de concurso o quiebra, o una suspensión de pagos, o quita y espera, para todos sus bienes y todas sus obligaciones en los Estados contratantes.

    Artículo 415. Si una misma persona o sociedad tuviere en más de un Estado contratante varios establecimientos mercantiles enteramente separados económicamente, puede haber tantos juicios de procedimientos preventivos y de quiebra como establecimientos mercantiles.

CAPITULO II

UNIVERSALIDAD DE LA QUIEBRA O CONCURSO, Y SUS EFECTOS

    Artículo 416. La declaratoria de incapacidad del quebrado o concursado tiene en los Estados contratantes efectos extraterritoriales mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicación que exija la legislación de cada uno de ellos.

    Artículo 417. El auto de declaratoria de quiebra o concurso dictado en uno de los Estados contratantes se ejecutará en los otros en los casos y forma establecidos en este Código para las resoluciones judiciales; pero producirá, desde que quede firme y para las personas respecto de las cuales lo estuviere, los afectos de cosa juzgada.

    Artículo 418. Las facultades y funciones de los Síndicos nombrados en uno de los Estados contratantes con arreglo a las disposiciones de este Código tendrán efecto extraterritorial en los demás, sin necesidad de trámite alguno local.

    Artículo 419. El efecto retroactivo de la declaración de quiebra o concurso y la anulación de ciertos actos por consecuencia de esos juicios, se determinarán por la ley de los mismos y serán aplicables en el territorio de los demás Estados contratantes.

    Artículo 420. Las acciones reales y los derechos de la misma índole continuarán sujetos, no obstante la declaración de quiebra o concurso, a la ley de la situación de las cosas a que afecten y a la competencia de los jueces del lugar en que éstas se encuentren.

CAPITULO III

DEL CONVENIO Y LA REHABILITACIÓN

    Artículo 421. El convenio entre los acreedores y el quebrado o concursado, tendrá efectos extraterritoriales en los demás Estados contratantes, salvo el derecho ele los acreedores por acción real que no lo hubiesen aceptado.

    Articulo 422. La rehabilitación del quebrado tiene también eficacia extraterritorial en los demás Estados contratantes, desde que quede firme la resolución judicial en que se disponga, y conforme a sus términos.

    TITULO DECIMO

Ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros

CAPITULO I

MATERIA CIVIL

    Artículo 423. Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones:

    1. Que tenga competencia para conocer del assunto y juz garlo, de acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado;

    2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio;

    3. Que el fallo no contravenga el orden público o el desfecho público del país en que quiere ejecutarse;

    4. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte;

    5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si alli fuere distinto el idioma empleado;

    6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.

    Artículo 424. La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal competente para llevarla a efecto previas las formalidades requeridas por la legislación interior.

    Artículo 425. Contra la resolución judicial, en el caso que el articulo anterior se refiere, se otorgarán todos los recursos que las leyes de ese Estado concedan respecto de las sentencias definitivas dictadas en juicio declarativo de mayor cuantía.

    Artículo 426. El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá, antes de decretarla o denegarla, y por término de 20 días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal ó Ministerio Público.

    Artículo 427. La citación de la parte a quien deba oirse se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en este Código, si tuviere su domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación bastante, o en la forma establecida por el derecho local si tuviere el domicilio en el Estado requerido.

    Artículo 428. Pasado el término que el juez o tribunal señale para la comparecencia, continuará la marcha del asunto haya o no comparecido el citado.

    Artículo 429. Si se deniega el cumplimiento se devolverá la ejecutoria al que la hubiese presentado.

    Artículo 430. Cuando se acceda a cumplir la sentencia se ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos.

    Artículo 431. Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este Código, salvo las relativas a su ejecución.

    Artículo 432. El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores, se aplicarán en los Estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores, siempre que el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromisso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicite.

    Artículo 433. Se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias civiles dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal internacional, que se refieran a personas o intereses privados.

CAPITULO II

ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

    Artículo 434. Las disposiciones dictadas en actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio, por jueces o tribunales de un Estado contratante o por sus agentes consulares, se ejecutarán en los demás mediante los trámites y en la forma señalados en el capitulo anterior.

    Artículo 435. Las resoluciones en los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil procedentes de un Estado contratante, se aceptarán por los demás si reúnen las condiciones exigidas por este Código para la eficacia de los documentos otorgados en país extranjero y proceden de juez o tribunal competente, y tendrán en consecuencia eficacia extraterritorial.

CAPITULO III

MATERIA PENAL

    Artículo 436. Ningún Estado contratante ejecutará las sentencias dictadas en uno de los otros en materia penal, en cuanto a las sanciones de ese orden que impongan.

    Artículo 437. Podrán, sin embargo, ejecutarse dichas sentencias en lo que toca a la responsabilidad civil y a sus efectos sobre los bienes del condenado, si han sido dictadas por juez o tribunal competente, según este Código, y con audiencia del interesado, y se cumplen las demás condiciones formales y de trámite que el capítulo primero de este título establece.

     (13 de febrero de 1928).

    DECLARACIONES Y RESERVAS

    RESERVAS DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA

    La Delegación argentina deja constancia de las siguientes reservas que formula al Proyecto de Convención de Derecho Internacional Privado sometido a estudio de la Sexta Conferencia Internacional Americana.

    1. Entiende que la Codificación del Derecho Internacional Privado debe ser "gradual y progresiva", especialmente respecto de las instituciones que presentan en los Estados americanos identidad o analogía de caracteres fundamentales.

    2. Mantiene la vigencia de los Tratados de Derecho Civil Internacional, Derecho Penal Internacional, Derecho Comercial Internacional y Derecho Procesal Internacional, sancionados en Montevideo el año 1889, con sus Convenios y Protocolos respectivos.

    3. No acepta principios que modifiquen el sistema de la "ley del domicilio", especialmente en todo aquello que se oponga al texto y espíritu de la legislación civil argentina.

    4. No aprueba disposiciones que afecten, derecta o indirectamente, el principio sustentado por las legislaciones civil y comercial de la República Argentina, de que "las personas jurídicas deben exclusivamente su existencia a la ley del Estado que las autorice y por consiguiente no son ni nacionales ni extranjeras; sus funciones se determinan por dicha ley, de conformidad con los preceptos derivados del "domicilio" que ella les reconoce".

    5. No acepta principios que admitan o tiendan a sancionar el divorcio ad-vinculum.

    6. Acepta el sistema de la "unidad de las sucesiones" con la limitación derivada de la lex rei sitae en materia de bienes inmuebles.

    7. Admite todo principio que tienda a reconocer, en favor de la mujer, los mismos derechos civiles conferidos al hombre mayor de edad.

    8. No aprueba aquellos principios que modifiquen el sistema del jus soli como medio de adquirir la nacionalidad.

    9. No admite preceptos que resuelvan conflictos relativos a la "doble nacionalid" con perjuicio de la aplicación exclusiva del jus soli.

    10. No acepta normas que permitam la intervención de agentes diplomáticos y consulares, en los juicios sucesorios que interesen a extranjeros, salvo los preceptos ya establecidos en la República Argentina y que rigen esa intervención.

    11. En el régimen de la Letra de Cambio y Cheques en general, no admite disposiciones que modifiquen criterios aceptados en Conferencias Universales, como las de La Haya de 1910 y 1912.

    12. Hace reserva expresa de la aplicación de la "ley del pabellón" en cuestiones relativas al Derecho Marítimo, especialmente en lo que atañe al contrato de fletamento y a sus consecuencias jurídicas, por considerar que deben someterse a la ley y jurisdicción del país del pureto de destino.

    Este principio fué sostenido con éxito por la rama argentina de la Internacional Law Association en la 31ª sesión de ésta y actualmente es una de las Ilamadas "reglas de Buenos Aires".

    13. Reafirma el concepto de que los delitos cometidos en aeronaves, dentro del espacio aéreo nacional o en buques mercantes extranjeros, deberán juzgarse y punirse por las autoridades y leyes del Estado en que se encuentran.

    14. Ratifica la tesis aprobada por el Instituto Americano de Derecho Internacional, en su sesión de Montevideo de 1927, cuyo contenido es el siguieme: "La nacionalidad del reo no podrá ser invocada como causa para denegar su extradición".

    15. No admite principios que reglamenten las cuestiones internacionales del trabajo y situación jurídica de los obreros en mérito de las razones expuestas, cuando se discutió el artículo 198 del Proyecto de Convención de Derecho Civil Internacional, en la Junta Internacional de Jurisconsultos, asamblea de Río de Janeiro de 1927.

    La Delegación argentina hace presente que, como ya lo ha manifestado en la Honorable Comisión número 3, ratifica en la Sexta Conferencia Internacional Americana, los votos emitidos y actitud asumida por la Delegación argentina en la Asamblea de la Junta Internacional de Jurisconsultos, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, en los meses de abril y mayo de 1927.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

    Siente mucho no poder aprobar desde ahora el Código del doctor Bustamente, pues dada la Constitución de los Estados Unidos de América, las relaciones de los Estados miembros de la Unión Federal y as atribuciones y poderes del Gobierno Federal, se les hace difícil. El Gobierno de los Estados Unidos de América mantiene firme la idea de no desligarse de la América latina, por lo que, de acuerdo con el artículo sexto de la Convención, que permite a cada Gobierno adherirse más tarde, harán uso del privilegio de ese artículo a fin de que, después de examinar cuidadosamente el Código en todas sus estipulaciones, puedam adherirse por lo menos a gran parte del mismo. Por estas rozones la Delegación de los Estados Unidos de América se reserva su voto en la esperanza de poder adherirse, como ha dicho, en parte o en una parte considerable de sus estipulaciones.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE URUGUAY

    La Delegación de Uruguay hace reservas tendientes a que el criterio de esa Delegación sea coherente con el sustentado en la Junta de Jurisconsultos de Río de Janeiro por el doctor Pedro Varela, Catedrático de la Facultad de Derecho de su país. Las mantiene declarando que el Uruguay presta su aprobación al Código en general.

RESERVAS DE LA DELEGACIÓN DE PARAGUAY

    1. Hace la declaración de que el Paraguay mantiene su adhesión a los Tratados de Derecho Civil Internacional, Derecho Comercial Internacional, Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Internacional que fueron sancionados en Montevideo en 1888 y 1889, con los Convenios y Protocolos que los acompañan.

    2. No está conforme en modificar el sistema de la "Ley del domicilio" consagrado por la legislación civil de la República.

    3. Mantiene su adhesión al principio de su legislación de que las personas jurídicas deben exclusivamente su existencia a la Ley del Estado que las autoriza y que, por consiguiente, no son nacionales ni extranjeras; sus funciones están señaladas por la ley especial, de acuerdo con los principios derivados del domicilio.

    4. Admite el sistema de la "unidad de las sucesiones" con la limitación derivada de la lex rei sitae, en materia de bienes inmuebles.

    5. Está conforme con todo principio que tienda a reconocer en favor de la mujer los mismos derechos civiles acordados al hombre mayor de edad.

    6. No acepta los princípios que modifiquen el sistema del jus soli como medio de adquirir la nacionalidad.

    7. No está conforme con los preceptos que resuelvan el problema de la "doble nacionalidad" con perjuicio de la aplicación exclusiva del jus soli.

    8. Se adhiere al criterio aceptado en conferencias universales sobre el régimen de la Letra de Cambio y Cheques.

    9. Hace reserva de la aplicación de la "Ley del pabellón" en cuestiones relativas al Derecho Marítimo.

    10. Está conforme con que los delitos cometidos en aeronaves, dentro del espacio aéreo nacional o en buques mercantes extranjeros, deben ser juzgados por los tribunales del Estado en que se encuentren.

RESERVA DE LA DELEGACIÓN DE BRASIL

    Rechazada la enmienda substitutiva que propuso para el artículo 53, la Delegación de Brasil niega su aprobación al artículo 52, que establece la competencia de la ley del domicilio conyugal para regular la separación de cuerpos y el divorcio, así como también al artículo 54.

DECLARACIÓN QUE HACEN LAS DELEGACIONES DE COLOMBIA Y COSTA RICA

    Las delegaciones de Colombia y Costa Rica suscriben el Código de Derecho Internacional Privado de una manera global con la reserva expresa de todo cuanto pueda estar en contradicción con la legislación colombiana y la costarricense.

    En lo relativo a personas jurídicas nuestra opinión es que ellas deben estar sometidas a la ley local para todo lo que se refiera a "su concepto y reconocimiento", como lo dispone sabiamente el artículo 32 del Código, en contradicción (por lo menos aparente) con otras disposiciones del mismo como los artículos 16 a 21. Para las legislaciones suscritas, las personas jurídicas no pueden tener nacionalidad ni de acuerdo con los principios científicos ni en conformidad con las má altas y permanentes conveniencias de América. Habria sido preferible que en el Código que vamos a expedir, se hubiese omitido todo cuanto pueda servir para afirmar que las personas jurídicas, singularmente las sociedades de capitales, tienen nacionalidad.

    Las delegaciones suscritas al aceptor la transacción consignada en el artículo 7º entre las doctrinas europeas de la personalidad del derecho y la genuinamente americana del domicilio para regir el estado civil y la capacidad de las personas en derecho internacional privado, declaran que aceptan esa transacción para no retardar la expedición del Código que todas las naciones de América esperan hoy como una de las obras más transcendentales de esta Conferencia, pero afirman enfáticamente que esa transacción debe ser transitoria porque la unidad jurídica del Continente tiene que verificarse en torno a la Iey del domicilio, única que salvaguarda eficazmente la soberanía e independencia de los pueblos de América. Pueblos de inmigración como son o habrán de ser todas estas repúblicas no pueden mirar sin suprema inquietud que los inmigrantes europeos traigan la pretensión de invocar en América sus propias leyes de origen para gobernar aqui su estado civil de capacidad para contratar. Admitir esa posibilidad (que consagra el principio de la ley nacional, reconocido parcialmente en el Código) es crear en América un estado dentro del Estado y ponernos casi bajo el régimen de las capitulaciones que Europa impuso durante siglos a las naciones del Asia, por ella considerados como inferiores en sus relaciones internacionales. Las delegaciones suscritas hacen votos por que muy pronto desaparezcan de las legislaciones americanas todas as huellas de las teorías (más políticas que jurídicas) preconizadas por Europa para conservar aquí la jurisdicción sobre sus nacionales establecidos en las libres tierras de América y espera que la legislación del continente se unifique de acuerdo con los principios que someten al extranjero inmigrante al imperio irrestricto de las leyes locales. Con la esperanza, pues, de que en breve la ley del domicilio será la que rija en América el estado civil y la capacidad de las personas, y en la seguridad de que ella será uno de los aspectos más característicos del Pan-americanismo jurídico que todos anhelamos crear, las delegaciones subscritas votan el Código de Derecho Internacional Privado y aceptan la transacción doctrinaria en que él se inspira.

    Refiriéndose a las disposiciones sobre el divorcio, la Delegación colombiana formula su reserva absoluta en cuanto regula el divorcio por la ley del domicilio conyugal, porque considera que para tales efectos y dado el carácter excepcionalmente trascendental y sagrado del matrimonio (base de la sociedad y del Estado mismo), Colombia no puede aceptar dentro de su territorio la aplicación de legislaciones extrañas.

    Las delegaciones quieren, además, hacer constar su admiración entusiasta por la obra fecunda del doctor Sánchez de Bustamante que este (Código representa en sus 500 artículos concebidos en cláusulas lapidarias que bien pudieran servir como dechado para los legisladores de todos los pueblos. De hoy más el doctor Sánchez de Bustamante será no sólo uno de los hijos más esclarecidos de Cuba, sino uno de los más eximios ciudadanos de la gran patria americana que puede con justicia ufanarse de producir hombres de ciencias y estadístas tan egregios como el autor del Código de Derecho Internacional Privado que hemos estudiado y que la Sexta Conferencia Internacional Americana va a sancionar en nombre de la América entera.

RESERVAS DE LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR

    Reserva primera: especialmente aplicable a los artículos 44, 146, 176, 232 y 233:

    En cuanto se refiere a las incapacidades que puedan tener los extranjeros conforme a su ley personal para testar, contratar, comparecer en juicio, ejercer el comercio o intervenir en actos o contratos mercantiles, se hace la reserva de que en El Salvador dichas incapacidades no serán reconocidas en los casos en que los actos o contratos han sido celebrados en El Salvador, sin contravención a la ley salvadoreña y para tener efectos en su territorio nacional.

    Reserva segunda: aplicable al artículo 187, párrafo final:

    En caso de comunidade de bienes impuesta a Ios casados como ley personal por um Estado extranjero, sólo será reconocida en El Salvador, si se confirma por contrato entre las partes interesadas, cumpliéndose todos los requisitos que la ley salvadoreña determina, o determine en lo futuro, con respecto a bienes situados en El Salvador.

    Reserva tercera: especialmente aplicable a los artículos 327, 328 y 329:

    Reserva de que no será admisible, en cuanto concierne a El Salvador, la jurisdicción de jueces o tribunales extranjeros en los juicios y diligencias sucesorales y en los concursos de acreedores y quiebra en todos los casos en que afecten bienes inmuebles situados en El Salvador.

RESERVAS DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

    1. La Delegación de la República Dominicana desea mantener el predominio de la Ley Nacional en aquellas cuestiones que se refieren al estado y capacidad de los dominicanos, en donde quiera que éstos se encuentren, por lo cual no puede aceptar sino con reservas, aquellas disposiciones del Proyecto de Codificación en que se da preeminencia a la "ley del domicilio" o a la ley local; todo elle, no obstante el principio conciliador enunciado en el artículo 7 del Proyecto del cual es una aplicación el artículo 53 del mismo.

    2. En cuanto a la nacionalidad, título 1º del libro 1º, artículo 9 y siguientes, establecemos una reserva, en lo que toca, primero, a la nacionalidad de las sociedades, y segundo, muy especialmente al principio general de nuestra constitución política según el cual a ningún dominicano se le reconocerá otra nacionalidad que la dominicana mientras resida en el territorio de la República.

    3. En cuanto al domicilio de las sociedad extranjeras, cualesquiera que fueren sus estatutos y el lugar en que lo hubieren fijado, o en que tuvieren su principal establecimiento, etcétera, reservamos este principio de orden público en la República Dominicana; cualquier persona física o moral que ejerza actos de la vida juridica en su territorio, tendrá por domicilio el lugar donde tenga un establecimiento, una agencia o un representante cualquiera. Este domicilio es atributivo de jurisdicción para los tribunales nacionales en aquellas relaciones jurídicas que se refieran a actos intervenidos en el país cualesquiera que fuere la naturaleza de ellos.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ECUADOR

    La Delegación de Ecuador tiene el honor de suscribir por entero la Convención del Código de Derecho Internacional Privado en homenaje al doctor Bustamente. No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan solo, la facultad general contenida en la misma Convención, que deja a los gobiernos la libertad de ratificarla.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE NICARAGUA

    Nicaragua en materias que ahora o en lo futuro considere de algún modo sujetas al Derecho Canónico no podrá aplicar las disposiciones del Código de Derecho Internacional Privado que estuvieren en conflicto con aquel Derecho.

    Declara que como lo expresó verbalmente en vários casos durante la discusión, algunas de las disposiciones del Código aprobado están en desacuerdo con disposiciones expresas de la legislación de Nicaragua o con principios que son bases de esa legislación; pero como un debido homenaje a la obra insigne del ilustre autor de aquel Código, prefiere em vez puntualizar las reservas del caso, hacer esta declaración y dejar que los poderes públicos de Nicaragua formulen tales reservas o reformen hasta donde sea posible Ia legislación nacional en los casos de incompatibilidad.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CHILE

La Delegación de Chile se complace en presentar sus más calurosas felicitaciones al eminente y sabio jurisconsulto americano, señor Antonio Sánchez de Bustamente, por la magna labor que ha realizado redactando un proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, destinado a regir las relaciones entre los Estados de América. Este trabajo es una contribución preciosa para el desarrollo del panamericanismo jurídico, que todos los países del Nuevo Mundo desean ver fortalecido y desarrollado. Aún cuando esta obra grandiosa de la codificación no puede realizarse en breve espacio de tiempo, porque necesita de la mardurez y de la reflexión de los Estados que en ella van a participar, la Delegación de Chile no será un obstáculo para que esta Conferencia Panamericana apruebe un Código de Derecho Internacional Privado; pero salvará su voto en las materias y en los puntos que estime conveniente, en especial, en los puntos referentes a su política tradicional o a su legislación nacional.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE PANAMÁ

    Al emitir su voto en favor del Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado en la sesión celebrada por esta Comisión el día 27 de enero último, la Delegación de la República de Panamá manifestó que oportunamente presentaría las reservas que creyere necesárias, si a ello hubiere lugar. Esta actitud de la Delegación de Panamá obedeció a ciertas dudas que abrigaba respecto del alcance y extensión de alguna de las disposiciones contenidas en el Proyecto, especialmente en lo relativo a la aplicación de la ley nacional del extranjero residente en el país, lo cual habría dado lugar a un verdadero conflicto, ya que en la República de Panamá impera el sistema de la ley territorial desde el momento mismo en que se constituyó como estado independiente. Sin embargo, la Delegación panameña estima que todas las dificuldades que pudieram presentarse en esta delicada materia han sido previstas y quedarán sábiamente resueltas por medio del artículo séptimo del Proyecto, según el cual "cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio o las de la nacionalidad, según el sistema que haya, adoptado o adopte en lo adelante la legislación interior". Como todos los demás Estados que suscriban y ratifiquen la Convención respectiva, Panamá que dará, pues, en plena libertad de aplicar su propia ley, que es la territorial.

    Entendidas así las cosas a la Delegación de Panamá le es altamente grato declarar, como lo hace en efecto, que le imparte su aprobación al Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, o al Código Bustamente que es como debería llamarse en homenaje a su autor, sin reservas de ninguma clase.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA

    Guatemala ha adoptado en su legislación civil el sistema del domicilio, pero aúnque así no fuera, los artículos conciliatorios de Código hacen armonizar perfectamente cualquier conflicto que pudiera suscitarse entre los diferentes Estados, según las escuelas diversas a que hayan sido afiliados.

    En consecuencia, pues, la Delegación de Guatemala se acomoda perfectamente a la modalidade que con tanta ilustración, prudencia genialidad y criterio científico, campean en el Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado y quiere desejar de constancia expresa de su aceptación absoluta y sin reservas de ninguna especie.

(13 de febrero de 1928.)

    E, tendo sido a mesma Convenção, cujo teor fica acima transcripto, approvada pelo Congresso Nacional, a confirmo e ratifico e, pela presente, a dou por firme e valiosa para produzir os seus devidos effeitos, promettendo que ella será, cumprida inviolavelmente.

    Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assigno e é sellada com o sello das armas da Republica e subscripta pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.

    Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos vinte e cinco de Junho de mil novecentos e vinte e nove, 108º da Independencia e 41º da Republica.

(L. S.) WASHINGTON LUIS P. DE SOUSA .

Octavio Mangabeira.

    (TRADUCÇÃO OFFICIAL)

CONVENÇÃO

(DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO)

    OS PRESIDENTES DAS REPUBLICAS DO PERÚ, URUGUAY, PANAMÁ, EQUADOR, MEXICO, SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, BOLIVIA, VENEZUELA, COLOMBIA, HONDURAS, COSTA RICA, CHILE, BRASIL, ARGENTINA, PARAGUAY, HAITI, REPUBLICA DOMINICANA, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA E CUBA,

    Desejando que os respectivos paizes se representassem na Sexta Conferencia Internacional Americana, a ella enviaram, devidamente autorizados, para approvar as recomendações, resoluções, convenções e tratados que julgassem uteis aos interesses da America, os seguintes senhores delegados:

    PERÚ:

     Jesús Melquiades Salazar, Victor Maúrtua, Enrique Castro Oyanguren, Luis Ernesto Denegri.

    URUGUAY:

     Jacobo Varela Acevedo, Juan José Amézaga, Leenel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda.

    PANAMÁ:

     Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari.

    EQUADOR:

     Gonzalo Zaldumbique, Victor Zevalos, Colón Eloy Alfaro.

    MEXICO:

     Julio Garcia, Fernando González Roa, Salvador Urbina, Aquiles Elorduy.

    SALVADOR:

     Gustavo Guerrero, Héctor David Castro, Eduardo Alvarez.

    GUATEMALA:

     Carlos Salazar, Bernardo Alvarado Tello, Luis Beltranema, José Azurdia.

    NICARAGUA:

     Carlos Cuadra Pazos, Joaquín Gómez, Máximo H. Zepeda.

    BOLIVIA:

     José Antezana, Adolfo Costa du Rels.

    VENEZUELA:

     Santiago Key Ayala, Francisco Geraldo Yanes, Rafael Angel Arraiz.

    COLOMBIA:

     Enrique Olaya Herrera, Jesús M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbeláez, Ricardo Gutiéirrez Lee.

    HONDURAS:

     Fausto Dávila, Mariano Vásquez.

    COSTA RICA:

     Ricardo Castro Beeche, J. Rafael Oreamuno, Arturo Tinoco.

    CHILE:

     Alejandro Lira, Alejandro Alvarez, Carlos Silva Vidósola, Manuel Bianchi.

    BRASIL:

     Raul Fernandes, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Corrêa, Eduardo Espinola.

    ARGENTINA:

     Honorio Pueyrredón, Laurentino Olascoaga, Felipe A. Espil.

    PARAGUAY:

     Lisandro Diaz León.

    HAITI:

     Fernando Dennis, Charles Riboul.

    REPUBLICA DOMINICANA:

     Francisco J. Peynado, Gustavo A Diaz, Elias Brache, Angel Morales, Tulio M. Cesteros, Ricardo Pérez Alfonseca, Jacinto R. de Castro, Federico C. Alvarez.

    ESTADOS UNIDOS DA AMERICA:

     Charles Evans Hughes, Noble Brandon Judah, Henry P. Flecther, Oscar W. Underwood, Morgan J. O'Brien, Dwight W. Morrow, James Brown Scott, Ray Lyman Wilbur, Leo S. Rowe.

    CUBA:

     Antonio S. de Bustamante, Orestes Ferrara, Enrique Hernández Cartaya, José Manuel Cortina, Aristides Agüero, José B. Alemán, Manuel Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Néstor Carbonell, Jesús Maria Barraqué.

    Os quaes, depois de se haverem communicado os seus plenos poderes, achados em boa e devida forma, convieram no seguinte:

    Art. 1º As Republicas, contractantes acceitam e põem em vigor o Codigo de Direito Internacional Privado, annexo á presente convenção.

    Art. 2º As disposições desse Codigo não serão applicaveis senão ás Republicas contractantes e aos demais Estados que a elle adherirem, na forma que mais adiante se consigna.

    Art. 3º Cada uma das Republicas contractantes, ao ratificar a presente convenção, poderá declarar que faz reserva quanto á acceitação de um ou varios artigos do Codigo annexo e que não a obrigarão as disposições a que a reserva se referir.

    Art. 4º O Codigo entrará em vigor, para as Republicas que o ratifiquem, trinta dias depois do deposito da respectiva ratificação e desde que tenha sido ratificado, pelo menos, por dois paizes.

    Art. 5º As ratificações serão depositadas na Secretaria da União Panamericana, que transmittirá cópia dellas a cada uma das Republicas contractantes.

    Art. 6º Os Estados ou pessoas juridicas internacionaes não contractantes, que desejam adherir a esta convenção e, no todo ou em parte, ao Codigo annexo, notificarão isso á Secretaria da União Panamericana, que, por sua vez, o communicará a todos os Estados até então contractantes ou adherentes. Passados seis mezes desde essa communicação, o Estado ou pessoa juridica internacional interessado poderá depositar, na Secretaria da União Panamericana, o instrumento de adhesão e ficará ligado por esta convenção com caracter reciproco, trinta dias depois da adhesão, em relação a todos os regidos pela mesma e que não tiverem feito reserva alguma total ou parcial quanto á adhesão solicitada.

    Art. 7º Qualquer Republica americana ligada a esta convenção e que desejar modificar, no todo ou em parte, o Codigo annexo, apresentará a proposta correspondente á Conferencia Internacional Americana seguinte, para a resolução que fôr procedente.

    Art. 8º Se alguma das pessoas juridicas internacionaes contractantes ou adherentes quizer denunciar a presente Convenção, notificará a denuncia, por escripto, á União Panamericana, a qual transmittirá immediatamente ás demais uma cópia literal authentica da notificação, dando-lhes a conhecer a data em que a tiver recebido.

    A denuncia não produzirá effeito senão no que respeita ao contractante que a tiver notificado e depois de um anno de recebida na Secretaria da União Panamericana.

    Art. 9º A Secretaria da União Panamericana manterá um registro das datas de deposito das ratificações e recebimento de adhesões e denuncias, e expedirá cópias authenticadas do dito registro a todo contractante que o solicitar.

    Em fé do que, os plenipotenciarios assignam a presente convenção e põem nella o sello da Sexta Conferencia Internacional Americana.

    Dado na cidade de Havana, no dia vinte de Fevereiro de mil novecentos e vinte e oito, em quatro exemplares, escriptos respectivamente em espanhol, francez, inglez e portuguez e que se depositarão na Secretaria da União Panamericana, com o fim de serem enviadas cópias authenticadas de todos a cada uma das Republicas signatarias.

    CODIGO DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

    TITULO PRELIMINAR

Regras geraes

    Art. 1º Os estrangeiros que pertençam a qualquer dos Estados contractantes gozam, no territorio dos demais, dos mesmos direitos civis que se concedam aos nacionaes.

    Cada Estado contractante pode, por motivo de ordem publica, recusar ou sujeitar a condições especiaes o exercicio de determinados direitos civis aos naciones dos outros, e qualquer desses Estados pode, em casos identicos, recusar ou sujeitar a condições especiais o mesmo exercicio aos nacionaes do primeiro.

    Art. 2º Os estrangeiros que pertençam a qualquer dos Estados contractantes gozarão tambem, no territorio dos demais de garantias individuaes identicas ás dos nacionaes, salvo as restricções que em cada um estabeleçam a Constituição e as leis.

    As garantias individuaes identicas não se estendem ao desempenho de funcções publicas, ao direito de suffragio e a outros direitos politicos, salvo disposição especial da legislação interna.

    Art. 3º Para o exercicio dos direitos civis e para o gozo das garantias individuaes identicas, as leis e regras vigentes em cada Estado contractante consideram-se divididas nas tres categoria seguintes:

    I. As que se applicam á pessoas em virtude do seu domicilio ou da sua nacionalidade e as seguem, ainda que se mudem para outro paiz, - denominadas pessoas ou de ordem publica interna;

    II. As que obrigam por igual a todos os que residem no territorio, sejam ou não nacionaes, - denominadas territoriaes, locaes ou de ordem publica internacional;

    III. As que se applicam somente mediante a expressão, a interpretação ou a presumpção da vontade das partes ou de alguma dellas, - denominadas voluntarias, suppletorias ou de ordem privada.

    Art. 4º Os preceitos constitucionaes são de ordem publica internacional.

    Art. 5º Todas as regras de protecção individual e collectiva, estabelecida pelo direito politico e pelo administrativo, são tambem de ordem publica internacional, salvo o caso de que nellas expressamente se disponha o contrario.

    Art. 6º Em todos os casos não previstos por este Codigo, cada um dos Estados contractantes applicará a sua propria definição ás instituições ou relações juridicas que tiverem de corresponder aos grupos de leis mencionadas no art. 3º.

    Art. 7º Cada Estado contractante applicará como leis pessoaes as do domicilio, as da nacionalidade ou as que tenha adoptado ou adopte no futuro a sua legislação interna.

    Art. 8º Os direitos adquiridos segundo as regras deste Codigo têm plena efficacia extraterritorial nos Estados contractantes, salvo se se oppuzer a algum dos seus effeitos ou consequencias uma regra de ordem publica internacional.

    LIVRO PRIMEIRO

Direito Civil Internacional

    TITULO PRIMEIRO

Das pessoas

CAPITULO I

DA NACIONALIDADE E NATURALIZAÇÃO

    Art. 9º. Cada Estado contractante applicará o seu direito proprio á determinação da nacionalidade de origem de toda pessoa individual ou juridica e á sua acquisição, perde ou recuperação posterior, realizadas dentro ou fora do seu territorio, quando uma das nacionalidades sujeitas á controversia seja a do dito Estado. Os demais casos serão regidos pelas disposições que se acham estarrecidas nos restantes artigos deste capitulo.

    Art. 10. Ás questões sobres nacionalidade de origem em que não esteja interessado o Estado em que ellas se debatem, apllicar-se-á a lei daquella das nacionalidades discutidas em que tiver domicilio a pessoa de que se trate.

    Art. 11. Na falta desse domicilio, applicar-se-ão ao caso previsto no artigo anterior os principios acceitos pela lei do julgador.

    Art. 12. As questões sobre acquisição individual de uma nova nacionalidade serão resolvidas de accôrdo com a lei da nacionalidade que se suppuzer adquirida.

    Art. 13. Ás naturalizações collectivas, no caso de independencia de um Estado, applicar-se-á a lei do Estado novo, se tiver sido reconhecido pelo Estado julgador, e, na sua falta, a do antigo, tudo sem prejuizo das estipulações contractuaes entre os dois Estados interessados, as quaes terão sempre preferencia.

    Art. 14. Á perda de nacionalidade deve applicar-se a lei da nacionalidade perdida.

    Art. 15. A recuperação da nacionalidade submette-se á lei da nacionalidade que se readquire.

    Art. 16. A nacionalidade de origem das corporações e das fundações será determinada pela lei do Estado que as autorize ou as approve.

    Art. 17. A nacionalidade de origem das associações será a do paiz em que se constituam, e nelle devem ser registradas ou inscriptas, se a legislação local exigir esse requisito.

    Art. 18. As sociedades civis, mercantis ou industriaes, que não sejam anonymas, terão a nacionalidade estipulada na escriptura social e, em sua falta, a do lugar onde tenha séde habitualmente a sua gerencia ou direcção principal.

    Art. 19. A nacionalidade das sociedades anonymas será determinada pelo contracto social e, eventualmente, pela lei do lugar em que normalmente se reuna a junta geral de accionistas ou, em sua falta, pela do lugar onde funccione o seu principal Conselho administrativo ou Junta directiva.

    Art. 20. A mudança de nacionalidade das corporações, fundações, associações e sociedades, salvo casos de variação da soberania territorial, terá que se sujeitar ás condições exigidas pela sua lei antiga e pela nova.

    Se se mudar a soberania territorial, no caso de independencia, applicar-se-á a regra estabelecida no art. 13 para as naturalizações collectivas.

    Art. 21. As disposições do art. 9º, no que se referem a pessoas juridicas, e as dos arts. 16 a 20 não serão applicadas nos Estados contractantes, que não attribuam nacionalidade as ditas pesssoas juridicas.

CAPITULO II

DO DOMICILIO

    Art. 22. O conceito, acquisição, perda e reacquisição do domicilio geral e especial das pessoas naturaes ou juridicas reger-se-ão pela lei territorial.

    Art. 23. O domicilio dos funccionarios diplomaticos e o dos individuos que residam temporariamente no estrangeiro, por emprego ou commissão de seu governo ou para estudos scientifico ou artisticos, será o ultimo que hajam tido em territorio nacional.

    Art. 24. O domicilio legal do chefe da familia estende-se á mulher e aos filhos, não emancipados, e o do tutor ou curador, aos menores ou incapazes sob a sua guarda, se não se achar disposto o contrario na legislação pessoal daquelles a quem se attribue o domicilio de outrem.

    Art. 25. As questões sobre a mudança de domicilio das pessoas naturaes ou juridicas serão resolvidas de accôrdo com a lei do tribunal, se este fôr de uma dos Estados interessados e, se não, pela do lugar em que se pretenda te adquirido o ultimo domicilio.

    Art. 26. Para as pessoas que não tenham domicilio, entender-se-á como tal o lugar de sua residencia, ou aquelle em que se encontrem.

CAPITULO III

NASCIMENTO, EXTINCÇÃO E CONSEQUENCIAS DA PERSONALIDADE CIVIL

SECÇÃO I

DAS PESSOAS INDIVIDUAES

    Art. 27. A capacidade das pessoas individuaes rege-se pela sua lei pessoal, salvo as restricções fixadas para seu exercicio, por este Codigo ou pelo direito local.

    Art. 28. Applicar-se-á a lei pessoal para decidir se o nascimento determina a personalidade e se o nascituro se tem por nascido, para tudo o que lhe seja favoravel, assim como para a viabilidade e os effeitos da prioridade do nascimento, no caso de partos duplos ou multiplos.

    Art. 29. As presumpções de sobrevivencia ou de morte simultanea, na falta de prova, serão reguladas pela lei pessoal de cada um dos fallecidos em relação á sua respectiva successão.

    Art. 30. Cada Estado applica a sua propria legislação, para declarar extincta a personalidade civil pela morte natural das pessoas individuaes e o desapparecimento ou dissolução official das pessoas juridicas, assim como para decidir de a menoridade, a demencia ou imbecilidade, a surdo-mudez, a prodigalidade e a interdição civil são unicamente restricções da personalidade, que permittem direitos e tambem certas obrigações.

SECÇÃO II

DAS PESSOAS JURIDICAS

    Art. 31. Cada Estado contractante, no seu caracter de pessoa juridica, tem capacidade para adquirir e exercer direitos civis e contrahir obrigações da mesma natureza no territorio dos demais, sem outras restricções, senão as estabelecidas expressamente pelo direito local.

    Art. 32. O conceito e reconhecimento das pessoas juridicas serão regidos pela lei territorial.

    Art. 33. Salvo as restricções estabelecidas nos dois artigos precedentes, a capacidade civil das corporações é regida pela lei que as tiver criado ou reconhecido; a das fundações, pelas regras da sua instituição, approvadas pela autoridade correspondente, se o exigir o seu direito nacional; e a das associações, pelos seus estatutos, em iguaes condições.

    Art. 34. Com as mesmas restricções, a capacidade civil das sociedades civis, commerciaes ou industriaes é regida pelas disposições relativas ao contracto de sociedade.

    Art. 35. A lei local applicar-se-á aos bens das pessoas juridicas que deixem de existir, a menos que o caso esteja previsto de outro modo, nos seus estatutos, nas suas clausulas basicas ou no direito em vigor referente ás sociedades.

CAPITULO IV

DO MATRIMONIO E DO DIVORCIO

SECÇÃO I

CONDIÇÕES JURIDICAS QUE DEVE PRECEDER A CELEBRAÇÃO DO MATRIMONIO

    Art. 36. Os nubentes estarão sujeitos á sua lei pessoal, em tudo quanto se refira á capacidade para celebrar o matrimonio, ao consentimento ou conselhos paternos, aos impedimentos e á sua dispensa.

Art. 37. Os estrangeiros devem provar, antes de casar, que preencheram as condições exigidas pelas suas leis pessoaes, no que se refere ao artigo precedente. Podem fazê-lo mediante certidão dos respectivos funccionarios diplomaticos ou agentes consulares ou por outros meios julgados sufficientes pela autoridade local, que terá em todo caso completa liberdade de apreciação.

    Art. 38. A legislação local é applicavel aos estrangeiros, quanto aos impedimentos que, por sua parte, estabelecer e que não sejam dispensaveis, á forma do consentimento, á, força obrigatoria ou não dos esponsaes, á opposição ao matrimonio ou obrigação de denunciar os impedimentos e ás consequencias civis da denuncia falsa, á forma das diligencias preliminares e á autoridade competente para celebrá-lo.

    Art. 39. Rege-se pela lei pessoal commum das partes e, na sua falta, pelo direito local, a obrigação, ou não, de indemnização em consequencia de promessa de casamento não executada ou de publicação de proclamas, em igual caso.

    Art. 40. Os Estados contractantes não são obrigados a reconhecer o casamento celebrado em qualquer delles, pelos seus nacionaes ou por estrangeiros, que infrinjam as suas disposições relativas á necessidade da, dissolução dum casamento anterior, aos graus de consanguinidade ou affinidade em relação aos quaes exista estorvo absoluto, á prohibição de se casar estabelecida em relação aos culpados de adulterio que tenha sido motivo de dissolução do casamento de um delles e á propria prohibição, referente ao responsavel de attentado contra a vida de um dos conjuges, para se casar com o sobrevivente, ou a qualquer outra causa de nullidade que se não possa remediar.

SECÇÃO II

DA FORMA DO MATRIMONIO

    Art. 41. Ter-se-á em toda parte como valido, quanto á forma, o matrimonio celebrado na que estabeleçam como efficaz as leis do paiz em que se effectue. Comtudo, os Estados, cuja legislação exigir uma ceremonia religiosa, poderão negar validade aos matrimonios contrahidos por seus nacionaes no estrangeiro sem a observancia dessa formalidade.

    Art. 42. Nos paizes em que as leis o permittam, os casamentos contrahidos ante os funccionarios diplomaticos ou consulares dos dois contrahentes ajustar-se-ão á sua lei pessoal, sem prejuizo de que lhes sejam applicaveis as disposições do art. 40.

SECÇÃO III

DOS EFFEITOS DO MATRIMONIO QUANTO ÁS PESSOAS DOS CONJUGES

    Art. 43. Applicar-se-á o direito pessoal de ambos os conjuges, e, se fôr diverso, o do marido, no que toque aos deveres respectivos de protecção e de obediencia, á obrigação ou não da mulher de seguir o marido quando mudar de residencia, á disposição e administração dos bens communs e aos demais effeitos especiaes do matrimonio.

    Art. 44. A lei pessoal da mulher regerá a disposição e administração de seus bens proprios e seu comparecimento em juízo.

    Art. 45. Fica sujeita ao direito territorial a obrigação dos conjuges de viver juntos, guardar fidelidade e soccorrer-se mutuamente.

    Art. 46. Tambem se applica imperativamente o direito local que prive de effeitos civis o matrimonio do bigamo.

SECÇÃO IV

DA NULLIDADE DO MATRlMONIO E SEUS EFFEITOS

    Art. 47. A nullidade do matrimonio deve regular-se pela mesma lei a que estiver submettida a condição intrinseca ou extrinseca que a tiver motivado.

    Art. 48. A coacção, o medo e o rapto, como causas de nullidade do matrimonio, são regulados pela lei do lugar da celebração.

    Art. 49. Applicar-se-á a lei pessoal de ambos os conjuges, se, fôr commum; na sua falta, a do conjuge que tiver procedido de boa fé, e, na falta de ambas, a do varão, ás regras sobre o cuidado dos filhos de matrimonios nullos, nos casos em que os paes não possam ou não queiram estipular nada sobre o assumpto.

    Art. 50. Essa mesma lei pessoal deve applicar-se aos demais effeitos civis do matrimonio nullo, excepto os que se referem aos bens dos conjuges, que seguirão a lei do regimen economico matrimonial.

    Art. 51. São de ordem publica internacional as regras que estabelecem os effeitos judiciaes do pedido de nullidade.

SECÇÃO V

DA SEPARAÇÃO DE CORPOS E DO DIVORCIO

    Art. 52. O direito á separação de corpos e ao divorcio regula-se pela lei do domicilio conjugal, mas não se pode fundar em causas anteriores á acquisição do dito domicilio, se as não autorizar, com iguaes effeitos, a lei pessoal de ambos os conjuges.

    Art. 53. Cada Estado contractante tem o direito do permitir ou reconhecer, ou não, o divorcio ou o novo casamento de pessoas divorciadas no estrangeiro, em casos, com effeitos ou por causas que não admitta o seu direito pessoal.

    Art. 54. As causas do divorcio e da separação de corpos submeter-se-ão á lei do lugar em que forem solicitados, desde que nelle estejam domiciliados os conjuges.

    Art. 55. A lei do juiz perante quem se litiga determina as consequencias judiciaes da demanda e as disposições da sentença a respeito dos conjuges e dos filhos.

    Art. 56. A separação de corpos e o divorcio, obtidos conforme os artigos que precedem, produzem effeitos civis, de accôrdo com a legislação do tribunal que os outorga, nos demais Estados contractantes, salvo o disposto no art. 53.

CAPITULO V

DA PATERNIDADE E FILlAÇÃO

    Art. 57. São regras de ordem publica interna, devendo applicar-se a lei pessoal do filho, se fôr distincta da do pae, as referentes á presumpção de legitimidade e suas condições, as que conferem o direito ao appellido e as que determinam as provas de filiação e regulam a successão do filho.

    Art. 58. Têm o mesmo caracter, mas se lhes applica a lei pessoal do pae, as regras que outorguem aos filhos legitimados direitos de successão.

    Art. 59. É de ordem publica internacional a regra que da ao filho o direito a alimentos.

    Art. 60. A capacidade para legitimar rege-se pela lei pessoal do pae e a capacidade para ser legitimado pela lei pessoal do filho, requerendo a legitimação a concorrencia das condições exigidas em ambas.

    Art. 61. A prohibição de legitimar filhos não simplesmente naturaes é de ordem publica internacional.

    Art. 62. As consequencias da legitimação e a acção para a impugnar submettem-se á lei pessoal do filho.

    Art. 63. A investigação da paternidade e da maternidade e a sua prohibição regulam-se pelo direito territorial.

    Art. 64. Dependem da lei pessoal do filho as regras que indicam as condições do reconhecimento, obrigam a fazê-lo em certos casos, estabelecem as acções para esse effeito, concedem ou negam o nome e indicam as causas de nullidade.

    Art. 65. Subordinam-se a lei pessoal do pae os direitos de successão dos filhos illegitimos e á pessoal do filho os dos paes illegitimos.

    Art. 66. A forma e circumstancias do reconhecimento dos filhos illegitimos subordinam-se, ao direito territorial.

CAPITULO VI

DOS ALIMENTOS ENTRE PARENTES

    Art. 67. Sujeitar-se-ão á lei pessoal do alimento o conceito legal dos alimentos, a ordem da sua prestação, a maneira de os subministrar e a extensão e a extensão desse direito.

    Art. 68. São de ordem publica internacional as disposições que estabelecem o dever de prestar alimentos, seu montante, reducção e augmento, a opportunidade em que são devidos e a forma do seu pagamento, assim como as que prohibem renunciar e ceder esse direito.

CAPITULO VII

DO PATRIO PODER

    Art. 69. Estão submetidas á lei pessoal do filho a existencia e o alcance geral do patrio poder a respeito da pessoa e bens, assim como as causas da sua extinção e recuperação, e a limitação, por motivo de novas nupcias, do direito de castigar.

    Art. 70. A existencia do direito de usufructo e as demais regras applicaveis ás differentes classes de peculio submettam-se tambem á lei pessoal do filho, seja qual fôr a natureza dos bens e o lugar em que se encontrem.

    Art. 71. O disposto no artigo anterior é applicavel em territorio estrangeiro, sem prejuizo dos direitos de terceiro que a lei local outorgue e das disposições locaes sobre publicidade e especialização de garantias hypothecarias.

    Art. 72. São de ordem publica internacional as disposições que determinem a natureza e os limites da faculdade do pae de corrigir e castigar e o seu recurso ás autoridades, assim como os que o privam do patrio poder por incapacidade, ausencia ou sentença.

CAPITULO VIII

DA ADOPÇÃO

    Art. 73. A capacidade para adoptar e ser adoptado e as condições e limitações para adoptar ficam sujeitas á lei pessoal de cada um dos interessados.

    Art. 74. Pela lei pessoal do adoptante, regulam-se seus effeitos, no que se refere à successão deste; e, pela lei pessoal do adoptado, tudo quanto se refira ao nome, direitos e deveres que conserve em relação á sua familia natural, assim como á sua successão com respeito ao adoptante.

    Art. 75. Cada um dos interessados poderá impugnar a adopção, de accôrdo com as prescripções da sua lei pessoal.

    Art. 76. São de ordem publica internacional as disposições que, nesta materia, regulam o direito a alimentos e as que estabelecem para a adopção formas solennes.

    Art. 77. As disposições dos quatro artigos precedentes não se applicarão aos Estados cujas legislações não reconheçam a adopção.

CAPITULO IX

DA AUSENCIA

    Art. 78. As medidas provisorias em caso de ausencia são de ordem publica internacional.

    Art. 79. Não obstante o disposto no artigo anterior, designar-se-á a representação do presumido ausente de accôrdo com a sua lei pessoal.

    Art. 80. A lei pessoal do ausente determina a quem compete o direito de pedir a declaração da ausencia e rege a curadoria respectiva.

    Art. 81. Compete ao direito local decidir quando se faz e surte effeito a declaração de ausencia e quando e como deve cessar a administração dos bens do ausente, assim como a obrigação e forma de prestar contas.

    Art. 82. Tudo o que se refira á presumpção de morte do ausente e a seus direitos eventuaes será regulado pela sua lei pessoal.

    Art. 83. A declaração de ausencia ou de sua presumpção, assim como a sua terminação, e a de presumpção da morte de ausente têm efficacia extraterritorial, inclusive no que se refere á nomeação e faculdades dos administradores.

CAPITULO X

DA TUTELA

    Art. 84. Applicar-se-á a lei pessoal do menor ou incapaz no que se refere no objecto da tutela ou curatela, sua organização e suas especies.

    Art. 85. Deve observar-se a mesma lei quanto á instituição do protutor.

    Art. 86. As incapacidades e excusas para a tutela, curatela e protutela devem applicar-se, simultaneamente, as leis pessoaes do tutor ou curador e as do menor ou incapaz.

    Art. 87. A fiança da tutela ou curatela e as regras para o seu exercicio ficam submettidas á lei pessoal do menor ou incapaz. Se a fiança fôr hypothecaria ou pignoraticia, deverá constituir-se na forma prevista pela lei local.

    Art. 88. Regem-se tambem pela lei pessoal do menor ou incapaz as obrigações relativas ás contas, salvo as responsabilidades de ordem penal, que são territoriaes.

    Art. 89. Quanto no registro de tutelas, applicar-se-ão simultaneamente a lei local e as pessoaes do tutor ou curador e do menor ou incapaz.

    Art. 90. São de ordem publica internacional os preceitos que obrigam o ministerio publico ou qualquer funccionario local a solicitar a declaração de incapacidade de dementes e surdos mudos e os que fixam os tramites dessa declaração.

    Art. 91. São tambem de ordem publica internacional as regras que estabelecem as consequencias da interdicção.

    Art. 92. A declaração de incapacidade e a interdicção civil produzem effeitos extraterritoriaes.

    Art. 93. Applicar-se-á a lei local á obrigação do tutor ou curador alimentar o menor ou incapaz e a faculdade de os corrigir só moderadamente.

    Art. 94. A capacidade para ser membro de um conselho de família regula-se pela lei pessoal do interessado.

    Art. 95. As incapacidades especiaes e a organização, funccionamento, direitos e deveres do conselho de familia submettem-se á lei pessoal do tutelado.

    Art. 96. Em todo caso, as actas e deliberações do conselho de família deverão ajustar-se ás formas e solennidades prescriptas pela lei do lugar em que se reunir.

    Art. 97. Os Estados contractantes que tenham por lei pessoal a do domicilio poderão exigir, no caso de mudança do domicilio dos incapazes de um paiz para outro, que se ratifique a tutela ou curatela ou se outorgue outra.

CAPITULO XI

DA PRODIGALIDADE

    Art. 98. A declaração de prodigalidade e seus effeitos subordinam-se á lei pessoal do prodigo,

    Art. 99. Apesar do disposto no artigo anterior, a lei do domicilio pessoal não terá applicação á declaração de prodigalidade das pessoas cujo direito pessoal desconheça esta instituição.

    Art. 100. A declaração de prodigalidade, feita num dos Estados contractantes, tem efficacia extraterritorial em relação aos demais, sempre que o permita o direito local.

CAPITULO XII

DA EMANCIPAÇÃO E MAIORIDADE

    Art. 101. As regras applicaveis á emancipação e á maioridade são as estabelecidas pela legislação pessoal do interessado.

    Art. 102. Comtudo, a, legislação local pode ser declarada applicavel á maioridade como requisito para se optar pela nacionalidade da dita legislação.

CAPITULO XIII

DO REGISTRO CIVIL

    Art. 103. As disposições relativas ao registro civil são territoriaes, salvo no que se refere ao registro mantido pelos agentes consulares ou funccionarios diplomaticos.

    Essa prescripção não prejudica os direitos de outro Estado, quanto ás relações juridicas submettidas ao direito internacional publico.

    Art. 104. De toda inscripção relativa a um nacional de qualquer dos Estados contractantes, que se fizer no registro civil de outro, deve enviar-se, gratuitamente, por via diplomatica, certidão literal e official, ao paiz do interessado.

    TITULO SEGUNDO

Dos bens

CAPITULO I

DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

    Art.. 105. Os bens, seja qual fôr a sua classe, ficam submettidos á lei do lugar.

    Art. 106. Para os effeitos do artigo anterior, ter-se-á em conta, quanto aos bens moveis corporeos e titulos representativos de creditos de qualquer classe, o lugar da sua situação ordinaria ou normal.

    Art. 107. A situação dos creditos determina-se pelo lugar onde se devem tornar effectivos, e, no caso de não estar fixado, pelo domicilio do devedor.

    Art. 108. A propriedade industrial e intellectual e os demais direitos analogos, de natureza economica, que autorizam o exercicio de certas actividades concedidas pela lei, consideram-se situados onde se tiverem registrado officialmente.

    Art. 109. As concessões reputam-se situadas onde houverem sido legalmente obtidas.

    Art. 110. Em falta de toda e qualquer outra regra e, além disto, para os casos não previstos neste Codigo, entender-se-á que os bens moveis do toda classe estão situados no domicilio do seu proprietario, ou, na falta deste, no do possuidor.

    Art. 111. Exceptuam-se do disposto no artigo anterior as cousas dadas em penhor, que se consideram situadas no domicilio da pessoa em cuja posse tenham sido collocadas.

    Art. 112. Applicar-se-á sempre a lei territorial para se distinguir entre os bens moveis e immoveis, sem prejuizo dos direitos adquiridos por terceiros.

    Art. 113. Á mesma lei territorial, sujeitam-se as demais classificações e qualificações juridicas dos bens.

CAPITULO II

DA PROPRIEDADE

    Art. 114. O bem de familia, inalienavel e isento de gravames e embargos, regula-se pela lei da situação.

    Comtudo, os nacionaes de um Estado contractante em que se não admitta ou regule essa especie de propriedade, não a poderão ter ou constituir em outro, a não ser que, com isso, não prejudiquem seus herdeiros forçados.

    Art. 115. A propriedade intellectual e a industrial regular-se-ão pelo estabelecido nos convenios internacionaes especiaes, ora existentes, ou que no futuro se venham a celebrar.

    Na falta delles, sua obtenção, registro e gozo ficarão submettidos ao direito local que as outorgue.

    Art. 116. Cada Estado contractante tem a faculdade de submetter a regras especiaes, em relação aos estrangeiros, a propriedade mineira, a dos navios de pesca e de cabotagem, as industrias no mar territorial e na zona maritima e a obtenção e gozo de concessões e obras de utilidade publica e de serviço publico.

    Art. 117. As regras geraes sobre propriedade e o modo de a adquirir ou alienar entre vivos, inclusive as applicaveis a thesouro occulto, assim como as que regem as aguas do dominio publico e privado e seu aproveitamento, são de ordem publica internacional.

CAPITULO III

DA COMMUNHÃO DE BENS

    Art. 118. A communhão de bens rege-se, em geral, pelo accôrdo ou vontade das partes e, na sua falta, pela lei do lugar. Ter-se-á, este ultimo como domicílio da communhão, na falta do accôrdo em contrario.

    Art. 119. Applicar-se-á sempre a lei local, com caracter exclusivo, ao direito de pedir a divisão do objecto commum e ás formas e condições do seu exercicio.

    Art. 120. São de ordem publica internacional as disposições sobre demarcação e balisamento, sobre o direito de fechar as propriedades rusticas e as relativas a edifìcios em ruina e arvores que ameacem cair.

CAPITULO IV

DA POSSE

    Art. 121. A posse e os seus effeitos regulam-se pela lei local.

    Art. 122. Os modos de adquirir a posse regulam-se pela lei applicavel a cada um delles, segundo a sua natureza.

    Art. 123. Determinam-se pela lei do tribunal os meios e os tramites utilizaveis para se manter a posse do possuidor inquietado, perturbado ou despojado, em virtude de medidas ou decisões judiciaes ou em consequencia dellas.

CAPITULO V

DO USUFRUCTO, DO USO E DA HABITAÇÃO

    Art. 124. Quando o usufructo se constituir por determinação da lei de um Estado contractante, a dita lei regulá-lo-á obrigatoriamente.

    Art. 125. Se o usufructo se houver constituido pela vontade dos particulares, manifestada em actos entre vivos ou mortis causa, applicar-se-á, respectivamente, a lei do acto ou a da successão.

    Art. 126. Se o usufructo surgir por prescripção, sujeitar-se-á lei local que a tiver estabelecido.

    Art. 127. Depende da lei pessoal do filho o preceito que dispensa, ou não, da fiança o pae usufructuario.

    Art. 128. Subordinam-se á lei da successão a necessidade de prestar fiança o conjuge sobrevivente, pelo usufructo hereditario, e a obrigação do usufructuario de pagar certos legados ou dividas hereditarias

    Art. 129. São de ordem publica internacional as regras que definem o usufructo e as formas da sua constituição, as que fixam as causas legaes, pelas quaes elle se extingue, e as que o limitam a certo numero de annos para as communidades, corporações ou sociedades.

    Art. 130. O uso e a habitação regem-se pela vontade da parte ou das partes que os estabelecerem.

CAPITULO VI

DAS SERVIDÕES

    Art. 131. Applicar-se-á o direito local ao conceito e classificação das servidões, aos modos não convencionaes de as adquirir e de se extinguirem e aos direitos e obrigações, neste caso, dos proprietarios dos predios dominante e serviente.

    Art. 132. As servidões de origem contractual ou voluntaria submettem-se à lei do acto relação juridica que as origina.

    Art. 133. Exceptuam-se do que se dispõe no artigo anterior e estão sujeitos á lei territorial a communidade de pastos em terrenos publicos e o resgate do aproveitamento de lenhas e demais productos dos montes de propriedade particular.

    Art. 134. São de ordem privada as regras applicaveis ás servidões legaes que se impõem no interesse ou por utilidade particular.

    Art. 135. Deve applicar-se o direito territorial ao conceito e enumeração das servidões legaes, bem como á regulamentação não convencional das aguas, passagens, meações, luz e vista, escoamento de aguas de edificios e distancias e obras intermedias para construcções e plantações.

CAPITULO VII

DOS REGISTROS DA PROPRIEDADE

    Art. 136. São de ordem publica internacional as disposições que estabelecem e regulam os registros da propriedade e impõem a sua necessidade em relação a terceiros.

    Art. 137. Inscrever-se-ão nos registros de propriedade de cada um dos Estados contractantes os documentos ou titulos, susceptiveis de inscripção, outorgados em outro, que tenham força no primeiro, de accôrdo com este Codigo, e os julgamentos executorios a que, de accôrdo com o mesmo, se dê cumprimento no Estado a que o registro corresponda ou tenha nelle força de cousa julgada.

    Art. 138. As disposições sobre hypotheca legal, a favor do Estado, das provincias ou dos municipios, são de ordem publica internacional.

    Art. 139. A hypotheca legal que algumas leis concedem em beneficio de certas pessoas individuaes somente será exigivel quando a lei pessoal concorde com a lei do lugar em que estejam situados os bens attingidos por ella.

    TITULO TERCEIRO

    De varios modos de adquirir

CAPITULO I

REGRA GERAL

    Art. 140. Applica-se o direito local aos modos de adquirir em relação aos quaes não haja neste Codigo disposições me contrario.

CAPITULO II

DAS DOAÇÕES

    Art. 141. As doações, quando forem de origem contractual, ficarão submettidas, para sua perfeição e effeitos, entre vivos, ás regras geraes dos contractos.

    Art. 142. Sujeitar-se-á ás leis pessoaes respectivas, do doador e do donatario, a capacidade de cada um delles.

    Art. 143. As doações que devam produzir effeito por morte do doador participarão da natureza das disposições de ultima vontade e se regerão pelas regras internacionaes estabelecidas, neste Codigo, para a successão testamentaria.

CAPITULO III

DAS SUCCESSÕES EM GERAL

    Art. 144. As successões legitimas e as testamentarias, inclusive a ordem de successão, a quota dos direitos successorios e a validade intrinseca das disposições, reger-se-ão, salvo as excepções adiante estabelecidas, pela lei pessoal do de cujus, qualquer que seja a natureza dos bens e o lugar em que se encontrem.

    Art. 145. É de ordem publica internacional o preceito em virtude do qual os direitos á successão de uma pessoa transmittem no momento da sua morte.

CAPITULO IV

DOS TESTAMENTOS

    Art. 146. A capacidade para dispor por testamento regula-se pela lei pessoal do testador.

    Art. 147. Applicar-se-á a lei territorial ás regras estabelecidas por cada Estado para prova de que o testador demente está em intervallo lucido.

    Art. 148. São de ordem publica internacional as disposições que não admittem o testamento mancommunado, o olographo ou o verbal, e as que o declarem acto personalissimo.

    Art. 149. Tambem são de ordem publica internacional as regras sobre a forma de papeis privados relativos ao testamento e sobre nullidade do testamento outorgado com violencia, dolo ou fraude.

    Art. 150. Os preceitos sobre a forma dos testamentos são de ordem publica internacional, com excepção dos relativos ao testamento outorgado no estrangeiro e ao militar e ao maritimo, nos casos em que se outorguem fora do paiz.

    Art. 151. Subordinam-se á lei pessoal do testador a procedencia, condições e effeitos da revogação de um testamento, mas a presumpção de o haver revogado é determinada pela lei local.

CAPITULO V

DA HERANÇA

    Art. 152. A capacidade para succeder por testamento ou sem elle regula-se pela lei pessoal do herdeiro ou legatario.

    Art. 153. Não obstante o disposto no artigo precedente, são de ordem publica internacional as incapacidades para succeder que os Estados contractantes considerem como taes.

    Art. 154. A instituição e a substituição de herdeiros ajustar-se-ão á lei pessoal do testador.

    Art. 155. Applicar-se-á, todavia, o direito local á prohibição de substituições fideicommissarias que passem do segundo grau ou que se façam a favor de pessoas que não vivam por occasião do fallecimento do testador e as que envolvam prohibição perpetua de alienar.

    Art. 156. A nomeação e as faculdades dos testamenteiros ou executores testamentarios dependem da lei pessoal do defunto e devem ser reconhecidas em cada um dos Estados contractantes, de accôrdo com essa lei.

    Art. 157. Na successão intestada, quando a lei chamar o Estado a titulo de herdeiro, na falta de outros, applicar-se-á a lei pessoal do de cujus, mas se o chamar como occupante de res nullius applicar-se-á o direito local.

    Art. 158. As precauções que se devem adoptar quando a viuva estiver gravida ajustar-se-ão ao disposto na legislação do lugar em que ella se encontrar.

    Art. 159. As formalidades requeridas para acceitação da herança a beneficio de inventario, ou para se fazer uso do direito de deliberar, são as estabelecidas na lei do lugar em que a successão fôr aberta, bastando isso para os seus effeitos extraterritoriaes.

    Art. 160. O preceito que se refira á proindivisão illimitada da herança ou estabeleça a partilha provisoria é de ordem publica internacional.

    Art. 161. A capacidade para pedir e levar a cabo a divisão subordina-se á lei pessoal do herdeiro.

    Art. 162. A nomeação e as faculdades do contador ou perito partidor dependem da lei pessoal do de cujus.

    Art. 163. Subordina-se a essa mesma lei o pagamento das dividas hereditarias. Comtudo, os credores que tiverem garantia de caracter real poderão torná-Ia effectiva, de accôrdo com a lei que reja essa garantia.

    TITULO QUARTO

    Das obrigações e contractos

CAPITULO I

DAS OBRIGAÇÕES EM GERAL

    Art. 164. O conceito e a classificação das obrigações subordinam-se á lei territorial.

    Art. 165. As obrigações derivadas da lei regem-se pelo direito que as tiver estabelecido.

    Art. 166. As obrigações que nascem dos contractos têm força da lei entre as partes contractantes e devem cumprir-se segundo o teor dos mesmos, salvo as limitações estabelecidas neste Codigo.

    Art. 167. As obrigações originadas por delictos ou faltas estão sujeitas ao mesmo direito que o delicto ou falta de que procedem.

    Art. 168. As obrigações que derivem de actos ou omissões, em que intervenha culpa ou negligencia não punida pela lei, reger-se-ão pelo direito do lugar em que tiver occorrido a negligencia ou culpa que as origine.

    Art. 169. A natureza e os effeitos das diversas categorias de obrigações, assim como a sua extincção, regem-se pela lei da obrigação de que se trate.

    Art. 170. Não obstante o disposto no artigo anterior, a lei local regula as condições do pagamento e a moeda em que se deve fazer.

    Art. 171. Tambem se submette á lei do lugar a deteminação de quem deve satisfazer ás despesas judiciaes que o pagamento originar, assim como a sua regulamentação.

    Art. 172. A prova das obrigações subordina-se, quanto á sua admissão e efficacia, á lei que reger a mesma obrigação.

    Art. 173. A impugnação da certeza do lugar da outorga de um documento particular, se influir na sua efficacia, poderá ser feita sempre pelo terceiro a quem prejudicar, e a prova ficará a cargo de quem a apresentar.

    Art. 174. A presumpção de cousa julgada por sentença estrangeira será admissivel, sempre que a sentença reunir as condições necessarias para a sua execução no territorio, conforme o presente Codigo.

CAPITULO II

DOS CONTRACTOS EM GERAL

    Art. 175. São regras de ordem publica internacional as que vedam o estabelecimento de pactos, clausulas e condições contrarias ás leis, á moral e á ordem publica e as que prohibem o juramento e o consideram sem valor.

    Art. 176. Dependem da lei pessoal de cada contractante as regras que determinam a capacidade ou a incapacidade para prestar o consentimento.

    Art. 177. Applicar-se-á a lei territorial ao êrro, á violencia, á intimidação e ao dolo, em relação ao consentimento.

    Art. 178. É tambem territorial toda regra que prohibe sejam objecto de contracto serviços contrarios ás leis e nos bons costumes e cousas que estejam fora do commercio.

    Art. 179. São de ordem publica internacional as disposições que se referem á causa illicita nos contractos.

    Art. 180. Applicar-se-ão simultaneamente a Iei do lugar do contracto e a da sua execução, á necessidade de outorgar escriptura ou documento publico para a efficacia de determinados convenios e á de os fazer constar por escripto.

    Art. 181. A rescisão dos contractos, por incapacidade ou ausencia, determina-se pela lei pessoal do ausente ou incapaz.

    Art. 182. As demais causas de rescisão e sua forma e effeitos subordinam-se á lei territorial.

    Art. 183. As disposições sobre nullidade dos contractos são submettidas á lei de que dependa a causa da nullidade.

    Art. 184. A interpretação dos contractos deve effectuar-se, como regra geral, de accôrdo com a lei que os rege.

    Comtudo, quando essa lei fôr discutida e deva resultar da vontade tacita das partes, applicar-se-á, por presumpção, a legislação que para esse caso se determina nos arts. 185 e 186, ainda que isso leve a applicar ao contracto uma lei distincta, como resultado da interpretação da vontade.

    Art. 185. Fora das regras já estabelecidas e das que no futuro se consignem para os casos especiaes, nos contractos de adhesão presume-se acceita, na falta de vontade expressa ou tacita, a lei de quem os offerece ou prepara.

    Art. 186. Nos demais contractos, e para o caso previsto no artigo anterior, applicar-se-á em primeiro lugar a lei pessoal commum aos contractantes e, na sua falta, a do lugar da celebração.

CAPITULO III

DOS CONTRACTOS MATRIMONIAES EM RELAÇÃO AOS BENS

    Art. 187. Os contractos matrimoniaes regem-se pela lei pessoal commum aos contractantes e, na sua falta, pela do primeiro domicilio matrimonial.

    Essas mesmas leis determinam, nessa ordem, o regimen legal suppletivo, na falta de estipulação.

    Art. 188. É de ordem publica internacional o preceito que veda celebrar ou modificar contractos nupciaes na constancia do matrimonio, ou que se altere o regimen de bens por mudanças de nacionalidade ou de domicilio posteriores ao mesmo.

    Art. 189. Têm igual caracter os preceitos que se referem á rigorosa applicação das leis e dos bons costumes, aos effeitos dos contractos nupciaes em relação a terceiros e á sua forma solenne.

    Art. 190. A vontade das partes regula o direito applicavel ás doações por motivo de matrimonio, excepto no que se refere á capacidade dos contractantes, á salvaguarda de direitos dos herdeiros legitimos e á sua nullidade, emquanto o matrimonio subsistir, subordinando-se tudo á lei geral que o regular e desde que a ordem publica internacional não seja attingida.

    Art. 191. As disposições relativas ao dote e aos bens paraphernaes dependem da lei pessoal da mulher.

    Art. 192. É de ordem publica internacional o preceito que repudia a inalienabilidade do dote.

    Art. 193. É de ordem publica internacional a prohibição de renunciar á communhão de bens adquiridos durante o matrimonio.

CAPITULO IV

DA COMPRA E VENDA, CESSÃO DE CREDITO E PERMUTA

    Art. 194. São de ordem publica internacional as disposições relativas á alienação forçada por utilidade publica.

    Art. 195. O mesmo succede com as disposições que fixam os effeitos da posse e do registro entre varios adquirentes e as referentes á remissão legal.

CAPITULO V

DO ARRENDAMENTO

    Art. 196. No arrendamento de cousas, deve applicar-se a lei territorial ás medidas para salvaguarda do interesse de terceiros e aos direitos e deveres do comprador de immovel arrendado.

    Art. 197. É de ordem publica internacional, na locação de serviços, a regra que impede contractá-los por toda a vida ou por mais de certo tempo.

    Art. 198. Tambem é territorial a legislação sobre accidentes do trabalho e protecção social do trabalhador.

    Art. 199. São territoriaes, quanto aos transportes por agua, terra e ar, as leis e regulamentos locaes e especiaes.

CAPITULO VI

DOS FOROS

    Art. 200. Applica-se a lei territorial á determinação do conceito e categorias dos foros, seu caracter remissivel, sua prescripção e á acção real que delles deriva.

    Art. 201. Para o fôro emphyteutico, são igualmente territoriaes as disposições que fixam as duas condições e formalidades, que lhe impõem um reconhecimento ao fim de certo numero de annos e que prohibem a sub-emphyteuse.

    Art. 202. No fôro consignativo, é de ordem publica internacional a regra que prohibe que o pagamento em fructos possa consistir em uma parte aliquota do que produza a propriedade aforada.

    Art. 203. Tem o mesmo caracter, no fôro reservativo, a exigencia de que se valorize a propriedade aforada.

CAPITULO VII

DA SOCIEDADE

    Art. 204. São leis territoriaes as que exigem, na sociedade um objecto licito, formas solennes, e inventarios, quando haja immoveis.

CAPITULO VIII

DO EMPRESTIMO

    Art. 205. Applica-se a lei local á necessidade do pacto expresso de juros e sua taxa:

CAPITULO IX

DO DEPOSITO

    Art. 206. São territoriaes as disposições referentes ao deposito necessario e ao sequestro.

CAPITULO X

DOS CONTRACTOS ALEATORIOS

    Art. 297. Os effeitos das capacidades, em acções nascidas do contracto de jogo, determinam-se pela lei pessoal do interessado.

    Art. 208. A lei local define os contractos dependentes de sorte e determina o jogo e a aposta permittidos ou prohibidos.

    Art. 209. É territorial a disposição que declara nulla a renda vitalicia sobre a vida de uma pessoa, morta na data da outorga, ou dentro de certo prazo, se estiver padecendo de doença incuravel.

CAPITULO XI

DAS TRANSACÇÕES E COMPROMISSOS

    Art. 210. São territoriaes as disposições que prohibem transigir ou sujeitar a compromissos determinadas materias.

    Art. 211. A extensão e effeitos do compromisso e a autoridade de cousa julgada da transação dependem tambem da lei territorial.

CAPITULO XII

DA FIANÇA

    Art. 212. É de ordem publica internacional a regra que prohibe ao fiador obrigar-se por mais do que o devedor principal.

    Art. 213. Correspondem á mesma categoria as disposições relativas á fiança legal ou judicial.

CAPITULO XIII

DO PENHOR, DA HYPOTHECA E DA ANTICHRESE

    Art. 214. É territorial a disposição que prohibe ao credor appropriar-se das cousas recebidas como penhor ou hypotheca.

    Art. 215. Tambem o são os preceitos que determinam os requisitos essenciaes do contracto de penhor, e elles devem vigorar quando o objecto penhorado se transfira a outro lugar onde as regras sejam diferentes das exigidas ao celebrar-se o contracto.

    Art. 216. São igualmente territoriaes as prescripções em virtude das quaes o penhor deva ficar em poder do credor ou de um terceiro, as que exijam, para valer contra terceiros, que conste, por instrumento publico, a data certa e as que fixem o processo para a sua alienação.

    Art. 217. Os regulamentos especiaes de montes de soccorro e estabelecimentos publicos analogos são obrigatorios territorialmente para todas as operações que com elles se realizem.

    Art. 218. São territoriaes as disposições que fixam o objecto, as condições, os requisitos, o alcance e a inscripção do contracto de hypotheca.

    Art. 219. É igualmente territorial a prohibição de que o credor adquira a propriedade do immovel em antichrese, por falta do pagamento da divida.

CAPITULO XIV

DOS QUASI-CONTRACTOS

    Art. 220. A gestão de negocios alheios é regulada pela lei do lugar em que se effectuar.

    Art. 221. A cobrança do indebito submette-se á lei pessoal commum das partes e, na sua falta, á do lugar em que se fizer o pagamento.

    Art. 222. Os demais quasi-contractos subordinam-se á lei que regule a instituição juridica que os origine.

CAPITULO XV

DO CONCURSO E PREFERENCIA DE CREDITOS

    Art. 223. Se as obrigações concorrentes não têm caracter real e estão submettidas a uma lei commum, a dita lei regulará tambem a sua preferencia.

    Art. 224. As obrigações garantidas com acção real, applicar-se-á a lei da situação da garantia.

    Art. 225. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, deve applicar-se á preferencia de creditos a lei do tribunal que tiver que a decidir.

    Art. 226. Se a questão fôr apresentada, simultaneamente em mais de um tribunal de Estados diversos, resolver-se-á de accôrdo com a lei daquelle que tiver realmente sob a sua jurisdicção os bens ou numerario em que se deva fazer effectiva a preferencia.

CAPITULO XVI

DA PRESCRIPÇÃO

    Art. 227. A prescripção acquisitiva de bens moveis ou immoveis é regulada pela lei do lugar em que estiverem situados.

    Art. 228. Se as cousas moveis mudarem de situação, estando a caminho de prescrever, será regulada a prescripção pela lei do lugar em que se encontrarem ao completar-se o tempo requerido.

    Art. 229. A prescripção extinctiva de acções pessoaes é regulada pela lei a que estiver sujeita a obrigação que se vai extinguir.

    Art. 230. A prescripção extinctiva de acções reaes é regulada pela lei do lugar em que esteja situada a cousa a que se refira.

    Art. 231. Se, no caso previsto no artigo anterior, se tratar de cousas moveis que tiverem mudado de lugar durante o prazo da prescripção, applicar-se-á a lei do lugar em que se encontrarem ao completar-se o periodo ali marcado para a prescripção.

    LIVRO SEGUNDO

Direito Commercial Internacional

    TITULO PRIMEIRO

Dos commerciantes e do commercio em geral

CAPITULO I

DOS COMMERCIANTES

    Art. 232. A capacidade para exercer o commercio e para intervir em actos e contractos commerciaes é regulada pela lei pessoal de cada interessado.

    Art. 233. A essa mesma lei pessoal se subordinam as incapacidades e a sua habilitação.

    Art. 234. A lei do lugar em que o commercio se exerce deve applicar-se ás medidas de publicidade necessarias para que se possam dedicar a elle, por meio de seus representantes, os incapazes, ou, por si mesmas, as mulheres casadas.

    Art. 235. A lei local deve applicar-se á incompatibilidade para o exercicio do commercio pelos empregados publicos e pelos agentes de commercio e correctores.

    Art. 236. Toda incompatibilidade para o commercio, que resultar de leis ou disposições especiaes em determinado territorio, será regida pelo direito desse territorio.

    Art. 237. A dita incompatibilidade, quanto a funccionarios diplomaticos e agentes consulares, será regulada pela lei do Estado que os nomear. O paiz onde residirem tem igualmente o direito de lhes prohibir o exercicio do commercio.

    Art. 238. O contracto social ou a lei a que o mesmo fique sujeito applica-se á prohibição de que os socios collectivos ou commanditarios realizem, por conta propria ou alheia, operações mercantis ou determinada classe destas.

CAPITULO II

DA QUALIDADE DE COMMERCIANTE E DOS ACTOS DE COMMERCIO

    Art. 239. Para todos os effeitos de caracter publico, a qualidade do commerciante é determinada pela lei do lugar em que se tenha realizado o acto ou exercido a industria de que se trate.

    Art. 240. A forma dos contractos e actos commerciaes é subordinada á lei territorial.

CAPITULO III

DO REGISTRO MERCANTIL

    Art. 241. São territoriaes as disposições relativas á inscripção, no registro mercantil, dos commerciantes e sociedades estrangeiras.

    Art. 242. Têm o mesmo caracter as regras que estabelecem o effeito da inscripção, no dito registro, de creditos ou direitos de terceiros.

CAPITULO IV

DOS LUGARES E CASAS DE BOLSA E COTAÇÃO OFFICIAL DE TITULOS PUBLICOS E DOCUMENTOS DE CREDITO AO PORTADOR

    Art. 243. As disposições relativas aos lugares e casas de bolsa e cotação official de titulos publicos e documentos de credito ao portador são de ordem publica internacional.

CAPITULO V

DISPOSIÇÕES GERAES SOBRE OS CONTRACTOS DE COMMERCIO

    Art. 244. Applicar-se-ão aos contractos de commercio as regras geraes estabelecidas para os contractos civis no capitulo segundo, titulo quarto, livro primeiro deste Codigo.

    Art. 245. Os contractos por correspondencia só ficarão perfeitos mediante o cumprimento das condições que para esse effeito indicar a legislação de todos os contractantes.

    Art. 246. São de ordem publica internacional as disposições relativas a contractos illicitos e a prazos de graça, cortesia e outros analogos.

    TITULO SEGUNDO

Dos contractos especiaes de commercio

CAPITULO I

DAS COMPANHIAS COMMERCIAES

    Art. 247. O caracter commercial de uma sociedade collectiva ou commanditaria determina-se pela lei a que estiver submettido o contracto social, e, na sua falta, pela do lugar em que tiver o seu domicilio commercial.

    Se essas leis não distinguirem entre sociedades commerciaes e civis, applicar-se-á o direito do paiz em que a questão fôr submettida a juizo.

    Art. 248. O caracter mercantil duma sociedade anonyma depende da lei do contracto social; na falta deste, da do lugar em que se effectuem as assembléas geraes de accionistas, e em sua falta da do em que normalmente resida o seu Conselho ou Junta directiva.

    Se essas leis não distinguirem entre sociedades commerciaes e civis, terá um ou outro caracter, conforme esteja ou não inscripta no registro commercial do paiz onde a questão deva ser julgada. Em falta de registro mercantil, applicar-se-á o direito local deste ultimo paiz.

    Art. 249. Tudo quanto se relacione com a constituição e maneira de funccionar das sociedades mercantis e com a responsabilidade dos seus órgãos está sujeito ao contracto social, e, eventualmente, á lei que o reja.

    Art. 250. A emissão de acções e obrigações em um Estado contractante, as formas e garantias de publicidade e a responsabilidade dos gerentes de agencias e succursaes, a respeito de terceiros, submettem-se á lei territorial.

    Art. 251. São tambem territoriaes as leis que subordinam a sociedade a um regimen especial, em vista das suas operações.

    Art. 252. As sociedades mercantis, devidamente constituidas em um Estado contractante, gozarão da mesma personalidade juridica nos demais, salvas as limitações do direito territorial.

    Art. 253. São territoriaes as disposições que se referem á criação, funccionamento e privilegios dos bancos de emissão e desconto, companhias de armazens geraes de depositos, e outras analogas.

CAPITULO II

DA COMMISSÃO MERCANTIL

    Art. 254. São de ordem publica internacional as prescripções relativas á forma da venda urgente pelo commissario, para salvar, na medida do possivel, o valor das cousas em que a commissão consista.

    Art. 255. As obrigações do preposto estão sujeitas á lei do domicilio mercantil do mandante.

CAPITULO III

DO DEPOSITO E EMPRESTIMO MERCANTIS

    Art. 256. As responsabilidades não civis do depositario, regem-se pela lei do lugar do deposito.

    Art. 257. A taxa legal e a liberdade dos juros mercantis são de ordem publica internacional.

    Art. 258. São territoriaes as disposições referentes ao emprestimo com garantia de titulos cotizaveis, negociado em bolsa, com intervenção de agente competente ou funccionario official.

CAPITULO IV

DO TRANSPORTE TERRESTRE

    Art. 259. Nos casos de transporte internacional, ha somente um contracto, regido pela lei que lhe corresponda, segundo a sua natureza.

    Art. 260. Os prazos e formalidades para o exercicio de acções surgidas desse contracto, e não previstas no mesmo, regem-se pela lei do lugar em que se produzam os factos que as originem.

CAPITULO V

DOS CONTRACTOS DE SEGURO

    Art. 261. O contracto de seguro contra incendios rege-se pela lei do lugar onde, ao ser effectuado, se ache a cousa segurada.

    Art. 262. Os demais contractos de seguros seguem a regra geral, regulando-se pela lei pessoal commum das partes ou, na sua falta, pela do lugar da celebração; mas, as formalidades externas para comprovação de factos ou omissões, necessarias ao exercicio ou conservação de acções ou direitos, ficam sujeitas á lei do lugar em que se produzir o facto ou omissão que as originar.

CAPITULO VI

DO CONTRACTO E LETRA DE CAMBIO E EFFEITOS MERCANTIS ANALOGOS

    Art. 263. A forma do saque, endosso, fiança, intervenção acceite e protesto de uma letra de cambio submette-se á lei do lugar em que cada um dos ditos actos se realizar.

    Art. 264. Na falta de convenio expresso ou tacito, as relações juridicas entre o sacador e o tomador serão reguladas pela lei do lugar em que a letra se saca.

    Art. 265. Em igual caso, as obrigações e direitos entre o acceitante e o portador regulam-se pela lei do lugar em que se tiver effectuado o acceite.

    Art. 266. Na mesma hypothese, os effeitos juridicos que o endosso produz, entre o endossante e o endossado, dependem da lei do lugar em que a letra fôr endossada.

    Art. 267. A maior ou menor extensão das obrigações de cada endossante não altera os direitos e deveres originarios do sacador e do tomador.

    Art. 268. O aval, nas mesmas condições, é regulado pela lei do lugar em que se presta.

    Art. 269. Os effeitos juridicos da acceitação por intervenção regulam-se, em falta de convenção, pela lei do lugar em que o terceiro intervier.

    Art. 270. Os prazos e formalidades para o acceite, pagamento e protesto submettem-se á lei local.

    Art. 271. As regras deste capitulo são applicaveis ás notas promissorias, vales e cheques.

CAPITULO VII

DA FALSIFICAÇÃO, ROUBO, FURTO OU EXTRAVIO DE DOCUMENTOS DE CREDITO E TITULOS AO PORTADOR

    Art. 272. As disposições relativas á falsificação, roubo, furto ou extravio de documentos de credito e titulos ao portador são de ordem publica internacional.

    Art. 273. A adopção das medidas que estabeleça a lei do lugar em que o acto se produz não dispensa os interessados de tomar quaesquer outras determinadas pela lei do lugar em que esses documentos e effeitos tenham cotação e pela do lugar do seu pagamento.

    TITULO TERCEIRO

Do commercio maritimo e aereo

CAPITULO I

DOS NAVIOS E AERONAVES

    Art. 274. A nacionalidade dos navios prova-se peIa patente de navegação e a certidão do registro, e tem a bandeira como signal distinctivo apparente.

    Art. 275. A lei do pavilhão regula as formas de publicidade requeridas para a transmissão da propriedade de um navio.

    Art. 276. Á lei da situação deve submetter-se a faculdade de embargar e vender judicialmente um navio, esteja ou não carregado e despachado.

    Art. 277. Regulam-se pela lei do pavilhão os direitos dos credores, depois da venda do navio, e a extinção dos mesmos.

    Art. 278. A hypotheca maritima e os privilegios e garantias de caracter real, constituidos de accôrdo com a lei do pavilhão, têm offeitos extraterritoriaes, até nos paizes cuja legislação não conheça ou não regule essa hypotheca ou esses privilegios.

    Art. 279. Sujeitam-se tambem á lei do pavilhão os poderes e obrigações do capitão e a responsabilidade dos proprietarios e armadores pelos seus actos.

    Art. 280. O reconhecimento do navio, o pedido de pratico e a policia sanitaria dependem da lei territorial.

    Art. 281. As obrigações dos officiaes e gente do mar e a ordem interna do navio subordinam-se á lei do pavilhão.

    Art. 282. As precedentes disposições deste capitulo applicam-se tambem ás aeronaves.

    Art. 283. São de ordem publica internacional as regras sobre a nacionalidade dos proprietarios de navios e aeronaves e dos armadores, assim como dos officiaes e da tripulação.

    Art. 284. Tambem são de ordem publica internacional as disposições sobre nacionalidade de navios e aeronaves para o commercio fluvial, lacustre e de cabotagem e entre determinados lugares do territorio dos Estados contractantes, assim como para a pesca e outras industrias submarinas no mar territorial.

CAPITULO II

DOS CONTRACTOS ESPECIAES DE COMMERCIO MARITIMO E AEREO

    Art. 285. O fretamento, caso não seja um contracto de adhesão, reger-se-á pela lei do lugar de saída das mercadorias.

    Os actos de execução do contracto ajustar-se-ão á lei do lugar em que se effectuarem.

    Art. 286. As faculdades do capitão para o emprestimo de risco maritimo determinam-se pela lei do pavilhão.

    Art. 287. O contracto de emprestimo de risco maritimo, salvo convenção em contrario, subordina-se á lei do lugar em que o emprestimo se effectue.

    Art. 288. Para determinar se a avaria é simples ou grossa e a proporção em que devem contribuir para a supportar o navio e a carga, applica-se a lei do pavilhão.

    Art. 289. O abalroamento fortuito, em aguas territoriaes ou no espaço aereo nacional, submette-se á lei do pavilhão, se este fôr commum.

    Art. 290. No mesmo caso, se os pavilhões differem, applica-se a lei do lugar.

    Art. 291. Applica-se essa mesma lei local a todo caso de abalroamento culpavel, em aguas territoriaes ou no espaço aereo nacional.

    Art. 292. A lei do pavilhão applicar-se-á nos casos de abalroamento fortuito ou culpavel, em alto mar ou no livre espaço, se os navios ou aeronaves tiverem o mesmo pavilhão.

    Art. 293. Em caso contrario, regular-se-á pelo pavilhão do navio ou aeronave abalroado, se o abalroamento fôr culpavel.

    Art. 294. Nos casos de abalroamento fortuito, no alto mar ou no espaço aereo livre, entre navios ou aeronaves de differentes pavilhões, cada um supportará a metade da somma total do damno, dividido segundo a lei de um delles, e a metade restante dividida segundo a lei do outro.

    TITULO QUARTO

Da prescripção

    Art. 295. A prescripção das acções originadas em contractos e actos commerciaes ajustar-se-á ás regras estabelecidas neste Codigo, a respeito das acções civeis.

    LIVRO TERCEIRO

Direito Penal Internacional

CAPITULO I

DAS LEIS PENAES

    Art. 296. As leis penaes obrigam a todos os que residem no territorio, sem mais excepções do que as estabelecidas neste capitulo.

    Art. 297. Estão isentos das leis penaes de cada Estado contractante os chefes de outros Estados que se encontrem no seu territorio.

    Art. 298. Gozam de igual isenção os representantes diplomaticos dos Estados contractantes, em cada um dos demais, assim como os seus empregados estrangeiros, e as pessoas da familia dos primeiros, que vivam em sua companhia.

    Art. 299. As leis penaes dum Estado não são, tão pouco, applicaveis aos delictos commettidos no perimetro das operações militares, quando esse Estado haja autorizado a passagem, pelo seu territorio, dum exercito de outro Estado contractante, comtanto que taes delictos não tenham relação legal com o dito exercito.

    Art. 300. Applica-se a mesma isenção aos delictos commettidos em aguas territoriaes ou no espaço aereo nacional, a bordo de navios ou aeronaves estrangeiros de guerra.

    Art. 301. O mesmo succede com os delictos commettidos em aguas territoriaes ou espaço aereo nacional, em navios ou aeronaves mercantes estrangeiros, se não têm relação alguma com o paiz e seus habitantes, nem perturbam a sua tranquillidade.

    Art. 302. Quando os actos de que se componha um delicto se realizem em Estados contractantes diversos, cada Estado pode castigar o acto realizado em seu paiz, se elle constitue, por si só, um facto punivel.

    Em caso contrario, dar-se-á preferencia ao direito da soberania local em que o delicto se tiver consummado.

    Art. 303. Se se trata de delictos connexos em territorios de mais de um Estado contractante, só ficará subordinado á lei penal de cada um o que fôr commettido no seu territorio.

    Art. 304. Nenhum Estado contractante applicará em seu territorio as leis penaes dos outros.

CAPITULO II

DOS DELICTOS COMMETTIDOS EM UM ESTADO ESTRANGEIRO CONTRACTANTE

    Art. 305. Estão sujeitos, no estrangeiro, ás leis penaes de cada Estado contractante, os que commetterem um delicto contra a segurança interna ou externa do mesmo Estado ou contra o seu credito publico, seja qual fôr a nacionalidade ou o domicilio do delinquente.

    Art. 306. Todo nacional de um Estado contractante ou todo estrangeiro nelle domiciliado, que commetta em paiz estrangeiro um delicto contra a independencia desse Estado, fica sujeito ás suas leis penaes.

    Art. 307. Tambem estarão sujeitos ás leis penaes do Estado estrangeiro em que possam ser detidos e julgados aquelles que commettam fora do territorio um delicto, como o tráfico de mulheres brancas, que esse Estado contractante se tenha obrigado a reprimir por accôrdo internacional.

CAPITULO III

DOS DELICTOS COMMETTIDOS FORA DO TERRITORIO NACIONAL

    Art. 308. A pirataria, o tráfico de negros e o commercio de escravos, o tráfico de mulheres brancas, a destruição ou deterioração de cabos submarinos e os demais delictos da mesma indole, contra o direito internacional, commettidos no alto mar, no ar livre e em territorios não organizados ainda em Estado, serão punidos pelo captor, de accôrdo com as suas leis penaes.

    Art. 309. Nos casos de abalroamento culpavel, no alto mar ou no espaço aereo, entre navios ou aeronaves de pavilhões diversos, applicar-se-á a lei penal da victima.

CAPITULO IV

QUESTÕES VARIAS

    Art. 310. Para o conceito legal da reiteração ou da reincidencia, será levada em conta a sentença pronunciada num Estado estrangeiro contractante, salvo os casos em que a isso se oppuzer a legislação local.

    Art. 311. A pena de interdicção civil terá effeito nos outros Estados, mediante o prévio cumprimento das formalidades de registro ou publicação que a legislação de cada um delles exija.

    Art. 312. A prescripção do delicto subordina-se á lei do Estado a que corresponda o seu conhecimento.

    Art. 313. A prescripção da pena regula-se pela lei do Estado que a tenha imposto.

    LIVRO QUARTO

Direito Processual Internacional

    TITULO PRIMEIRO

Principios geraes

    Art. 314. A lei de cada Estado contractante determina a competencia dos tribunaes, assim como a sua organização, as formas de processo e a execução das sentenças e os recursos contra suas decisões.

    Art. 315. Nenhum Estado contractante organizará ou manterá no seu territorio tribunaes especiaes para os membros dos demais Estados contractantes.

    Art. 316. A competencia ratione loci subordina-se, na ordem das relações internacionais, á lei do Estado contractante que a estabelece.

    Art. 317. A competencia ratione materiæ ratione personæ, na ordem das relações internacionaes, não se deve basear, por parte dos Estados contractantes, na condição de nacionaes ou estrangeiros das pessoas interessadas, em prejuizo destas.

    TITULO SEGUNDO

Da competencia

CAPITULO I

DAS REGRAS GERAES DE COMPETENCIA NO CIVEL E NO COMMERCIAL

    Art. 318. O juiz competente, em primeira instancia, para conhecer dos pleitos a que dê origem o exercicio das acções civeis e mercantis de qualquer especie, será aquelle a quem os litigantes se submettam expressa ou tacitamente, sempre que um delles, pelo menos, seja nacional do Estado contractante a que o juiz pertença ou tenha nelle o seu domicilio e salvo o direito local, em contrario.

    A submissão não será possivel para as acções reaes ou mixtas sobre bens immoveis, se a prohibir a lei da sua situação.

    Art. 319. A submissão só se poderá fazer ao juiz que exerça jurisdicção ordinaria e que a tenha para conhecer de igual classe de negocios e no mesmo grau.

    Art. 320. Em caso algum poderão as partes recorrer, expressa ou tacitamente, para juiz ou tribunal differente daquelle ao qual, segundo as Iei locaes, estiver subordinado o que tiver conhecido do caso, na primeira instancia.

    Art. 321. Entender-se-á por submissão expressa a que fôr feita pelos interessados com renuncia clara e terminante do seu fôro proprio e a designação precisa do juiz a quem se submettem.

    Art. 322. Entender-se-á que existe a submissão tacita do autor quando este comparece em juizo para propor a demanda, e a do réu quando este pratica, depois de chamado a juizo, qualquer acto que não seja a apresentação formal de declinatoria. Não se entenderá que ha submissão tacita se o processo correr á revelia.

    Art. 323. Fora dos casos de submissão expressa ou tacita, e salvo o direito local, em contrario, será juiz competente, para o exercicio de acções pessoaes, o do lugar do cumprimento da obrigação, e, na sua falta, o do domicilio dos réus ou, subsidiariamente, o da sua residencia.

    Art. 324. Para o exercicio de acções reaes sobre bens moveis, será competente o juiz da situação, e, se esta não fôr conhecida do autor, o do domicilio, e, na sua falta, o da residencia do réu.

    Art. 325. Para o exercicio de acções reaes sobre bens immoveis e para o das acções mixtas de limites e divisão de bens communs, será juiz competente o da situação dos bens.

    Art. 326. Se, nos casos a que se referem os dois artigos anteriores, houver bens situados em mais de um Estado contractante, poderá recorrer-se aos juizes de qualquer delles, salvo se a lei da situação, no referente a immoveis, o prohibir.

    Art. 327. Nos juizos de testamentos ou ab intestato, será juiz competente o do lugar em que o finado tiver tido o seu ultimo domicilio.

    Art. 328. Nos concursos de credores e no de fallencia, quando fôr voluntaria a confissão desse estado pelo devedor, será juiz competente o do seu domicilio.

    Art. 329. Nas concordatas ou fallencias promovidas pelos credores, será juiz competente o de qualquer dos lugares que conheça da reclamação que as motiva, preferindo-se, caso esteja entre elles, o do domicilio do devedor, se este ou a maioria dos credores o reclamarem.

    Art. 330. Para os actos de jurisdicção voluntaria, salvo tambem o caso de submissão e respeitado o direito local, será competente o juiz do lugar em que a pessoa que os motivar tenha ou haja tido o seu domicilio, ou, na falta deste, a residencia.

    Art. 331. Nos actor de jurisdicção voluntaria em materia de commercio, fora do caso de submissão, e salvo o direito local, será competente o juiz do lugar em que a obrigação se deva cumprir ou, na sua falta, o do lugar do facto que os origine.

    Art. 332. Dentro de cada Estado contractante, a competencia preferente dos diversos juizes será regulada pelo seu direito nacional.

CAPITULO II

DAS EXCEPÇÕES ÁS REGRAS GERAES DE COMPETENCIA NO CIVEL E

NO COMMERCIAL

    Art. 333. Os juizes e tribunaes de cada Estado contractante serão incompetentes para conhecer dos assumptos civeis ou commerciaes em que sejam parte demandada os demais Estados contractantes ou seus chefes, se se trata de uma acção pessoal, salvo o caso de submissão expressa ou de pedido de reconvenção.

    Art. 334. Em caso identico e com a mesma excepção, elles serão incompetentes quando se exercitem acções reaes, se o Estado contractante ou o seu chefe têm actuado no assumpto como taes e no seu caracter publico, devendo applicar-se, nessa hypothese, o disposto na ultima alinea do art. 318.

    Art. 335. Se o Estado estrangeiro contractante ou o seu chefe tiverem actuado como particulares ou como pessoas privadas, serão competentes os juizes ou tribunaes para conhecer dos assumptos em que se exercitem acções reaes ou mixtas, se essa competencia lhes corresponder em relação a individuos estrangeiros, de accôrdo com este Codigo.

    Art. 336. A regra do artigo anterior será applicavel aos juizos universaes, seja qual fôr o caracter com que nelles actue o Estado estrangeiro contractante ou o seu chefe.

    Art. 337. As disposições estabelecidas nos artigos anteriores applicar-se-ão aos funccionarios diplomaticos estrangeiros e aos commandantes de navios ou aeronaves de guerra.

    Art. 338. Os consules estrangeiros não estarão isentos da competencia dos juizes e tribunaes civis do paiz em que funccionem, excepto quanto aos seus actos officiaes.

    Art. 339. Em nenhum caso poderão os juizes ou tribunaes ordenar medidas coercitivas ou de outra natureza que devam ser executadas no interior das legações ou consulados ou em seus archivos, nem a respeito da correspondencia diplomatica ou consular, sem o consentimento dos respectivos funccionarios diplomaticos ou consulares.

CAPITULO III

REGRAS GERAES DE COMPETENCIA EM MATERIA PENAL

    Art. 340. Para conhecer dos delictos e faltas e os julgar são competentes os juizes e tribunaes do Estado contractante em que tenham sido commettidos.

    Art. 341. A competencia estende-se a todos os demais delictos e faltas a que se deva applicar a lei penal do Estado, conforme as disposições deste Codigo.

    Art. 342. Comprehende, além disso, os delictos ou faltas commettidos no estrangeiro por funccionarios nacionaes que gozem do beneficio da immunidade.

CAPITULO IV

DAS EXCEPÇÕES ÁS REGRAS GERAES DE COMPETENCIA EM MATERIA PENAL

    Art. 343. Não estão sujeitos, em materia penal, á competencia de juizes e tribunaes dos Estados contractantes, as pessoaes e os delictos ou infracções que não são attingidos pela lei penal do respectivo Estado.

    TITULO TERCEIRO

Da extradição

    Art. 344. Para se tornar effectiva a competencia judicial internacional em materia penal, cada um dos Estados contractantes accederá ao pedido de qualquer dos outros, para a entrega de individuos condemnados ou processados por delictos que se ajustem ás disposições deste titulo, sem prejuizo das disposições dos tratados ou convenções internacionaes que contenham listas de infracções penaes que autorizem a extradição.

    Art. 345. Os Estados contractantes não estão obrigados a entregar os seus nacionaes. A nação que se negue a entregar um de seus cidadãos fica obrigada a julgá-lo.

    Art. 346. Quando, anteriormente ao recebimento do pedido, um individuo processado ou condemnado tiver delinquido no paiz a que se pede a sua entrega, pode adiar-se essa entrega até que seja elle julgado e cumprida a pena.

    Art. 347. Se varios Estados contractantes solicitam a extradição de um delinquente pelo mesmo delicto, deve ser elle entregue áquelle Estado em cujo territorio o delicto se tenha commettido.

    Art. 348. Caso a extradição se solicite por actos diversos, terá preferencia o Estado contractante em cujo territorio se tenha commettido o delicto mais grave segundo a legislação do Estado requerido.

    Art. 349. Se todos os actos imputados tiverem igual gravidade será preferido o Estado contractante que primeiro houver apresentado o pedido de extradição. Sendo simultanea a apresentação, o Estado requerido decidirá, mas deve conceder preferencia ao Estado de origem ou, na sua falta, ao do domicilio do delinquente, se fôr um dos solicitantes.

    Art. 350. As regras anteriores sobre preferencia não serão applicaveis, se o Estado contractante estiver obrigado para com um terceiro, em virtude de tratados vigentes, anteriores a este Codigo, a estabelecê-la de modo differente.

    Art. 351. Para conceder a extradição, é necessario que o delicto tenha sido commettido no territorio do Estado que a peça ou que lhe sejam applicaveis suas leis penaes, de accôrdo com o livro terceiro deste Codigo.

    Art. 352. A extradição alcança os processados ou condemnados como autores, cumplices ou encobridores do delicto.

    Art. 353. Para que a extradição possa ser pedida, é necessario que o facto que a motive tenha caracter de delicto, na egislação do Estado requerente e na do requerido.

    Art. 354. Será igualmente exigido que a pena estabelecida para os factos incriminados, conforme a sua qualificação provisoria ou definitiva, pelo juiz ou tribunal competente do Estado que solicita a extradição, não seja menor de um anno de privação de liberdade e que esteja autorizada ou decidida a prisão ou detenção preventiva do accusado, se não houver ainda sentença final. Esta deve ser de privação de liberdade.

    Art. 355. Estão excluidos da extradição os delictos politicos e os com elles relacionados, segundo a definição do Estado requerido.

    Art. 356. A extradição tambem não será concedida, se se provar que a petição de entrega foi formulada, de facto, com o fim de se julgar e castigar o accusado por um delicto de caracter politico, segundo a mesma, definição.

    Art. 357. Não será reputado delicto politico, nem facto connexo, o homicidio ou assassinio do chefe de um Estado contractante, ou de qualquer pessoa que nelle exerça autoridade.

    Art. 358. Não será concedida a extradição, se a pessoa reclamada já tiver sido julgada e posta em liberdade ou cumprido a pena ou estiver submettida a processo no territorio do Estado requerido, pelo mesmo delicto que motiva o pedido.

    Art. 359. Não se deve, tão pouco, acceder ao pedido de extradição, se estiver prescripto o delicto ou a pena, segundo as leis do Estado requerente ou as do requerido.

    Art. 360. A legislação do Estado requerido posterior ao delicto não poderá impedir a extradição.

    Art. 361. Os consules geraes, consules, vice-consules ou agentes consulares podem pedir que se prendam e entreguem, a bordo de um navio ou aeronave de seu paiz, officiaes, marinheiros ou tripulantes de seus navios ou aeronaves de guerra ou mercantes, que tiverem desertado de uns ou de outras.

    Art. 362. Para os effeitos do artigo anterior, elles apresentarão á autoridade local correspondente, deixando-lhe, além disso, cópia authentica, os registros do navio ou aeronave, ról da tripulação ou qualquer outro documento official em que o pedido se basear.

    Art. 363. Nos paizes limitrophes, poderão estabelecer-se regras especiais para a extradição, nas regiões ou localidades da fronteira.

    Art. 364. O pedido de extradição deve fazer-se por intermedio dos funccionarios devidamente autorizados para esse fim, pelas leis do Estado requerente.

    Art. 365. Com o pedido definitivo de extradição, devem apresentar-se:

    1. Uma sentença condemnatoria ou um mandado ou auto de captura ou um documento de igual força, ou que obrigue o interessado a comparecer periodicamente ante a jurisdicção repressiva, acompanhado das peças do processo que subnistrem provas ou, pelo menos, indicios razoaveis da culpabilidade da pessoa de que se trate;

    2. A filiação do individuo reclamado ou os signaes ou circumstancias que possam servir para o identificar;

    3. A cópia authentica das disposições que estabeleçam a qualificação legal do facto que motiva o pedido de entrega, definam a participação nelle attribuida ao culpado e precisem a pena applicavel.

    Art. 366. A extradição pode solicitar-se telegraphicamente e, nesse caso, os documentos mencionados no artigo anterior serão apresentados ao paiz requerido ou á sua legação ou consulado geral no paiz requerente, dentro nos dois mezes seguintes á detenção do indigitado. Na sua falta, este será posto em liberdade.

    Art. 367. Se o Estado requerente não dispõe da pessoa reclamada dentro nos tres mezes seguintes ao momento em que foi collocada á sua disposição, ella será posta, igualmente, em liberdade.

    Art. 368. O detido poderá usar, no Estado ao qual se fizer o pedido de extradição, de todos os meios legaes concedidos aos nacionaes para recuperar a liberdade, baseando-se para isto nas disposições deste Codigo.

    Art. 369. O detido poderá igualmente, depois disso, utilizar os recursos legaes que procedam, no Estado que pedir a extradição, contra as qualificações e resoluções em que esta se funda.

    Art. 370. A entrega deve ser feita com todos os objectos que se encontrarem em poder da pessoa reclamada, quer sejam producto do delicto imputado, quer peças que possam servir para a prova do mesmo, tanto quanto fôr praticavel, de accôrdo com as leis do Estado que a effectue e respeitando-se devidamente os direitos de terceiros.

    Art. 371. A entrega dos objectos, a que se refere o artigo anterior, poderá ser feita, se a pedir o Estado requerente da extradição, ainda que o detido morra ou se evada antes de effectuada esta.

    Art. 372. As despesas com a detenção ou entrega serão por conta do Estado requerente, mas este não terá que despender importancia alguma com os serviços que prestarem os empregados publicos pagos pelo Governo ao qual se peça a extradição.

    Art. 373. A importancia dos serviços prestados por empregados publicos ou outros serventuarios, que só recebam direitos ou emolumentos, não excederá aquella que habitualmente percebam por essas diligencias ou serviços, segundo as leis do paiz em que residam.

    Art. 374. A responsabilidade, que se possa originar do facto da detenção provisoria, caberá ao Estado que a solicitar.

    Art. 375. O transito da pessoa extraditada e de seus guardas pelo territorio dum terceiro Estado contractante será permittido mediante apresentação do exemplar original ou de uma cópia authentica do documento que conceda a extradição.

    Art. 376. O Estado que obtiver a extradição de um accusado que fôr logo absolvido ficará obrigado a communicar ao que a concedeu uma cópia authentica da sentença.

    Art. 377. A pessoa entregue não poderá ser detida em prisão, nem julgada pelo Estado contractante a que seja entregue, por um delicto differente daquelle que houver motivado a extradição e commetido antes desta, salvo se nisso consentir o Estado requerido, ou se o extraditado permanecer em liberdade no primeiro, tres mezes depois de ter sido julgado e absolvido pelo delicto que foi origem da extradição, ou de haver cumprido a pena de privação de liberdade que lhe tenha sido imposta.

    Art. 378. Em caso algum se imporá ou se executará a pena de morte, por delicto que tiver sido causa da extradição.

    Art. 379. Sempre que se deva levar em conta o tempo da prisão preventiva, contar-se-á como tal o tempo decorrido desde a detenção do extraditado, no Estado ao qual tenha sido pedida.

    Art. 380. O detido será posto em liberdade, se o Estado requerente não apresentar o pedido de extradição em prazo razoavel e no menor espaço de tempo possivel, depois da prisão provisoria, levando-se em conta a distancia e as facilidades de communicações postaes entre os dois paizes.

    Art. 381. Negada a extradição de uma pessoa, não se pode voltar a pedí-la pelo mesmo delicto.

    TITULO QUARTO

Do direito de comparecer em juizo e suas modalidades

    Art. 382. Os nacionaes de cada Estado contractante gozarão, em cada um dos outros, do beneficio da assistencia judiciaria, nas mesmas condições dos naturaes,

    Art. 383. Não se fará distincção entre nacionaes e estrangeiros, nos Estados contractantes, quanto á prestação de fiança para o comparecimento em juizo.

    Art. 384. Os estrangeiros pertencentes a um Estado contractante poderão solicitar, nos demais, a acção publica em materia penal, nas mesmas condições que os nacionaes.

    Art. 385. Não se exigirá tão pouco a esses estrangeiros que prestem fiança para o exercicio de acção privada, nos casos em que se não faça tal exigencia aos nacionaes.

    Art. 386. Nenhum dos Estados contractantes imporá aos nacionaes de outro a caução judicio sisti ou o onus probandi, nos casos em que não exija um ou outro aos proprios nacionaes.

    Art. 387. Não se autorizarão embargos preventivos, nem fianças, nem outras medidas processuaes de indole analoga, a respeito de nacionaes dos Estados contractantes, só pelo facto da sua condição de estrangeiros.

    TITULO QUINTO

Cartas rogatorias e commissões rogatorias

    Art. 388. Toda diligencia judicial que um Estado contractante necessite praticar em outro será effectuada mediante carta rogatoria ou commissão rogatoria, transmittida por via diplomatica. Comtudo, os Estados contractantes poderão convencionar ou acceitar entre si, em materia civel ou commercial, qualquer outra forma de transmissão.

    Art. 389. Cabe ao juiz deprecante decidir a respeito da sua competencia e da legalidade e opportunidade do acto ou prova, sem prejuizo da jurisdicção do juiz deprecado.

    Art. 390. O juiz deprecado resolverá sobre a sua propria competencia ratione materix, para o acto que lhe é commettido.

    Art. 391. Aquelle que recebe a carta ou commissão rogatoria se deve sujeitar, quanto ao seu objecto, á lei do deprecante e, quanto á forma de a cumprir, á sua propria lei.

    Art. 392. A rogatoria será redigida na lingua do Estado deprecante e acompanhada de uma traducção na lingua do Estado deprecado, devidamente certificada por interprete juramentado.

    Art. 393. Os interessados no cumprimento das cartas rogatorias de natureza privada deverão constituir procuradores, correndo por sua conta as despesas que esses procuradores e as diligencias occasionem.

    TITULO SEXTO

Excepções que têm caracter internacional

    Art. 394. A litispendencia, por motivo de pleito em outro Estado contractante poderá ser allegada em materia civel, quando a sentença, proferida em um delles, deva produzir no outro os effeitos de cousa julgada.

    Art. 395. Em materia penal, não se poderá allegar a excepção de litispendencia por causa pendente em outro Estado contractante.

    Art. 396. A excepção de cousa julgada, que se fundar em sentença de outro Estado contractante, só poderá ser allegada quando a sentença tiver sido pronunciada com o comparecimento das partes ou de seus representantes legitimos, sem que se haja suscitado questão de competencia do tribunal estrangeiro baseada em disposições deste Codigo.

    Art. 397. Em todos os casos de relações juridicas submetidas a este Codigo, poderão suscitar-se questões de competencia por declinatoria fundada em seus preceitos.

    TITULO SETIMO

Da prova

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES SOBRE A PROVA

    Art. 398. A lei que rege o delicto ou a relação de direito, objecto de acção civel ou commercial, determina a quem incumbe a prova.

    Art. 399. Para decidir os meios de prova que se podem utilizar em cada caso, é competente a lei do lugar em que se realizar o acto ou facto que se trate de provas, exceptuando-se os não autorizados pela lei do lugar em que corra a acção.

    Art. 400. A forma por que se ha de produzir qualquer prova regula-se pela lei vigente no lugar em que fôr feita.

    Art. 401. A apreciação da prova depende da lei do julgador .

    Art. 402. Os documentos lavrados em cada um dos Estados contractantes terão nos outros o mesmo valor em juizo que os lavrados nelles proprios, se reunirem os requisitos seguintes:

    1. Que o assumpto ou materia do acto ou contracto seja feito e permittido pelas leis do paiz onde foi lavrado e daquelle em que o documento deve produzir effeitos;

    2. Que os litigantes tenham aptidão e capacidade legal para se obrigar conforme sua lei pessoal;

    3. Que ao se lavrar o documento se observem as formas e solennidades estabelecidas no paiz onde se tenham verificado os actos ou contractos;

    4. Que o documento esteja legalizado e preencha os demais requisitos necessarios para a sua authenticidade no lugar onde delle se faça uso.

    Art. 403. A força executoria de um documento subordina-se ao direito local.

    Art. 404. A capacidade das testemunhas e a sua recusa dependem da lei a que se submetta a relação de direito, objecto da acção.

    Art. 405. A forma de juramento ajustar-se-á á lei do juiz ou tribunal perante o qual se preste e a sua efficacia á que regula o facto sobre o qual se jura.

    Art. 406. As presumpções derivadas de um facto subordinam-se á lei do lugar em que se realiza o facto de que nascem.

    Art. 407. A prova indiciaria depende da lei do juiz ou tribunal.

CAPITULO II

REGRAS ESPECIAES SOBRE A PROVA DE LEIS ESTRANGEIRAS

    Art. 408. Os juizes e tribunaes de cada Estado contractante applicarão de officio, quando fôr o caso, as leis dos demais, sem prejuizo dos meios probatorios a que este capitulo se refere.

    Art. 409. A parte que invoque a applicação do direito de qualquer Estado contractante em um dos outros, ou della divirja, poderá justificar o texto legal, sua vigencia e sentido mediante certidão, devidamente legalizada, de dois advogados em exercicio no paiz de cuja legislação se trate.

    Art. 410. Na falta de prova ou se, por qualquer motivo, o juiz ou o trubunal a julgar insufficiente, um ou outro poderá solicitar de officio pela via diplomatica, antes de decidir, que o Estado, de cuja legislação se trate, forneça um relatorio sobre o texto, vigencia e sentido do direito applicavel.

    Art. 411. Cada Estado contractante se obriga a ministrar aos outros, no mais breve prazo possivel, a informação a que o artigo anterior se refere e que deverá proceder de seu mais alto tribunal, ou de qualquer de suas camaras ou secções, ou da procuradoria geral ou da Secretaria ou Ministerio da justiça.

    TITULO OITAVO

Do recurso de cassação

    Art. 412. Em todo Estado contractante onde existir o recurso de cassação, ou instituição correspondente, poderá elle interpôr-se, por infracção, interpretação errenca ou applicação indevida de uma lei de outro Estado contractante, nas mesmas condições e casos em que o possa quanto ao direito nacional.

    Art. 413. Serão applicaveis ao recurso de cassação as regras estabelecidas no capitulo segundo do titulo anterior, ainda que o juiz ou tribunal inferior já tenha feito uso dellas.

    TITULO NONO

Da fallencia ou concordata

CAPITULO I

DA UNIDADE DA FALLENCIA OU CONCORDATA

    Art. 414. Se o devedor concordatario ou fallido tem apenas um domicilio civil ou mercantil, não pode haver mais do que um juizo de processos preventivos, de concordata ou fallencia, ou uma suspensão de pagamentos, ou quitação e moratoria para todos os seus bens e obrigações nos Estados contractantes.

    Art. 415. Se uma mesma pessoa ou sociedade tiver em mais de um Estado contractante varios estabelecimentos mercantis, inteiramente separados economicamente, pode haver tantos juizos de processos preventivos e fallencia quantos estabelecimentos mercantis.

CAPITULO II

DA UNIVERSALIDADE DA FALLENCIA OU CONCORDATA E DOS SEUS EFFEITOS

    Art. 416. A declaração de incapacidade do fallido ou concordatario tem effeitos extraterritoriaes nos Estados contractantes, mediante prévio cumprimento das formalidades de registro ou publicação, que a legislação de cada um delles exija.

    Art. 417. A sentença declaratoria da fallencia ou concordata, proferida em um dos Estados contractantes, executar-se-á nos outros Estados, nos casos e forma estabelecidos neste Codigo para as resoluções judiciaes; mas, produzirá, desde que seja definitiva e para as pessoas a respeito das quaes o seja, os effeitos de cousa julgada.

    Art. 418. As faculdades e funcções dos syndicos, nomeados em um dos Estados contractantes, de accôrdo com as disposições deste Codigo, terão effeito extraterritorial nos demais, sem necessidade de tramite algum local.

    Art. 419. O effeito retroactivo da declaração de fallencia ou concordata e a annullação de certos actos, em consequencia dessas decisões, determinar-se-ão pela lei dos mesmos e serão applicaveis ao territorio dos demais Estados contractantes.

    Art. 420. As acções reaes e os direitos da mesma indole continuarão subordinados, não obstante a declaração de fallencia ou concordata, á lei da situação das cousas por elles attingidas e á competencia dos juizes no lugar em que estas se encontrarem.

CAPITULO III

DA CONCORDATA E DA REHABILITAÇÃO

    Art. 421. A concordata entre os credores e o fallido terá effeitos estraterritoriaes nos demais Estados contractantes, salvo o direito dos credores por acção real que a não houverem acceitado.

    Art. 422. A rehabilitação do fallido tem tambem efficacia extraterritorial nos demais Estados contractantes, desde que se torne definitiva a resolução judicial que a determina e de accôrdo com os seus termos.

    TITULO DECIMO

Da execução de sentenças proferidas por tribunaes estrangeiros

CAPITULO I

MATERIA CIVEL

    Art. 423. Toda sentença civil ou contencioso-administrativa, proferida em um dos Estados contractantes, terá força e poderá executar-se nos demais, se reunir as seguintes condições:

    1. Que o juiz ou tribunal que a tiver pronunciado tenha competencia para conhecer do assumpto e julgá-lo, de accôrdo com as regras deste Codigo;

    2. Que as partes tenham sido citadas pessoalmente ou por seu representante legal, para a acção;

    3. Que a sentença não offenda a ordem publica ou o direito publico do paiz onde deva ser executada;

    4. Que seja executoria no Estado em que tiver sido proferida;

    5. Que seja traduzida autorizadamente por um funccionario ou interprete official do Estado em que se ha de executar, se ahi fôr differente o idioma em empregado;

    6. Que o documento que a contém reuna os requisitos para ser considerado como authentico no Estado de que proceda, e os exigidos, para que faça fé, pela legislação do Estado onde se pretende que a sentença seja cumprida.

    Art. 424. A execução da sentença deverá ser solicitada ao juiz do tribunal competente para levar a effeito, depois de satisfeitas as formalidades requeridas pela legislação interna.

    Art. 425. Contra a resolução judicial, no caso a que o artigo anterior se refere, serão admittidos todos os recursos que as leis do Estado concedam a respeito das sentenças definitivas proferidas em acção declaratoria de maior quantia.

    Art. 426. O juiz ou tribunal, ao qual se peça a execução, ouvirá, antes de a decretar ou denegar, e dentro no prazo de vinte dias, a parte contra quem ella seja solicitada e o procurador ou ministerio publico.

    Art. 427. A citação da parte, que deve ser ouvida, será feita por meio de carta ou commissão rogatoria, segundo o disposto neste Codigo, se tiver o seu domicilio no estrangeiro e não tiver, no paiz, procurador bastante, ou, na forma estabelecida pelo direito local, se tiver domicilio no Estado deprecado.

    Art. 428. Passado o prazo que o juiz ou tribunal indicar para o comparecimento, proseguirá o feito, haja ou não comparecido o citado.

    Art. 429. Se o cumprimento é denegado, a carta de sentença será devolvida a quem a tiver apresentado.

    Art. 430. Quando se accordo cumprir a sentença, a sua execução será submettida aos tramites determinados pela lei do juiz ou tribunal para as suas proprias sentenças.

    Art. 431. As sentenças definitivas, proferidas por um Estado contractante, e cujas disposições não sejam exequiveis, produzirão, nos demais, os effeitos de cousa julgada, caso reunam as condições que para esse fim determina este Codigo, salvo as relativas á sua execução.

    Art. 432. O processo e os effeitos regulados nos artigos anteriores serão applicados nos Estados contractantes ás sentenças proferidas em qualquer delles por arbitros ou compositores amigaveis, sempre que o assumpto que as motiva possa ser objecto de compromisso, nos termos da legislação do paiz em que a execução ser solicite.

    Art. 433. Applicar-se-á tambem esse mesmo processo ás sentenças civeis, pronunciadas em qualquer dos Estados contractantes, por um tribunal internacional, e que se refiram a pessoas ou interesses privados.

CAPITULO II

DOS ACTOS DE JURISDICÇÃO VOLUNTARIA

    Art. 434. As disposições adoptadas em actos de jurisdicção voluntaria, em materia de commercio, por juizes ou tribunaes de um Estado contractante, ou por seus agentes consulares, serão executadas nos demais Estados segundo os tramites e na forma indicados no capitulo anterior.

    Art. 435. As resoluções em actos de jurisdicção voluntaria, em materia civel, procedentes de um Estado contractante, serão acceitas pelos demais, se reunirem as condições exigidas por este Codigo, para as efficacia dos documentos outorgados em paiz estrangeiro, e procederem de juiz ou tribunal competente, e terão por conseguinte efficacia extra-territorial.

CAPITULO III

MATERIAL PENAL

    Art. 436. Nenhum Estado contractante executará as sentenças proferidas em qualquer dos outros em materia penal, relativamente ás sancções dessa natureza que ellas imponham.

    Art. 437. Poderão, entretanto, executar-se as ditas sentenças, no que toca á responsabilidade civil e a seus effeitos sobre os bens do condemnado, se forem proferidas pelo juiz ou tribunal competente, segundo este Codigo, e com audiencia do interessado e se se cumprirem as demais condições formaes e processuaes que o capitulo primeiro deste titulo estabelece.

    DECLARAÇÕES E RESERVAS

RESERVAS DA DELEGAÇÃO ARGENTINA

    A Delegação argentina faz constar as seguintes reservas, que formula ao Projecto de Convenção de Direito Internacional Privado, submettido ao estudo da Sexta Conferencia Internacional Americana:

    1. Entende que a codificação do Direito Internacional Privado deve ser "gradual e progressiva", especialmente no que se refere a instituições que, nos Estados americanos, apresentam identidade ou analogia de caracteres fundamentaes.

    2. Mantém em vigor os Tratados de Direito Civil Internacional, Direito Penal Internacional, Direito Commercial Internacional e Direito Processual Internacional, adoptados em Montevidéo no anno de 1889, com os seus Convenios e Protocollos respectivos.

    3. Não acceita principios que modifiquem o systema da "lei do domicilio", especialmente em tudo o que se opponha ao texto e espirito da legislação civil argentina.

    4. Não approva disposições que attinjam, directa ou indirectamente, o principio sustentado pelas legislações civil e commercial da Republica Argentina, de que "as pessoas juridicas devem exclusivamente a sua existencia á lei do Estado que as autorize e por consequencia não são nacionaes nem estrangeiras; suas funcções se determinam pela dita lei, de conformidade com os preceitos derivados do domicilio que ella lhes reconhece".

    5. Não acceita principios que admittam ou tendam a sanccionar o divorcio ad vinculum.

    6. Acceita o systema da "unidade das successões", com a limitação derivada da lex rei sitx, em materia de bens immoveis.

    7. Admitte todo principio que tenda a reconhecer, em favor da mulher, os mesmos direitos civis conferidos ao homem de maior idade.

    8. Não approva os principio que modifiquem o systema do jus soli, como meio de adquirir ao nacionalidade.

    9. Não admite preceitos que resolvam conflitos relativos á "dupla nacionalidade" com prejuizo da applicação exclusiva do jus soli.

    10. Não acceita normas que permittam a intervenção de agentes diplomaticos e consulares, nos juizos e successão que interessem a estrangeiros, salvo os preceitos já estabelecidos nas Republica Argentina e que regulam essa intervenção.

    11. No regimen da Letra de Cambio e Cheques em geral, não admitte disposições que modifiquem criterios acceitos nas conferencias universaes, como as da Haya de 1910 e 1912.

    12. Faz reserva expressa da applicação da "lei do pavilhão" nas questões relativas ao Direito Maritimo, especialmente no que se refere ao contracto de fretamento e suas consequencias juridicas, por considerar que se devem submetter á lei e jurisdicção do paiz do porto de destino.

     Este principio foi sustentado com exito pela secção argentina de International Law Association, na 31ª sessão desta e actualmente é uma das chamadas "regras de Buenos Aires".

    13. Reaffirma o conceito de que todos os delictos commettidos em aeronaves, dentro do espaço aereo nacional ou em navios mercantes estrangeiros, se deverão julgar e punir pelas autoridades e leis do Estado em que se encontrem.

    14. Ratifica a these approvada pelo Instituto Americano de Direito Internacional, na sua sessão de Montevidéo de 1927, cujo conteúdo é o seguinte: - "A nacionalidade do réu não poderá ser invocada como causa para se denegar a sua extradição".

    15. Não admitte principios que regulamentem as questões internacionaes do trabalho e situação juridica dos operarios, pelas razões expostas, quando se discutiu o artigo 198 do Projecto de Convenção de Direito Civil Internacional, na Junta Internacional de Jurisconsultos do Rio de Janeiro, em 1927.

    A Delegação argentina lembra que, como já o manifestou na illustre Commissão numero 3, ratifica, na Sexta Conferencia Internacional Americana, os votos emittidos e a attitude assumida pela Delegação argentina na reunião da Junta Internacional de Jurisconsultos, celebrada na cidade do Rio de Janeiro, nos mezes de Abril e Maio de 1927.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

    Sente muito não poder dar a sua approvação, deste agora, ao Codigo Bustamente, por isto que, em face da Constituição dos Estados Unidos da America, das relações entre os Estados membros da União Federal e das attribuições e poderes do Governo Federal, acha muito difficil fazê-lo. O Governo dos Estados Unidos da America mantém firme o proposito de não se desligar da America Latina, e, por isto, de accôrdo com o artigo 6º da Convenção, que permitte a cada Governo a ella adherir mais tarde, fará uso do privilegio desse artigo 6º, afim de que, depois de examinar cuidadosamente o Codigo em todas as suas clausulas, possa adherir pelo menos a uma grande parte do mesmo. Por estas razões, a Delegação dos Estados Unidos da America reserva o seu voto, na esperança de poder adherir, como disse, a uma parte ou a consideravel numero de disposições do Codigo.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO URUGUAY

    A Delegação do Uruguay faz reservas tendentes a que o criterio dessa Delegação seja coherente com o que sustentou na Junta de Jurisconsultos do Rio de Janeiro o Dr. Pedro Varela, cathedratico da Faculdade de Direito do seu paiz. Mantém taes reservas, declarando que o Uruguay dá a sua approvação ao Codigo em geral.

RESERVAS DA DELEGAÇÃO DO PARAGUAY

    1.Declara que o Paraguay mantém a sua adhesão ao Tratados de Direito Civil Internacional, Direito Commercial Internacional, Direito Penal Internacional e Direito Processual Internacional, que foram adoptados em Montevidéo, em 1888 e 1889, com os Convenios e Protocollos que os acompanham.

    2. Não está de accôrdo em que se modifique o systema da "lei do domicilio", consagrado pela legislação civil da Republica.

    3. Mantém a sua adhesão ao principio da sua legislação de que as pessoas juridicas devem exclusivamente sua existencia á lei do Estado que as autoriza e que, por consequencia, não são nacionaes, nem estrangeiras; as suas funcções estão assignaladas pela lei especial, de accôrdo com os principios derivados do domicilio.

    4. Admitte o systema da unidade das successões, com a limitação derivada da lex rei sitx, em materia de bens immoveis.

    5. Está de accôrdo com todo principio que tende a reconhecer em favor da mulher os mesmos direitos civis concedidos ao homem de maior idade.

    6. Não acceita os principios que modifiquem o systema do jus soli como meio de adquirir a nacionalidade.

    7. Não está de accôrdo com os preceitos que resolverm o problema da "dupla nacionalidade" com prejuizo da applicação exclusiva do jus soli.

    8. Adhere ao criterio acceito nas conferencias universaes sobre o regimen da Letra de Cambio e Cheque.

    9. Faz reserva da applicação da "lei do pavilhão", em questões relativas ao Direito Maritimo.

    10. Está de accôrdo em que os delictos commettidos em aeronaves dentro do espaço aereo nacional, ou em navios mercantes, estrangeiros, devem ser julgados pelos tribunaes do Estado em que se encontrem.

RESERVA DA DELEGAÇÃO DO BRASIL

    Impugnada a emenda substitutiva que propoz para o artigo 53, a Delegação do Brasil nega a sua approvação ao artigo 52, que estabelece a competencia da lei do domicilio conjugal para regular a separação de corpos e o divorcio, assim com tambem ao artigo 54.

DECLARAÇÕES QUE FAZEM AS DELEGAÇÕES DA COLOMBIA E COSTA-RICA

    As Delegações da Colombia e Costa-Rica subscrevem o Codigo de Direito Internacional Privado em conjunto, com a reserva expressa de tudo quanto possa estar em contradicção com a legislação colombiana e a costarriquense.

    No tocante a pessoas juridicas, a nossa opinião é que ellas devem estar submetidas á lei local para tudo o que se refira ao "seu conceito e reconhecimento", como sabiamente dispões o artigo 32 do Codigo, em contradicção (pelo menos apparente) com as outras disposições do mesmo, como os artigos 16 e 21. Para as legislações das duas delegações, as pessoas juridicas não podem ter nacionalidade, nem de accôrdo com os principios scientificos, nem em relação com as mais altas e permanentes conveniencias da America. Teria sido preferivel que, no Codigo, que vamos approvar, se tivesse omittido tudo quanto possa servir pra affirmar que as pessoas juridicas, particulamente as sociedades de capitaes, têm nacionalidade.

    As delegações abaixo-assignadas, ao acceitarem o compromisso consignado no artigo 7º entre as doutrinas européas da personalidade do direito e genuinamente americana do domicilio para reger o estado civil e a capacidade das pessoas em direito internacional privado, declaram que acceitam esse compromisso para não retardar a approvação do Codigo, que todas as nações da America esperam hoje, como uma das obras mais transcendentaes desta Conferencia, mas affirmam, emphaticamente, que esse compromisso deve ser transitorio, porque a unidade juridica do Continente se há de verificar em torno da lei do domicilio, única que salvaguarda efficazmente a soberania e independencia dos povos da America. Povos immigração, como são ou deverão ser todas estas republicas, não podem elles ver, sem grande inquietação, que os immigrante europeus tragam a pretensão de invocar na America as suas proprias leis de origem, afim de, com ellas, determinarem, aqui o seu estado civil de capacidade para contractar. Admittir esta possibilidade (que consagra o principio da lei nacional, reconhecido parcialmente pelo Codigo) é criar na America um Estado dentro de Estado e pôr-nos quasi sob o regimen das capitulações, que a Europa impoz durante seculos ás nações de Asia, por ella consideradas como inferiores nas suas relações internacionaes. As Delegações abaixo-assignadas fazem votos por que muito breve desappareçam de todas as legislações americanas todos os vestigios das theorias (mais politicas do que juridicas) preconizadas pela Europa para conservar aqui a jurisdicção sobre os seus nacionaes estabelecidos nas terras livres da America e esperam que a legislação do Contintente se unifique de accôrdo com os principios que submettem o estrangeiro immigrante ao imperio, sem restricções, das leis locaes. Com a esperança, pois, de que, em, breve a lei do domicilio seja a que reja na America o estado civil e a capacidade das pessoas e na certeza de que ella será um dos aspectos mais caracteristicos de panamericanismo juridico que todos aspiramos a criar, as delegações signatarias votam o Codigo de Direito Internacional Privado e acceitam o compromisso doutrinario em que o mesmo se inspira.

    Referindo-se ás disposições sobre o divorcio, a delegação colombiana formula a sua reserva absoluta, relativamente a ser o divorcio regulado pela lei do domicilio conjugal, porque considera que para taes effeitos, e dado o caracter excepcionalmente transcendental o sagrado do matrirmonio (base da sociedade e até do Estado), a Colombia não pode acceitar, dentro do seu territorio, a applicação de legislações estranhas.

    As Delegações desejam, além disso, manifestar a sua admiração enthusiastica pela obra fecunda do Dr. Sánchez de Bustamante, consubstanciadas neste Codigo, nos seus 500 artigos formulados em clausulas lapidares, que bem poderiam servir como exemplo para os legisladores de todos os povos. Doravante, o Dr, Sánchez de Bustamante será, não somente um dos filhos mais esclarecidos de Cuba, senão tambem um dos mais eximios cidadãos da grande patria americana, que pode, com justiça, ufanar-se de produzir homens de sciencia e estadistas tão egregios, como o autor do Codigo do Direito Internacional Privado, que estudamos o que a Sexta Conferencia Internacional Americana vai adoptar em nome de toda a America.

RESERVAS DA DELEGAÇÃO DO SALVADOR

    Reserva primeira: especialmente applicavel aos artigos 44, 146, 176, 232 e 233:

    No que se refere ás incapacidades que, segundo a sua lei pessoal, podem ter os estrangeiros, para testar, contractar, comparecer em juizo, exercer o commercio ou intervir em actos ou contractos mercantis, faz a reserva de que, no Salvador, taes incapacidades não serão reconhecidas nos casos em que os actos ou contractos tenham celebrados no Salvador, sem infracção da lei salvadorense e para terem effeitos no seu territorio nacional.

    Reserva segunda: applicavel ao artigo 187, paragrapho ultimo:

    No caso de communidade de bens imposta aos casados como lei pessoal por um Estado estrangeiro, ella só será reconhecida no Salvador, se se confirmar por contracto entre as partes interessadas, cumprindo-se todos os requisitos que a lei salvadorense determina, ou venha a determinar no futuro, relativamente a bens situados no Salvador.

    Reserva terceira: especialmente applicavel nos artigos 327, 328 e 329:

    Faz-se a reserva de que não será admissivel, relativamente ao Salvador, a jurisdicção de juizes ou tribunaes estrangeiros nos juizos o diligencias de successões e nas concordatas e fallencias, sempre que attinjam bens immoveis, situados no Salvador.

RESERVAS DA DELEGAÇÃO DA REPUBLICA DOMINICANA

    1. A Delegação da Republica Dominicana deseja manter o predominio da lei nacional, nas questões que se referem ao estado e capacidade dos Dominicanos, onde quer que estes se encontrem. Por este motivo, não pode acceitar, senão com reservas, as disposições do Projecto de Codificação em que se dá preeminencia á lei "do domicilio", ou á lei local; tudo isto, não obstante o principio conciliador enunciado no artigo 7º do Projecto, do qual é uma applicação o artigo 53 do mesmo.

    2. No que se refere á nacionalidade, titulo 1º, livro 1º, artigo 9º e seguintes, estabelecemos uma reserva, relativamente, primeiro, á nacionalidade das sociedades, e segundo, muito especialmente, ao principio geral da nossa Constituição politica, pela qual a nenhum Dominicano se reconhecerá outra nacionalidade que não seja a dominicana, emquanto resida em territorio da Republica.

    3. Quanto ao domicilio das sociedades estrangeiras, quaesquer que sejam os estatutos e o lugar no qual o tenham fixado, ou em que tenham o seu principal estabelecimento, etc., reservamos este principio de ordem publica na Republica Dominicana: qualquer pessoa que, physica ou moralmente, exerça actos da vida juridica no seu territorio, terá por domicilio o lugar onde possua um estabelecimento, uma agencia ou um representante qualquer. Esse domicilio é attributivo de jurisdicção para os tribunaes nacionaes nas relações juridicas que se referem a actos occorridos no paiz, qualquer que seja a natureza dos mesmos.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO EQUADOR

    A Delegação do Equador tem a honra de subscrever, na integra, a Convenção do Codigo de Direito Internacional Privado, em homenagem ao Dr. Bustamante. Não crê necessario particularizar reserva alguma, exceptuando, somente, a faculdade geral contida na mesma Convenção, que deixa aos Governos a liberdade de a ratificar.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE NICARAGUA

    Nicaragua, em assumptos que agora ou no futuro considere de algum modo sujeitos ao Direito Canonico, não poderá applicar as disposições do Codigo de Direito Internacional Privado, que estejam em conflicto com aquelle direito.

    Declara que, como manifestou verbalmente em varios casos, durante a discussão, algumas das disposições do Codigo approvado estão em desaccôrdo com disposições expressas da legislação de Nicaragua ou com principios que são basicos nessa legislação; mas, como uma homenagem á obra insigne do illustre autor daquelle Codigo, prefere, em vez de discriminar reservas, fazer esta declaração e deixar que os poderes publicos de Nicaragua formulem taes reservas ou reformem, até onde seja possivel, a legislação nacional, nos casos de incompatibilidade.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO CHILE

    A Delegação do Chile compraz-se em apresentar as suas mais calorosas felicitações ao eminente sabio jurisconsulto americano, Sr. Antonio Sánchez de Bustamante, pela magna obra que realizou, redigindo um projecto de Codigo de Direito Internacional Privado, destinado a reger as relações entre os Estados de America. Esse trabalho é uma contribuição poderosa para o desenvolvimento do panamericanismo juridico, que todos os paizes do Novo Mundo desejam ver fortalecido e desenvolvido. Ainda que esta grandiosa obra de codificação não se possa realizar em breve espaço de tempo, porque precisa da madureza e da reflexão dos Estados que na mesma devem participar, a Delegação de Chile não será um obstaculo para que esta Conferencia Panamericana approve um Codigo de Direito Internacional Privado; mas resalvará o seu voto nas materias e nos pontos que julgue conveniente, em especial, nos pontos referentes á sua politica tradicional ou á sua legislação nacional.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO PANAMÁ

    Ao emittir o seu voto a favor do projecto de Codigo de Direito Internacional Privado, na sessão celebrada por esta Commissão, no dia 27 de Janeiro ultimo, a Delegação da Republica do Panamá declarou que, opportunamente, apresentaria as reservas que julgasse necessarias, se esse fôsse o caso. Essa attitude da Delegação do Panamá obedeceu a certas duvidas que tinha sobre o alcance e extensão de algumas disposições contidas no Projecto, especialmente no que se refere á applicação da lei nacional do estrangeiro residente no paiz, o que teria dado lugar a um verdadeiro conflicto, visto que, na Republica do Panamá, impera o systema da lei territorial, desde o momento preciso em que se constituiu como Estado independente. Apesar disto, a Delegação panamense crê que todas as difficuldades que se pudessem apresentar nesta delicada materia foram previstas e ficaram sabiamente resolvidas por meio do artigo serimo do Projecto, segundo o qual "cada Estado contractante applicará como leis pessoaes as do domicilio ou as da nacionalidade, segundo o systema que tenha adoptado ou no futuro adopte a legislação interna". Como todos os outros Estados que subscrevam e ratifiquem a Convenção respectiva, o Panamá ficará, pois, com plena liberdade de applicar a sua propria lei, que é a territorial.

    Entendidas, assim, as cousas, á Delegação do Panamá é grão declarar, como realmente o faz, que á a sua approvação, sem a menor reserva, no Projecto de Codigo do Direito Internacional Privado, ou Codigo Bustamante, que é como se deveria chamar, em homenagem ao seu autor.

DECLARAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE GUATEMALA

    Guatemala adoptou na sua legislação a civil o systema do domicilio, mas, ainda que assim não fôsse, os artigos conciliatorios do Codigo fazem harmonizar perfeitamente qualquer conflicto que se possa suscitar entre os differentes Estados, segundo as escolas diversas a que tenha sido filiados.

    Por consequencia, a Delegação de Guatemala está de perfeito accôrdo com o methodo que, com tanta illustração, prudencia, genialidade e criterio scientifico, se ostenta no Projecto de Codigo do Direito Internacioral Privado e deseja deixar expressa a sua acceitação absoluta e sem reservas de especie alguma.

(13 de Fevereiro de 1928.)